El gobierno de México y los rebeldes zapatistas del estado de Chiapas permanecen alejados de la mesa de diálogo al cumplirse hoy cuatro años de la firma del único acuerdo alcanzado entre las partes, hasta ahora no cumplido.
Seis años después de iniciado el conflicto armado en el empobrecido estado sureño, las autoridades reconocieron en su último informe al respecto que se enfrentan con "un reto enorme" que " divide a los chiapanecos y preocupa a los mexicanos".
Decenas de miles de habitantes de comunidades del norte de Chiapas abandonaron sus hogares a causa de la violencia desatada por bandas paramilitares y miles de soldados desplegados en la zona, según denuncian organizaciones no gubernamentales.
La aplicación de la estrategia oficial para impulsar el desarrollo económico y social en Chiapas y reanudar la negociación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es una "tarea difícil y compleja", sostiene el gobierno.
En un documento que evalúa la situación en Chiapas desde la aparición del movimiento insurgente para reclamar respeto a los derechos de casi 10 millones de indígenas mexicanos, la Secretaría (ministerio) de Gobernación (interior) destacó su disposición a cumplir con los Acuerdos de San Andrés.
Esos acuerdos —que establecen el reconocimiento de los derechos indígenas y abren espacios de autonomía para las comunidades en algunas regiones—, quedaron plasmados en una iniciativa de ley elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) del parlamento.
Sin embargo, el presidente Ernesto Zedillo presentó su propio proyecto de ley sobre la materia, por considerar que la iniciativa de la Cocopa amenazaba con "balcanizar" (dividir) el país. En consecuencia, el EZLN abandonó la mesa de negociaciones.
Pero la Secretaría de Gobernación apuntó en su informe que "el gobierno ha reiterado su disposición a cumplir lo dispuesto en los acuerdos suscritos con el EZLN, y sus acciones han estado encaminadas a ese propósito".
"Los pasos subsecuentes para terminar con el conflicto sólo serán posibles cuando haya dos para negociar", añadió la Secretaría, que el 7 de septiembre convocó a los zapatistas a reanudar el diálogo por la paz.
Mientras el EZLN mantiene absoluto silencio ante el llamado del gobierno a discutir, grupos políticos, sociales y de derechos humanos exigen la salida de los militares de la zona de conflicto, como primera medida para preparar el camino hacia la negociación.
Al cumplirse cuatro años de la firma de los acuerdos "no cumplidos, en el municipio autónomo de Polhó hay más de 6.400 desplazados", denunció el politólogo y académico universitario Adolfo Gilly.
Los refugiados en Polhó "fueron llegando expulsados por el ejército, expropiados por los paramilitares, huyendo de la muerte y de la vida que les tocó a los que se quedaron", explicó.
Los desplazados, agrupados por comunidades y familias, habitan seis campamentos a los que fueron llegando en los últimos dos años. "La guerra silenciosa del gobierno los envía por oleadas. Ellos llegan y empiezan a alzar precarias casas nuevas", explicó Gilly.
A la entrada del pueblo hay una leyenda que dice: "Bienvenido al nuevo municipio autónomo de Polhó, Chiapas, México. Libertad, justicia, democracia. Zapata vive, la lucha sigue".
En contraposición con el discurso oficial, el presidente Zedillo afirmó a principios de mes en Madrid, España, que el conflicto en Chiapas es, desde una "perspectiva histórica, un incidente".
Por consiguiente, si el EZLN no regresa a la mesa de conversaciones antes de diciembre, mes en que concluirá la presidencia de Zedillo, será "un asunto muy menor".
El representante del gobierno para el diálogo, Emilio Rabasa, señaló que el EZLN "ha recurrido a diversas excusas para no dialogar", que fueron "desde el asesinato del (candidato oficialista a la presidencia en 1994, Luis Donaldo) Colosio, hasta las declaraciones del presidente en Europa".
En ninguna parte del mundo "se han resuelto los conflictos bajo condiciones ideales. Estas las crean las partes mediante el diálogo, cuando exite la voluntad de resolverlos", afirmó Rabasa.
En Acteal, donde 45 indígenas tzotziles fueron masacrados en diciembre de 1997, el candidato a la presidencia por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, exhortó al gobierno a cumplir con su palabra.
"Los problemas de Chiapas (…) son los problemas de la sociedad" mexicana, afirmó Cárdenas. (FIN/IPS/pf/mj/ip/00