La paz ha vuelto hoy al municipio español de El Ejido, donde confluyen la más alta tecnología productiva y los negocios más rentables con la sobrexplotación de inmigrantes sometidos a condiciones vejatorias de subsistencia.
El Ejido vivió una larga semana de tensiones e incidentes, agravados con una descarnada "caza del moro" (violencia contra árabes) por turbas enfurecidas que se desató el día 6, luego del asesinato de una española del que fue acusado un joven inmigrante marroquí bajo tratamiento psiquiátrico.
Esos días fueron ubicados por el escritor Juan Goytisolo y el parlamentario francés Sami Nair entre "los más sombríos desde el fin del franquismo". Las viviendas de los inmigrantes fueron incendiadas, sus locales comerciales saqueados y también quemados y todos ellos atacados, ante la pasividad policial.
En ese municipio de Andalucía, sobre la costa norte del Mar Mediterráneo, habitan 55.000 personas, 15.000 de ellas inmigrantes. De éstos, unos 5.000 son calificados de "irregulares", es decir que carecen de visa de entrada a España y del correspondiente permiso de trabajo y residencia.
El Ejido era una zona atrasada de la Andalucía rural, hasta que hace 10 años comenzaron a instalarse invernaderos. Sus propietarios se hicieron súbitamente ricos.
Los invernaderos, con paredes y techos de plástico transparente y calefacción regulable, producen hasta tres cosechas al año de frutas y hortalizas. Sus propietarios los gestionan con ordenadores, y en su mayor parte comercializan sus productos a través de Internet.
Pero esa productividad, propia del Norte industrial, coexiste con la explotación de trabajadores inmigrantes, en su mayoría procedentes del Magreb árabe (noroeste de Africa), quienes sobreviven hacinados en viviendas de emergencia y aislados de la sociedad.
Ese aislamiento se traslada a sus hijos, dado que 68 por ciento de ellos estudian concentrados en cinco centros educacionales que corren el riesgo de transformarse en guetos, según una encuesta del no gubernamental Foro para la Inmigración.
El brote racista causó daños materiales y personales entre la población extranjera pero, a la vez, sonó como una señal de alerta ante el conjunto de la sociedad española y, entre los mismos inmigrantes, produjo una reacción que se tradujo en lo inmediato en una huelga indefinida levantada este lunes.
En sus dos primeros días, la huelga ocasionó a los dueños de los invernaderos pérdidas de 50 millones de dólares, según cálculos de su asociación de agricultores.
La huelga se levantó este lunes, hasta el 25, día en el que sus convocantes verificarán si se han cumplido o no los compromisos asumidos. Según las partes intervinientes en las negociaciones, los inmigrantes han logrado que se acepten todas sus reivindicaciones.
En primer lugar se establece que se dará alojamiento a todos los inmigrantes cuyas viviendas sufrieron daños. En segundo lugar, que se los indemnizará de manera inmediata por todas las pérdidas y daños producidos por los disturbios.
Una de las conquistas más celebradas por los magrebíes es la que establece la regularización inmediata de todos los inmigrantes indocumentados que se encuentran en la zona agrícola de la provincia de Almería, de la que forma parte El Ejido.
También se acordó la implementación de un programa de viviendas sociales para inmigrantes y españoles pobres, "de manera que se vean beneficiados todos los colectivos sociales y se eviten los guetos", según el documento firmado por las asociaciones de inmigrantes y empresariales y sindicatos de Almería.
Para garantizar el cumplimiento del acuerdo se constituyó una comisión permanente, integrada por representantes de los empresarios, de las centrales sindicales españolas, de la organización no gubernamental Almería Acoge y ocho representantes de los trabajadores inmigrantes. (FIN/IPS/af/mj/hd/00
