El movimiento indígena de Ecuador inició hoy la recolección de firmas para promover un plebiscito por el cese de los parlamentarios y de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y contra la dolarización, las privatizaciones y la presencia militar estadounidense en el país.
Los indígenas prometen recoger unas cinco millones de firmas para convocar el plebiscito, pese a que se necesitan 605.000 adhesiones.
En el documento de consulta también se interroga a la población si está de acuerdo con el archivo inmediato de los procesos judiciales contra militares y civiles que participaron en la sublevación popular del 21 de enero.
Las preguntas fueron elaboradas por constitucionalistas a pedido del Parlamento de los Pueblos, conformado por representantes indígenas y de la sociedad civil.
Una encuesta de opinión de la empresa Cedatos divulgada este martes registró que 70 por ciento de los ecuatorianos está de acuerdo con el plebiscito, por lo cual los expertos estiman que la iniciativa tendrá éxito.
Blanca Chancoso, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), dijo a IPS que las interrogantes fueron estudiadas al detalle para que "nadie diga que son inconstitucionales".
Chancoso aseguró que ya existen cerca de 80.000 firmas de apoyo a la convocatoria, porque "muchos han enviado firmas sin que se les enviara las preguntas de la consulta, en respaldo a los dirigentes y a las acciones que se han hecho".
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eduardo Villaquirán, solicitó a quienes apoyan el plebiscito que incluyan preguntas que no violen la Constitución.
Explicó que la "Constitución aprueba que la ciudadanía llame a consultas populares, pero también exige que estén sujetas a las prohibiciones que ella establece".
Villaquirán informó que los representantes indígenas, si pretenden realizar la consulta junto con las elecciones municipales, a realizarse el 21 de mayo, deberán entregar las firmas 45 días antes.
El planteo de plebiscito impactó en los tres poderes del Estado y en las principales fuerzas políticas, que se apuraron a decir que con la propuesta "los indígenas buscan sembrar el caos en el país".
El presidente del Congreso, Juan José Pons, opinó que el plebiscito provocaría una mayor inestabilidad en el país y defendió la labor de los diputados, cuya credibilidad no llega a ocho por ciento de la población, según varias encuestas.
Ante la posibilidad de que se concrete la consulta y que el parlamento sea disuelto para convocar a nuevas elecciones, los legisladores planean cambios para mejorar la imagen y recuperar la credibilidad perdida.
Una de las medidas en estudio para este fin es la contratación de una cadena de radioemisoras que transmitan a todo el país las sesiones legislativas.
Algunos analistas entienden que esta actitud del Congreso estaría demostrando que no "aprendió la lección del 21 de enero".
El arzobispo de la ciudad de Cuenca, Luis Alberto Luna, señaló a IPS que, por los signos que dan los políticos, casi nadie ha comprendido el significado profundo del mensaje pronunciado por los indígenas en enero durante la llamada "toma de Quito".
"Me permito decir a los grupos que rodean al nuevo mandatario (Gustavo Noboa) que vean con ojos más abiertos, más sinceros y más libres cuánta injusticia hay que resolver en el país. Ello deben hacer los grupos políticos que están aprovechándose del triunfo de los indígenas", afirmó Luna.
La Conaie, que convocó a miles de indígenas de todo el país en Quito el 21 de enero, encabezó una sublevación junto con oficiales militares apartados de la cadena de mandos para oponerse, entre otros puntos, al proyecto de dolarización de la economía del entonces presidente Jamil Mahuad.
Las Fuerzas Armadas derrocaron a Mahuad y encomendaron la conducción del país al hasta ese momento vicepresidente Noboa para impedir que la llamada Junta de Salvación Nacional instalada en la sede del Congreso por los sublevados se hiciera cargo del gobierno.
Catorce coroneles y 110 oficiales de menor graduación han sido acusados ante la Justicia Militar por haber apoyado a los indígenas, mientras que el líder indígena Antonio Vargas y otros civiles enfrentan procesos en la justicia civil.
En los próximos días, dirigentes indígenas realizarán un recorrido por todo el país con el propósito de recolectar firmas para celebrar el plebiscito.
Vargas, al iniciar la recolección de firmas, aseguró que la "'consulta no es negociable".
Por su parte, Chancoso se quejó de que ahora el Tribunal Electoral "exija a los indígenas que se ciñan a la Constitución, cuando hace dos semanas autorizó una consulta inconstitucional para determinar la autonomía política y económica de la provincia de Guayas".
"Todas las preguntas son constitucionales, pero igual es hora de que las autoridades revean sus decisiones y se actualicen, porque no estamos en la época de la colonia española como para que sigan queriendo maniobrar al pueblo", dijo Chancoso.
Los dirigentes de la Conaie y los movimientos sociales dialogarán este miércoles con el presidente Noboa.
Posteriormente mantendrán una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, quien llegó este martes al país para conversar con Noboa y los diferentes sectores políticos.
Vargas señaló que le pedirán a Noboa que cambie su política económica y le manifestarán el rechazo a la dolarización de la economía.
"Si Noboa sigue con la misma estructura va a tener graves problemas porque el pueblo no aguanta más la pobreza y las mentiras", indicó.
La reunión se realizará una semana después que tres dirigentes indígenas denunciaran un atentado contra sus vidas por parte de "fuerzas represivas".
El día 10, el automóvil en el que viajaba Vargas junto a los también dirigentes Ricardo Ulcuango y Salvador Quishpe fue seguido por dos vehículos sin placas identificatorias y vidrios ahumados, que le cerró el paso y obligó a su conductor a realizar una maniobra que lo llevó a un precipicio.
El incidente ocurrió cerca de la ciudad de Riobamba, en la sierra central, denunció Ulcuango.
Ulcuango, quien resultó con fracturas en la clavícula y su brazo derecho, afirmó que "las fuerzas represivas han estado amenazando en varias ocasiones a la Conaie, mediante llamadas telefónicas".
Chancoso responsabilizó "directamente al gobierno" por el hecho y dijo que también "hay sectores interesados en que no se continúe con la lucha iniciada por los indígenas, que llevo a la insurrección de enero". (FIN/IPS/kl/dm/ip/00
