El desastre natural de diciembre atrajo la atención en Venezuela sobre tres misteriosos depósitos en el devastado puerto de La Guaira, cercano a la capital, donde se descubrieron productos tóxicos de alta peligrosidad.
Las autoridades insistieron este martes en la necesidad de evacuar a unas 1.400 personas que viven cerca de los depósitos, quienes han resistido los esfuerzos por desalojarlos.
"Tienen que salir", reiteró el ministro del Ambiente al comentar el caso en el palacio presidencial de Miraflores.
Sólo cuando la zona esté completamente despoblada podrá iniciarse el operativo de remoción de los productos químicos, que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de países como Suecia, Alemania y Estados Unidos, que aportan expertos y equipos sofisticados.
Una misión de especialistas suecos gestionada por la oficina de la ONU en Caracas realizó un estudio sobre los desechos tóxicos almacenados en La Guaira y, aunque su contenido final aún no ha sido revelado, de la actitud de emergencia de las autoridades venezolanas se presume que advierte el riesgo de explosiones o escapes.
Técnicos del Ministerio del Ambiente señalaron que la mezcla de las sustancias incluso podría generar nubes del gas cloro, utilizado como arma en la Primera Guerra Mundial, cuyos efectos mortales podrían extenderse en un perímetro de 250 metros alrededor de los depósitos del puerto.
La presencia de los tóxicos quedó en evidencia después de que el 16 de diciembre, una temporada de lluvias extraordinaria provocara el peor desastre natural en la historia venezolana. El estado Vargas, en la costa central, donde se halla La Guaira, resultó semidestruido.
Aunque no hay datos definitivos sobre la magnitud de la catástrofe, se estima que en Vargas hubo entre 10.000 y 30.000 muertos, mientras que decenas de miles de casas quedaron afectadas o destruidas por aludes de lodo, troncos y rocas que bajaron de las montañas.
El puerto marítimo de La Guaira, uno de los más importantes del país, sufrió el embate de avalanchas que arrastraron los contenedores hacia el mar y provocaron el cierre total de las instalaciones durante más de un mes.
Los trabajos de rescate revelaron el contenido de los depósitos 24, 25 y 26, donde se almacenaban sin control ni registro ni ninguna medida de precaución las sustancias tóxicas decomisadas en la aduana marítima. Ahora, una investigación trata de establecer responsabilidades para dictar sanciones.
Algunos de esos productos están almacenados allí desde hace 15 años, y la población circundante basa parte de su negativa a evacuar la zona en que durante mucho tiempo han convivido sin problemas con las sustancias.
También temen perder sus pertenencias al irse, como ocurrió en el caso de numerosos damnificados de la catástrofe, que fueron víctimas de saqueos.
Pero a comienzos de esta semana, después de ver el gran despliegue internacional para abordar el problema de los productos tóxicos, algunos líderes comunitarios parecían estar dispuestos a aceptar su traslado. Pero sólo "si nos llevan a sitios cercanos y decentes", puntualizaron.
Tres aviones estadounidenses arribaron el domingo a Venezuela cargados con equipos de alta tecnología gestionados por la ONU en diversos países.
La oficina de la ONU en Caracas indicó que se intentará trasladar las sustancias a destino más seguro.
Los equipos recibidos incluyen dos bombas de agua de 20 toneladas cada una, capaces de lanzar 14.000 litros de agua por segundo y de producir cortinas de espuma de hasta 100 metros de alto en caso de explosiones, incendio o fuga de gases.
Sistemas de alarma electrónicos para informar a la población en un radio de hasta dos kilómetros, maquinaria pesada para la manipulación de tóxicos y trajes especializados de alta tecnología, también forman parte de los equipos llegados para atender la emergencia.
La ofensiva internacional también incluye una delegación de 25 bomberos suecos especializados en el manejo de situaciones riesgosas, y de expertos alemanes en la manipulación de productos tóxicos.
Las autoridades venezolanas están a la espera de completar el desalojo para iniciar la delicada operación. Entretanto, se ha establecido un cordon de seguridad vigilado por militares con carteles que advierten un "alto riesgo de contaminación" para quienes transiten por esa zona.
El manejo de los tóxicos en el puerto forma parte de un amplio plan para la rehabilitación y reconstrucción del estado costero de Vargas que, según las estimaciones preliminares, tendrá un costo de 10.000 millones de dólares, por lo cual será necesario recurrir a la ayuda internacional.
El presidente Hugo Chávez encabezará el 21 de este mes la delegación venezolana a una reunión en Madrid, auspiciada por el gobierno español y por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el fin de presentar a la comunidad internacional los requerimientos para la reconstrucción de las áreas devastadas. (FIN/IPS/lc/ff/en/00
