Los medios de comunicación de Turquía discrepan sobre la difusión pública de cintas de video que muestran torturas y asesinatos perpetrados por el grupo extremista islámico Hizbollah.
La existencia de las cintas generó un debate sobre el derecho del público al acceso a la información. Los videos fueron requisados por la policía durante la represión en curso de las autoridades contra la organización fundamentalista.
Unos sostienen que al "público se le debe informar toda la verdad" sin importar lo terrible que esta sea. Otros afirman que los videos atentan contra el derecho que tienen los implicados a recibir un juicio justo.
El Ministerio del Interior, que en un principio se había negado a mostrar los videos a los medios de comunicación, invitó la semana pasada a un grupo selecto de comunicadores a observar las polémicas imágenes.
Aparentemente, algunos grupos de funcionarios, incluso jueces y fiscales, también habrían visto las grabaciones.
"En términos periodísticos, me opongo completamente a difundir esas grabaciones. No veo cómo se beneficia el público al ver escenas detalladas de tortura y estrangulamiento", declaró Ahmet Hakan, del canal de televisión Kanal17.
"La idea contradice aun más el principio básico del juicio justo ya que las grabaciones siguen siendo parte de la evidencia en el proceso actual y deben seguir siendo reservadas hasta que comience el juicio", opinó.
Aysenur Arslan, del canal aTV, es de la misma opinión. "Incluso si la policía entrega los videos, ya hemos decidido que no los difundiremos. Provocan violencia, comprenden un modelo para la repetición de actos similares y destruyen la integridad psicológica de la audiencia", aseguró Arslan.
Aparte de consideraciones éticas y periodísticas, "como madre y mujer también estoy éticamente en contra de presentar tales instancias de horror al público", dijo la periodista.
Los periodistas que pudieron ver los videos señalaron que la mayoría de los presentes no pudo terminar de verlos. Afirman que las grabaciones contienen escenas de brutales sesiones de tortura en que las víctimas son obligadas a confesar sus pecados contra el Hizbollah.
Como regla, las sesiones de interrogación terminaban con el asesinato de las víctimas mediante el estrangulamiento.
"Aún no me recupero de esas terribles escenas. Incluso si tuviéramos la oportunidad, nos negaríamos a difundirlas. No tiene sentido tanto periodística como éticamente", dijo Okan Gokce, del canal de televisión TGRT.
Sin embargo, el diario Sabah protagoniza una campaña para que las cintas se muestren al público. El medio de prensa apoya su pedido en una encuesta de opinión que reveló que 55,8 por ciento del público quiere la difusión y 21,4 declaró su indiferencia al respecto.
"Aquellos a favor quieren que se difundan por el libre acceso a la información, para dejar en evidencia a la organización (Hizbollah) y para comprender correctamente las dimensiones que adquiere la violencia en el nombre de la religión", dijo el editor Gungor Mengi.
"Sin embargo, este no es un punto que deba decidir el gobierno. La garantía de la sanidad mental del público no es la censura, sino la información. Y el público la pide. Pero esto lo deben decidir los jueces y no los ministros", agregó.
El analista de los medios de comunicación Haluk Sahin dijo que no hay medidas aceptadas universalmente relacionadas con la difusión de escenas de violencia, excepto sobre las advertencias de "prudencia" y de que no se emitan hasta altas horas de la noche para proteger a la infancia.
"Por el contrario, si la violencia es una parte indivisible de un informe, la cobertura se considera adecuada. El tema está relacionado con el derecho del público al libre acceso a la información. Yo las difundiría (a las cintas) si tuviera el poder para hacerlo", indicó Sahin.
El ministro de Justicia, Hikmet Sami Turk, es contrario a difundir las cintas por cuestiones judiciales. "El tema será decidido por los jueces cuando comience el juicio. Hasta entonces, el proceso en curso es confidencial y debe seguir así", declaró.
"La idea también contradice la ley de prensa. Uno debe abstenerse de toda cobertura que pueda afectar la conclusión de un juicio en curso. También debería proteger los derechos de los familiares de las víctimas", dijo.
El ministro de Turismo Erkan Mumcu habría expresado su inquietud de que la difusión de las cintas dañará la imagen de Turquía.
"¡Ya basta! Hemos perdido entre 4.000 y 5.000 millones de dólares el año pasado. Estas imágenes seguramente alejarían a más turistas del país, y no lo podemos permitir", dijo a la prensa. (FIN/IPS/tra-en/nm/sm/aq/ip-cr/00
