La denuncia penal presentada el 28 de enero contra el canciller español, Abel Matutes, fue ampliada hoy con nuevas pruebas derivadas del juicio de extradición que se sigue en Londres contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
El jurista español Joan Garcés, director de la acusación particular y popular en el caso Pinochet, presentó un escrito ante el Tribunal Supremo de Justicia de España, en el que califica de "coartada" las acciones diplomáticas del canciller.
Esa coartada consiste en "servirse de la valija diplomática como medio de frustrar el normal desarrollo de la investigación criminal en curso (…) por los presuntos delitos de genocidio y torturas", añade.
En el escrito se cita al Convenio Europeo de Extradición, que establece que "la solicitud judicial de extradición se formulará por escrito y se cursará por vía diplomática".
El ministro es acusado de negarse a prestar auxilio a la Justicia y de mantener "una actitud consciente de impedir el posible éxito extradicional".
Desde el 16 de octubre de 1998 se está tramitando en Londres el pedido de extradición de Pinochet, cursado por el juez español Baltasar Garzón.
Matutes repitió varias veces que respeta la independencia del Poder Judicial, pero dio instrucciones a la Fiscalía británica (que representa a España en el juicio de extradición) para que se abstenga de apelar una eventual orden de liberar a Pinochet dictada por el ministro del Interior, Jack Straw.
El canciller español basa su posición en un acuerdo al que llegó con el gobierno chileno y en que la decisión de Straw no sería judicial, sino política.
Pero según el escrito presentado por Garcés, el Tribunal Superior de Londres ha confirmado que la comunicación de Straw "se encuentra sometida al principio de legalidad, bajo control jurisdiccional, y no es un acto político, administrativo, de soberanía o de gobierno, sometido al principio de oportunidad".
Ante ese cuadro, añade, Matutes ha convertido la acción de no cursar las instrucciones por vía diplomática "en instrumento de control del Ejecutivo, control político sobre una investigación judicial penal".
La acusación contra Matutes reseña varios actos de éste para obstaculizar la acción de la justicia contra Pinochet.
El ministro español reiteró este miércoles que seguirá sin cursar las instrucciones del juez Garzón a la Fiscalía británica, para que utilice todos los recursos judiciales a favor de la extradición de Pinochet.
El Tribunal Superior de Londres, con la abstención de España impuesta por su gobierno, y atendiendo a una apelación de Bélgica y seis organizaciones no gubernamentales (ONG), dispuso el martes que la decisión de Straw es apelable judicialmente ante la Cámara de los Lores, máxima autoridad jurídica de Gran Bretaña.
Sin embargo, y conociendo esa disposición y un escrito que de inmediato le envió Garzón requiriendo que siga adelante el juicio de extradición, Matutes dijo este miércoles que ha dado órdenes de no cursar a Londres ese escrito del juez.
Si el gobierno español cambiara de opinión ahora, añadió Matutes, haría el ridículo internacional y pondría en serio peligro las relaciones con Chile y con otros países de América Latina.
Esto es una demostración adicional, añade Garcés, "de la reiterada voluntad del señor Matutes de no cumplir con las resoluciones del juez competente".
Esa actitud del ministro produce "una indefensión que equivale a desistir de la solicitud de extradición, lo que le está vedado al querellado D. Abel Matutes".
El escrito presentado por el abogado querellante cita actitudes concretas de obstrucción a la justicia por parte de la diplomacia española.
Garcés puntualiza que el 20 de enero la cancillería recibió un dictamen de la Fiscalía británica en la que se informó que la decisión de Straw no es política sino jurisdiccional, sujeta a recurso ante los Tribunales.
Matutes no dio traslado de ese dictamen a Garzón e incluso al pedirle el juez el escrito, "Matutes engañó al Juzgado manifestándole que había recibido otra comunicación" y le ocultó la que le estaban requiriendo, añade Garcés.
Además, prosigue, "el ánimo del querellado (Matutes) de obstruir a la Justicia tiene un antecedente" y relata cómo, sin consultar a los órganos judiciales españoles, el ministro envió diplomáticos a Londres el 1 de octubre último para que paralizasen las gestiones de la Fiscalía británica.
Tras mencionar otros incidentes, Garcés concluye afirmando que "en octubre de 1999 aparece ya diseñado el plan de utilizar la valija diplomática como instrumento para interceptar las resoluciones judiciales e imposibilitar su cumplimiento".
La posición de Garcés y de las asociaciones de víctimas de la dictadura de Pinochet (1973-89) recibió el respaldo este miércoles de la Asociación de Fiscales Progresistas, entidad española que con su denuncia inició en 1996 los juicios contra las dictaduras de Argentina y Chile. (FIN/IPS/td/ag/ip hd/00
