La asistencia de Fidel Castro a la investidura presidencial de Ricardo Lagos en Chile el 11 de marzo es "altamente improbable", dijo hoy el portavoz del mandatario electo, en medio de la controversia desatada por una demanda penal contra el gobernante cubano.
"Diría que la más alta probabilidad es que (Castro) no venga" a los actos de traspaso de la Presidencia de Eduardo Frei a Lagos, declaró a una emisora de Santiago Claudio Huepe, ministro designado de la Secretaría General de Gobierno, cargo equivalente al de portavoz del jefe del Estado.
Castro fue invitado por el gobierno chileno, al igual que los demás gobernantes de todos los países con que Chile mantiene relaciones diplomáticas, pero su probable asistencia es considerada una prueba difícil para Lagos y, en general, para los sectores de centroizquierda en Chile.
Lagos será el tercer presidente sucesivo perteneciente a la Concertación por la Democracia, una coalición de los partidos Demócrata Cristiano, Socialista, Por la Democracia y Radical Socialdemócrata que gobierna este país desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en marzo de 1990.
El futuro presidente chileno es un socialista moderado que se identifica internacionalmente con políticos afines a la socialdemocracia, mientras sectores de la derecha chilena buscan asimilarlo con las corrientes marxistas.
Lagos será el segundo mandatario socialista en la historia del país, luego de Salvador Allende, el líder de la Unidad Popular (UP), derrocado cruentamente por un golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Los comunistas fueron una de las fuerzas fundamentales de la UP, pero en cambio no forman parte de la actual coalición gobernante, pese a lo cual los sectores más conservadores se empeñan en identificar a Lagos con Allende.
El viernes último, Mónica Madariaga, ministra de Justicia de la dictadura de Pinochet (1973-90) presentó en los tribunales en Santiago una demanda criminal contra Castro en nombre del padre de Carlos Riveros, un escolta militar muerto en una acción insurgente hace 17 años.
El 30 de agosto de 1983 un comando del rebelde Movimiento de Izquierda Revolucionaria emboscó en Santiago el automóvil del general Carol Urzúa, intendente de la Región Metropolitana, dando muerte al alto oficial y a sus dos guardaespaldas.
Madariaga arguyó que el gobierno cubano tuvo responsabilidad en el homicidio de Urzúa, Riveros y el otro escolta a través de la "la preparación de grupos subversivos y terroristas" y por actuar concertadamente para ingresar armas a Chile.
La demanda contra el líder cubano es una réplica de la derecha al arresto de Pinochet en Londres, desde el 16 de octubre de 1998, bajo acusaciones de crímenes contra la humanidad en la causa que sustancia el juez español Baltasar Garzón.
Pinochet podría regresar en breve a Chile si el ministro del Interior británico, Jack Straw, impone sus facultades administrativas para liberarlo por razones humanitarias.
Pero otros 40 ex colaboradores del dictador, incluyendo a Madariaga, son también investigados por Garzón y corren riesgo de ser arrestados si viajan fuera de este país.
El propósito central de la querella es que la justicia chilena detenga a Castro si ingresa a Chile y que disponga su arraigo territorial (retención en el país) para interrogarlo.
Castro realizó una prolongada visita a Chile en 1971, bajo el gobierno de Allende, y en noviembre de 1996 viajó nuevamente a este país para participar en la Cumbre de jefes de Estado y gobierno de Iberoamérica.
Si bien aún no hay una respuesta oficial a la invitación a Castro, en medios periodísticos se indica que el gobernante cubano nunca tuvo el propósito de asistir a la investidura de Lagos, en la cual se haría representar por el vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, Carlos Lage.
En la prensa chilena se insistió en las últimas semanas en que el entorno de Lagos envió discretos mensajes al presidente cubano, pidiéndole que se abstuviera de viajar a los actos de traspaso del mando presidencial.
Siempre según esas versiones, la presencia de Castro en Chile sería vista por el oficialismo como un factor de discordia, que opacaría los actos del cambio de gobierno, que tendrán como invitados a varios gobernantes de Europa y América Latina.
Entre los europeos están ya confirmados el primer ministro de Francia, Lionel Jospin, y los jefes de gobierno Massimo D'Alema, de Italia, y Antonio Guterres, de Portugal.
Entre el centenar de invitados de honor se contará igualmente con la presencia de los presidentes de América del Sur, con excepción de Bolivia.
Tanto Huepe como dirigentes del Partido Renovación Nacional, de derecha moderada, dijeron este lunes que la querella contra Castro será difícilmente acogida por los tribunales y que no tendrá trascendencia.
En medios políticos se señaló la contradicción de la derecha conservadora, que calificó de ilegal el arresto de Pinochet en Londres aduciendo que los gobernantes y ex gobernantes tienen fuero diplomático y hoy pretende que se arreste en Chile a un presidente extranjero en ejercicio. (FIN/IPS/ggr/dm/ip/00
