Julio María Sanguinetti, el único político uruguayo que ocupó dos veces la Presidencia por voto directo, abandonará este miércoles el gobierno cuando voces del exterior se suman al pedido de investigación de las desapariciones durante la dictadura militar.
Expertos y oposición coinciden en que el caso de los desaparecidos es uno de los asuntos más urticantes que recibirá el liberal Jorge Batlle, sucesor de Sanguinetti, junto con un desempleo de 11,4 por ciento de la población activa y la crisis de la producción agropecuaria.
Los militares y policías acusados de delitos contra los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) fueron puestos fuera del alcance de la justicia por una ley de amnistía promulgada por Sanguinetti en 1986 y confirmada por un plebiscito en 1989.
Pero una cláusula de esa ley compromete al Poder Ejecutivo a investigar el destino de las personas desaparecidas. Según el no gubernamental Servicio de Paz y Justicia, los uruguayos desaparecidos en la época de la dictadura son 156, la mayoría en Argentina, donde estaban exiliados.
En ese marco, el poeta argentino Juan Gelman pidió a fines de abril de 1999 al gobierno uruguayo que investigara el caso de su nuera y de su nieta o nieto, como lo hacen desde el fin de la dictadura otros familiares de víctimas de la represión.
Gelman dice haber confirmado que su nuera, María Irureta Goyena, fue trasladada por sus captores a Montevideo en la segunda semana de octubre de 1976 desde el centro de detención ilegal Automotores Orletti, en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor, coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de América.
Irureta Goyena dio a luz un bebé en el Hospital Militar, y ambos fueron vistos por última vez a fines de diciembre de ese año, explicó Gelman a IPS desde México, donde está radicado desde que se exilió de Argentina en los años 70.
La solicitud de Gelman, conocida en octubre a través de una carta pública dirigida a Sanguinetti, fue apoyada por cerca de 150 personalidades internacionales, como el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer y los premio Nobel de Literatura José Saramago, de Portugal, y Günter Grass, de Alemania.
En coincidencia con estos reclamos, Estados Unidos advirtió el viernes, por cuarta vez consecutiva, que el gobierno uruguayo "continúa sin tener en cuenta" la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de investigar las desapariciones, hecha en 1992 y reiterada en 1997.
El último informe del Departamento de Estados estadounidense sobre derechos humanos en el mundo recuerda que, "a pesar de que la ley de amnistía obliga" a ello, "los tres gobiernos que se sucedieron desde el retorno a la democracia rechazaron abrir investigaciones oficiales.
Esos pronunciamientos afectaron la proyección externa de Sanguinetti como estadista de fuste y perfil humanista, reconocida por sus pares más allá de coincidencias o disidencias estratégicas y de opinión.
También ha recogido halagos en foros de debate ideológico y filosófico, como el llamado Círculo de Montevideo, que a su iniciativa congrega anualmente a pensadores, académicos y ex jefes de Estado, como el español Felipe González.
Pero Sanguinetti asegura que Uruguay, desde su primer gobierno, entre 1985 y 1990, al que siguió un segundo mandato a partir de 1995, ha hecho más esfuerzos que ningún otro país por reparar los daños causados por las dictaduras que asolaron la región.
"Eso nos da la autoridad moral con la cual encaramos este tema", dijo el viernes a la radio El Espectador, de Montevideo, para reconocer luego que "desgraciadamente, no se ha podido encontrar la verdad de las desapariciones" de personas.
Sanguinetti atribuyó responsabilidad en ese fracaso a "mucha gente que ha estado del lado del reclamo", entre ellos el propio Gelman.
Al respecto, dijo haber ordenado "una investigación administrativa, no judicial, porque la ley de Caducidad (amnistía) no permite otra cosa", aunque manifestó extrañeza ante la demanda pública del poeta argentino, realizada a "más de 20 años de sucedidos los hechos".
Pero Gelman precisó a IPS que "el pedido a Sanguinetti se hizo después de confirmar todos los indicios reunidos arduamente a lo largo de este tiempo".
"Sólo a fines de 1998 tuve datos de la presencia en el cuartel del Servicio de Inteligencia de Defensa de Uruguay de una mujer embarazada, probablemente argentina", explicó.
