Una reforma del sistema de pensiones podría convertirse en el motor que dinamice la economía de Costa Rica en las próximas décadas.
La Ley de protección al trabajador propone una reforma del régimen público de pensiones, al crear un sistema mixto con participación privada regulada por el Estado.
"Esta transformación es la conquista social costarricense de más importancia en los últimos 50 años", dijo a IPS el abogado Eugenio Trejos, quien redactó parte de la nueva ley.
La fuerza laboral costarricense, que asciende a 1,2 millones de personas, hasta el momento sólo contribuía para un fondo común nacional de jubilaciones y ahora tendrá adicionalmente un régimen obligatorio de cuentas individuales.
"Los recursos que se destinen a estas cuentas individuales permitirán en el largo plazo un ahorro financiero nacional que podría dinamizar la economía», dijo a IPS el economista Ronulfo Jiménez, uno de los negociadores de la nueva ley.
Los fondos de pensiones serán administrados por entidades públicas y privadas que competirán para captar afiliados.
Distintos sectores públicos, académicos y empresariales coinciden en que los fondos que administren esas instituciones, destinados a inversiones en el sector financiero, serán un fuerte estímulo a la economía.
Según la estatal Superintendencia de Pensiones (SUPEN), esta bolsa de recursos provenientes de los salarios de los trabajadores representará más de 150 millones de dólares anuales.
"La condición para realizar estas inversiones es tener un máximo de rendimiento con el mínimo de riesgo", afirmó Olivier Castro, superintendente de pensiones de Costa Rica.
La ley ya fue aprobada por el parlamento costarricense y sólo requiere de la firma del presidente Miguel Angel Rodríguez, lo que está previsto para el día 16.
Más de 500.000 trabajadores costarricenses no están hoy cubiertos por ningún régimen de pensiones y hay un serio debilitamiento del actual sistema de reparto.
La nueva ley universaliza el sistema de jubilaciones y obliga a los profesionales liberales que no tienen patrono a hacer una contribución mensual para su fondo de jubilación.
Además, otorga pensiones a las amas de casa y a todas aquellas personas mayores de 70 años que durante su vida no hayan contribuido para un régimen de jubilación pero vivan en pobreza.
"Esta es una revolución en el aspecto social y económico, procura que en el futuro no tengamos adultos mayores que vivan en pobreza", apuntó Juan Luis Delgado, gerente de pensiones de la estatal Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Además de la pensión tradicional de fondo común, los trabajadores costarricenses tendrán cuentas de pensión individuales que serán administradas por entidades autorizadas públicas y privadas conocidas como "operadoras".
Después de una redistribución de cargas sociales, el porcentaje de los salarios de los trabajadores que se destinará a estos fondos será el 4,25 de la planilla nacional.
Estos fondos serán aportados por los trabajadores, los patronos y el Estado, cuando sea patrono.
"El país ha tomado a tiempo la decisión de transformar su régimen de pensiones", indicó Rodolfo Piza, presidente ejecutivo de la estatal Caja Costarricense de Seguro Social.
Si no se hubiera logrado el concenso político que permitió esta reforma laboral el actual sistema de pensiones hubiera comenzado a tener problemas en tres décadas, afirmó el funcionario.
Economistas subrayaron que la reforma beneficia socialmente a los trabajadores y, a la vez, podría a largo plazo ser el impulsor de la economía nacional, que vive el "espejismo" provocado por la producción de microprocesadores y componentes electrónicos del gigante de los microchips Intel Corporation. (FIN/IPS/nms/ag/if lb/00
