La ayuda militar propuesta por el presidente de Estados Unidos Bill Clinton para Colombia ofrece al gobierno de Andrés Pastrana ventajas tácticas, pero también riesgos estratégicos que algunos analistas comienzan a calcular.
En el proyecto entregado el lunes al Congreso, Clinton propuso 1.600 millones de dólares para 2000 y 2001 destinados al Plan Colombia planteado por el presidente Andrés Pastrana contra el narcotráfico y la violencia y en defensa de los derechos humanos y el desarrollo económico.
Colombia afronta problemas críticos sociales, económicos y de seguridad "producto en gran medida del tráfico de drogas y del conflicto interno que financia", situación que limita la acción del gobierno en grandes áreas del país y lo han convertido en el principal productor de cocaína del mundo, según el proyecto.
La propuesta, cuya aprobación se prevé para los próximos cuatro meses, concentra la mayor proporción de los recursos en la lucha antidrogas (más de 600 millones de dólares para 2000 y 200 millones para 2001), así como 96 millones para erradicación de cultivos ilícitos.
También asigna 93 millones de dólares para protección de los derechos humanos y administración de justicia, y 115 millones para sustitución de cultivos.
Así mismo, se asignan unos 200 millones para acciones gubernamentales y de desarrollo, como el refuerzo a la defensa de los derechos humanos, el entrenamiento de jueces y programas de protección a testigos.
Estados Unidos sigue atribuyendo en el proyecto la prioridad al combate frontal a la producción y tráfico de drogas ilícitas por la vía militarista, pero en esta nueva fase es difícil separar esta área de la lucha contrainsurgente, según analistas colombianos.
Alfredo Rangel, experto en seguridad nacional, dijo a IPS que los recursos destinados a las fuerzas de seguridad dan a los militares "ventajas estratégicas y operacionales", pero al mismo tiempo implican riesgos estratégicos para el Estado.
El Ejército mejorará su capacidad de inteligencia, la movilidad, el poder de fuego, las comunicaciones y el equipamiento, con lo que puede restringir la libertad de movimiento y la iniciativa militar de la guerrilla en algunas zonas, agregó Rangel.
No obstante, en lo estratégico, el gobierno corre el riesgo "de empezar a depender excesivamente de la ayuda estadounidense", al requerir cada vez mayores recursos y "perder autonomía en el manejo del conflicto interno", señaló.
El ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Esguerra, el destino de los recursos no muestra "cambios sustanciales en la política que ya había comenzado a aplicarse en el pasado".
Según Esguerra, la variante en la decisión de incrementar la ayuda, sería el interés que tiene el sector social demócrata de dejar claro su real compromiso en la lucha contra el narcotráfico "que sin duda será uno de los temas centrales de la campaña electoral estadounidense".
Ciertos analistas consideran que el aspecto más novedoso del plan, que de ser aprobado convierte a Colombia en el tercer receptor de ayuda estadounidense detrás de Israel y Egipto, es el reconocimiento por parte de Washington de que la lucha antidrogas no puede considerarse con independencia de la guerra civil.
Tras una visita realizada a Colombia en agosto, el director de la Oficina contra las Drogas de la Presidencia estadounidense, Barry McCaffrey consideró que los vínculos entre la guerrilla y el narcotráfico convierten a este país en un peligro para la seguridad nacional.
Ahora, tras el envío del proyecto al Congreso estadounidense, se abre un debate que, con seguridad, no se referirá al monto de la ayuda, pero sí a la distribución de los recursos y su utilización por parte de las Fuerzas Armadas.
La corresponsalía en Washington del diario El Tiempo, de Bogotá, señaló este lunes que altos generales del Departamento de Defensa (Pentágono), funcionarios de la agencia antidrogas (DEA) y miembros de la guardia costera expresaron el temor de que Estados Unidos "termine arrastrado en la cruenta guerra civil".
Citando al diario The New York Times, El Tiempo señala que en privado altos oficiales de estas tres agencias se muestran "poco entusiasmados con la idea de aumentar el papel militar de Estados Unidos" y los resultados que pueda tener en la lucha antidrogas.
Según los críticos, el esfuerzo por recuperar el control del sur de Colombia, donde se encuentran la mayoría de los cultivos ilícitos y confluyen también grupos guerrilleros que los protegen, es importante pero no vital.
Washington debería comenzar por presionar a Colombia para que adopte cambios que costarían muy poco, como fortalecer el sistema judicial, endurecer las penas de los narcotraficantes y controlar a los jefes presos "para evitar que sigan manejando sus negocios desde la prisión", según un funcionario de la DEA citado por el diario.
Informes de organismos de seguridad indican que Colombia pasó en los últimos años a ser el principal productor de hoja de coca, con más de 100.000 hectáreas cultivadas, y el exportador de cerca de 80 por ciento de la cocaína que llega a Estados Unidos.
Por otra parte, organizaciones no gubernamentales y legisladores del Partido Demócrata, al que pertenece Clinton, afirman que la ayuda aumentará la posibilidad de que continúen las violaciones de derechos humanos.
La organización de derechos humanos Human Rigts Watch, radicada en Washington, afirmó que si el gobierno de Clinton insiste en promover una política antidrogas "que no ha dado resultados", al menos debería "condicionar la asistencia a Colombia".
La intención de ese condicionamiento sería "asegurar que las violaciones de derechos humanos atribuibles a los organismos de seguridad" sean sancionadas. (FIN/IPS/yf/mj/ip/00