"Cuando viajé a Buenos Aires y Montevideo a fines de abril, lo que eran indicios se convirtieron en certezas y allí pedí la entrevista con Sanguinetti, quien dispuso que me atendiera el secretario de la Presidencia, Elías Bluth", agregó.
"Hasta ahora no he sido notificado en forma oficial de nada… y las declaraciones del viernes del presidente fueron las primeras reacciones oficiales sobre el tema", dijo.
La oposición tampoco ahorra críticas al tratamiento dado al reclamo de familiares de los desaparecidos por los dos gobiernos de Sanguinetti y por su actual aliado, Luis Alberto Lacalle, gobernante de 1990 a 1995 y líder del Partido Nacional.
"No se ha hecho absolutamente nada hasta ahora, pese a lo que dispone la ley de Caducidad", afirmó el senador socialista Reinaldo Gargano, del Encuentro Progresista-Frente Amplio.
Gargano, el primer izquierdista en presidir el parlamento bicameral en la historia del país, dijo a IPS que "las actuaciones de la justicia militar en el primer gobierno de Sanguinetti fueron una parodia, una farsa, ya que sólo se convocó a declarar a los presuntos implicados en los delitos".
En tanto, el analista político Oscar Botinelli considera que la falta de respuesta a estos pedidos de esclarecimiento es uno de los problemas más delicados que recibirá en herencia Batlle, dirigente del Partido Colorado, al igual que Sanguinetti.
Botinelli, director de la firma consultora de opinión pública Factum, comentó a IPS que la pregunta que surge es si, al buscar una solución como lo prometió previamente, Batlle "dará por concluido el tema o reabrirá una discusión que estaba bastante aquietada".
Pero el experto cree que éste no es el único asunto espinoso que deja pendiente Sanguinetti. La alta desocupación y la crisis de la industria y la agricultura son fuertes demandas sociales que reclaman respuestas urgentes.
El nuevo gobierno deberá afrontar, además, las controversias en el Mercado Común del Sur y definir, junto con sus socios en el bloque (Argentina, Brasil y Paraguay), las alianzas en el Area de Libre Comercio de las América en formación, y la discusión con la Unión Europea para que ésta elimine los subsidios agrícolas, señaló.
"Sanguinetti consiguió la meta de bajar la inflación a entre tres y cuatro por ciento al año, registros muy inferiores a los altos niveles históricos de Uruguay, y dejar un déficit fiscal relativamente dominado", indicó Botinelli.
Sin embargo, queda una situación económica endeble, por la falta de competitividad y la dependencia con Argentina y Brasil, que "genera una sensación en la opinión pública de gran inestabilidad en cuanto a los resultados económicos", explicó.
También hay sensaciones contradictorias entre los uruguayos respecto de la distribución de la riqueza.
La oposición izquierdista afirma que se asiste a un proceso constante de concentración del ingreso y, por tanto, al crecimiento de la desigualdad. Mientras, los datos oficiales establecen que Uruguay es uno de los países que mejor reparte la riqueza en América Latina, indicó Botinelli.
"Más que un tema de desigualdad, lo que la gente percibe es el crecimiento de sectores que quedan marginados del consumo y del acceso a determinados servicios", agregó.
Sanguinetti minimiza las críticas al decir que los recaudos tomados en tiempos de bonanza permitieron enfrentar con más éxito que otros países la crisis financiera mundial. Un ejemplo es "que tenemos una desocupación en torno de 11 por ciento, mientras en Sao Paulo llegó a 15 y en Buenos Aires a 19 por ciento".
Para Gargano, en cambio, después de 15 años de democracia, el país está en franco deterioro, con "casi 12 por ciento de desocupación abierta, un déficit fiscal de 3,5 por ciento, una caída del ingreso de cinco por ciento en 1999 y la pobreza que alcanza a 22 por ciento de los uruguayos".
Esto obligará al gobierno de Batlle a "apelar a una política de ajuste más drástica, que afectará los salarios y las pensiones", predijo. (FIN/IPS/dm/ff/ip/00
