Un nuevo enfrentamiento se produjo hoy en España entre el juez Baltasar Garzón y el gobierno del centroderechista José María Aznar, a propósito del caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Garzón emitió un auto unos minutos después de que el Tribunal Superior de Londres hizo lugar a la demanda del gobierno belga y de seis organizaciones no gubernamentales (ONG), admitiendo que podrán apelar ante la justicia la anunciada decisión del ministro británico del Interior, Jack Straw, de liberar a Pinochet.
En su escrito, al que tuvo acceso IPS, el juez español pide al canciller Abel Matutes que dirija "una atenta comunicación" a la Fiscalía británica -que representa a España en el juicio de extradición de Pinochet- para que adopte las medidas necesarias y agote la vía judicial de extradición en curso.
El gobierno español, que dijo que respetaría la independencia del Poder Judicial desde que Pinochet fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998, cambió de posición a fines de diciembre y entró en conflicto con Garzón, al negarse a transmitir las instrucciones del juez a la Fiscalía británica.
Su justificación fue que respetó las instancias judiciales siempre, pero que al tratarse de una resolución de Straw, un ministro del gobierno, se estaría ante un acto político y no judicial.
Y en política, añadió, respetaría su compromiso con el gobierno chileno, que lo lleva a no apelar esa resolución, que Straw todavía no adoptó.
Pero este martes, en contra de la mayoría de los pronósticos, el Tribunal Superior de Londres dio la razón al gobierno de Bélgica y a seis ONG, encabezadas por Amnistía Internacional, que reclamaron que se les reconociera el derecho de apelar la anunciada decisión de Straw.
Durante la vista de la reclamación belga, la Fiscalía británica estuvo presente pero se abstuvo de intervenir, acatando una orden expresa del gobierno español, transmitida por vías diplomáticas.
No obstante, durante esa vista el presidente del Tribunal, Simon Brown, dijo que aunque el gobierno español estuvo ausente, la justicia española se hizo presente a través de las alegaciones de Garzón, que fueron incorporadas a ese proceso.
El portavoz del gobierno español, Josep Piqué, dijo este martes en rueda de prensa que el Poder Ejecutivo mantendrá firme su orden a la Fiscalía británica para que se abstenga de apelar.
Fuentes próximas al juzgado de instrucción número cinco, cuyo titular es Garzón, señalaron que si el gobierno español mantiene su orden de que la Fiscalía se mantenga en silencio, "sería delictivo".
Además sería absurdo, añadieron, que habiendo triunfado en Londres la posición de la justicia española, y por lo tanto se abriera el recurso contra la decisión de Straw, sea precisamente España la que se mantenga en silencio.
En su auto, Garzón señala que no pretende invadir ámbitos de competencia que no le son propios, "pero sí dejar constancia en la más estricta esfera judicial" de que recurrir la decisión de Straw "es una obligación no sólo legal sino éticamente irrenunciable para quien ha pedido la extradición".
Y según consta en la última línea del auto emitido este martes, Garzón deja constancia de que ese escrito "se remite vía fax copia simple de la presente al Crown Prosecutor Service (Fiscalía británica)".
Esta disposición abre la puerta para que la Fiscalía pueda hablar y defender la extradición de Pinochet a España. (FIN/IPS/td/ag/ip hd/00
