El Consejo de Seguridad de la ONU, alarmado por los crecientes actos de violencia contra funcionarios del foro mundial, discutió formas de garantizar la seguridad del personal en zonas conflictivas alrededor del mundo.
"La bandera de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se ha vuelto un objetivo en lugar de un escudo", comentó Catherine Bertini, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Desde enero de 1992, murieron en campaña 184 funcionarios civiles de la ONU, 98 de ellos asesinados. La mayoría trabajaba para PMA y Unicef, que perdieron 27 cada uno, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con 25 cada uno.
Mientras las normas de la guerra moderna se desdibujan cada vez más, los civiles conforman la vasta mayoría de las víctimas, y los trabajadores vestidos con el tradicional uniforme azul de la ONU no son la excepción.
En los conflictos étnicos de Ruanda y Burundi se produjeron la mayoría de las víctimas, 52.
De los 184 muertos desde 1992, 41 eran funcionarios internacionales y 143 reclutados localmente.
Además, en 1999 solamente, 292 funcionarios fueron víctimas de violencia no fatal, que incluyó violaciones, asaltos y secuestros de automóviles.
Estas cifras no incluyen a los trabajadores de agencias humanitarias como la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales nacionales.
Bertini, la subsecretaria general de la ONU Louise Frechette, representantes de la Cruz Roja y 30 gobiernos señalaron la necesidad de aumentar la protección física y legal de los trabajadores desarmados, cuyas necesidades "son a veces pasadas por alto", según Frechette.
El Consejo de Seguridad trató por primera vez el miércoles la cuestión de la seguridad de los funcionarios.
"La seguridad no es un lujo ni un beneficio adicional. Es algo que debemos a las tropas y los civiles que sirven voluntariamente en lugares remotos bajo las peores circunstancias, y al personal local que nos ayuda a desempeñar nuestro mandato", destacó la subsecretaria general.
Tanto Frechette como Bertini exhortaron a los países miembros a invertir más dinero y capital político en la protección de los trabajadores.
La reunión del Consejo se celebró por iniciativa de Argentina, que ocupa la presidencia del órgano este mes.
El canciller argentino Adalberto Rodríguez Giavarini, quien presidió la sesión, consideró "imperativo adoptar las necesarias medidas prácticas y legales para aumentar la protección de aquellos que trabajan para beneficio de la comunidad".
Las propuestas presentadas en la reunión se refieren a tres grandes áreas: mejor protección jurídica, mejor protección física, y más dinero.
Entre las "medidas concretas" que podrían adoptar los gobiernos secuenta la ratificación de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y Asociados (sólo 29 países la firmaron) y los estatutos del Tribunal Penal Internacional, exhortó Frechette.
Los estatutos del Tribunal definen los ataques a fuerzas de paz y trabajadores humanitarios como crímenes de guerra.
Tanto Bertini como Frechette urgieron al Consejo a hacer más para proteger a los trabajadores en zonas de conflicto.
"Exhorto al Consejo a no tomar decisiones políticas sin considerar la seguridad del personal humanitario… Recordemos que la ONU envía trabajadores desarmados a lugares adonde los gobiernos miembros no enviarían a sus propios soldados", dijo Bertini.
Las nuevas misiones deberían "incluir y definir explícitamente la forma en que se protegerá a los trabajadores humanitarios".
La próxima prueba de este compromiso será en la República Democrática de Congo, en donde la ONU planea desplegar más de 5.000 cascos azules.
Frechette vinculó estrechamente en su presentación la seguridad física con fondos adicionales. "Es necesario reconocer que la buena seguridad cuesta dinero", destacó. (FIN/IPS/tra- en/jw/ks/mlm/ip/00
