La banca pública de Colombia se vio minada por un complejo cuadro de corrupción e ineficiencia que tendrá un costo para los contribuyentes superior a los 830 millones de dólares.
Con este monto se podrían construir 70.000 casas para familias trabajadoras o permitir el acceso a la escuela pública durante un año a cerca de tres millones de niños.
La Comisión de la Verdad, organismo interinstitucional que investigó los casos de corrupción, indicó que en los últimos 10 años la banca oficial se vio minada por prácticas de favoritismo en la asignación de créditos, "autopréstamos" y defensa de intereses personales de sus funcionarios o dirigentes políticos.
Según el informe, presentado al presidente Andrés Pastrana el día 8 por el contralor Carlos Ossa, el procurador Jaime Bernal y el fiscal general Alfonso Gómez, cuatro de las nueve entidades estatales del sector financiero concentraron 80 por ciento de las pérdidas.
La Comisión de la Verdad responsabilizó de la crisis a dirigentes políticos, directivos de los bancos y a los propios organismos de control, como la Contraloría y la Superintendencia Bancaria, que no estuvieron a la altura de sus responsabilidades.
En particular señaló al Banco del Estado, que concentra 50 por ciento de las pérdidas. Otro 30 por ciento se distribuye entre la liquidada Caja Agraria, el Banco Central Hipotecario y Bancafé.
Así mismo, la Comisión de la Verdad afirmó que con su gestión las instituciones financieras "terminaron convertidas en la caja menor de ciertos sectores económicos, políticos y sociales, sin capacidad de endeudamiento ni de pago".
Y condenó la actitud "indiferente de la ciudadanía", que debió castigar a los bancos estatales "absteniéndose de confiarles en depósito sus recursos".
Germán Camacho, vicepresidente económico de la Asociación Bancaria, dijo a IPS que el informe de la Comisión de la Verdad refleja el viejo problema de "la incapacidad del Estado para ser banquero".
No obstante, consideró que hay problemas externos que también afectaron el desempeño de la banca en general y que en el sector estatal, por presentar mayores debilidades, hicieron la crisis más notable.
La política económica gubernamental de la década del 90 "fue gestora y promotora de muchos de los problemas que se reflejaron en la banca", aseguró.
El vicepresidente de la Asociación Bancaria arguyó que la recesión que vive Colombia, con una caída de cinco por ciento del producto interno bruto en 1999, trajo problemas de cartera y de cese de pagos para la banca en general, que se agravaron en el sector público por los malos manejos y la corrupción.
Germán Guerrero, analista de la crisis del sector financiero, subrayó que 1999 será un año histórico para el sector financiero por las cifras negativas que presentó.
Según informes oficiales, la banca pública y privada registró pérdidas por cerca de 1.250 millones de dólares y tiene créditos vencidos por 3.855 millones, que representan cerca de 14 por ciento de la cartera bruta.
Estos resultados negativos se dieron pese a que en 1998 ya el gobierno había percibido la caída y decretó la "emergencia económica" para evitar el colapso del sector.
Amparado en la declaratoria de emergencia, el gobierno decretó la aplicación de un impuesto de dos por 1.000, aún vigente, para los poseedores de cuentas corrientes y de ahorro, con el propósito de financiar las pérdidas.
La medida fue duramente criticada por sectores que consideraron injusto que la población financiara a la banca y apuntaron que se estaban socializando las pérdidas cuando las ganancias habían sido privatizadas.
Pastrana aseguró al recibir el informe de la Comisión de la Verdad que los colombianos "no pagarán un solo peso por los desfalcos".
No obstante, el gobierno ya ha anunciado su intención de privatizar estas entidades, para lo que deberán sanearse primero con los recursos del dos por mil, capitalización y medidas de salvamento.
Como resultado de la investigación se llevan a cabo 1.200 procesos penales, disciplinarios y fiscales que involucran a políticos, banqueros, empresarios, sindicalistas y altos funcionarios del Estado.
Colombia ocupa el séptimo lugar en el mundo entre los países más corruptos y el segundo en América Latina después de Paraguay, según el informe de 1999 de Transparencia Internacional, una organización no gubernamental con sede en Alemania. (FIN/IPS/yf/ag/ip if/00
