La Policía española no detuvo hasta hoy a ningún sospechoso de haber participado en el violento brote racista sufrido desde el sábado por inmigrantes árabes en la localidad de El Ejido, en la costa del mar Mediterráneo.
Cientos de personas interrumpieron el tráfico, bloquearon las carreteras de acceso al pueblo, incendiaron y destruyeron viviendas y comercios y atacaron a inmigrantes y organizaciones no gubernamentales (ONG).
Los incidentes comenzaron el sábado, día en el que fue asesinada Encarnación López, de 26 años. El asesino, según fuentes policiales, sería un joven magrebí (árabe del norte de Africa) en tratamiento psiquiátrico.
En barrios en los que residen inmigrantes fueron incendiadas sus viviendas, mientras las sedes de la Federación de Mujeres Progresistas y de la ONG Almería Acoge fueron asaltadas por grupos de jóvenes que arrojaron sus muebles, computadoras y archivos por las ventanas, para después quemarlos.
También fueron atacados y destrozados negocios pertenecientes a inmigrantes árabes, así como automóviles, restaurantes y locutorios telefónicos de esta localidad de 50.000 habitantes donde más de la quinta parte de los pobladores son inmigrantes.
Los asaltantes rompieron, al grito de "fuera moros", las rejas de las ventanas, se introdujeron, saquearon el dinero de las cajas, y en lo bares, además, robaron las bebidas alcohólicas.
Moro es un calificativo despectivo que en España se aplica a los árabes del norte de Africa en general y a los marroquíes en particular.
El ayuntamiento de El Ejido cuenta con 17.000 hectáreas dedicadas a la agricultura, actividad en la cual trabajan la mayoría de los inmigrantes.
Los últimos incidentes han sido los más graves, pero no los primeros que se registran en la provincia andaluza de Almería, a la que pertenece El Ejido. En 1997, dos magrebíes recibieron una brutal paliza a manos de un empresario agrícola y otro fue agredido con un bate de béisbol cuando se encontraba en un bar.
En 1998, unos encapuchados mataron a tiros, en El Ejido, a un inmigrante marroquí. En septiembre de 1999, cientos de inmigrantes se manifestaron por las calles de esa ciudad para protestar contra las agresiones de que eran sistemáticamente objeto, producidas por una banda organizada.
Quince días atrás, dos agricultores almerienses fueron degollados por un marroquí, en la zona de invernaderos de El Ejido.
El delegado del gobierno español en Andalucía, José Torres Hurtado, justificó la pasividad de las fuerzas de seguridad diciendo que es preferible que los policías traten de evitar los enfrentamientos entre inmigrantes y racistas en vez de realizar unas pocas detenciones.
Mientras las ONG y asociaciones de inmigrantes reclaman protección para éstos, el alcalde de la ciudad, Juan Enciso, del centroderechista Partido Popular (PP), pide más policías para ejercer control.
La zona "es la puerta de Africa y es imposible controlar a todas estas personas que entran ilegalmente", sostuvo.
Ese alcalde y otros dirigentes del PP califican a los inmigrantes que ingresan a España sin visado de "ilegales". Mientras, las ONG los consideran "irregulares" y reclaman su regulación, o sea que las autoridades les otorguen el permiso de residencia.
La zona de los invernaderos, donde trabajan la mayoría de los inmigrantes, eran patrulladas este lunes por agricultores armados, mientras los inmigrantes se refugian en la Iglesia Católica de la ciudad.
La violencia llegó a tal extremo el sábado que Fernando Hermoso, subdelegado del gobierno español en Andalucía, fue arrojado al suelo por un grupo de racistas y pateado hasta en la cabeza. Tampoco en ese momento se produjeron detenciones.
El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, calificó de irresponsables las críticas del alcalde Enciso a la Ley de Extranjería sancionada en diciembre, cuya aplicación debería facilitar la regularización de todos los inmigrantes.
Ibarra añadió que se debe evitar que intervengan oportunistas (en alusión al alcalde de El Ejido) que lanzan "proclamas de xenofobia, de exclusión y de conflicto".
El portavoz de la Asociación de Trabajadores Marroquíes de España (ATIME), Mustafá el Marabet, señaló que en caso de comprobarse que el autor del crimen de Encarnación López fue el joven acusado, no se debería considerar cómplices a los 150.000 marroquíes que trabajan en España.
El Marabet afirmó que el crimen "ha servido de excusa a más de uno para atentar contra todo lo que huele a marroquí".
Mientras, el Ministerio del Interior niega que haya pasividad e informa de que ha enviado 700 policías adicionales a El Ejido para restablecer la tranquilidad. (FIN/IPS/af/mj/ip hd/00
