La heterodoxa concesión de ayuda para vivienda a los jueces, que habían amenazado con la huelga, acentuó en Brasil el desequilibrio salarial y las dificultades del Estado para responder a las demandas de sus funcionarios y de la sociedad.
Un fallo preliminar de la Suprema Corte, emitido el domingo, permitirá a más de 3.000 jueces de tribunales federales y laborales sumar a sus salarios entre 1.100 y 1.670 dólares, destinados a pagar el arrendamiento y mantenimiento de sus residencias.
Esa fue la fórmula encontrada para abortar la huelga anunciada para el lunes, reconocidamente ilegal, por afectar un servicio público en que la Constitución no admite paralizaciones.
La decisión, adoptada por el juez Nelson Jobim, provocó una ola de protestas y cuestionamientos hacia su constitucionalidad, incluso dentro del propio Poder Judicial.
Los favorecidos no tendrán que comprobar el destino dado al aporte adicional para vivienda, concedido incluso a los que viven en sus propias casas.
Líderes parlamentarios, como el presidente del Senado y del Congreso legislativo, Antonio Carlos Magalhaes, así como jerarcas de la Justicia, calificaron el beneficio de "ilegal".
Es injusto que ese dinero se conceda a quienes ya tienen ingresos razonables y no a los que ganan el salario mínimo de 76 dólares, cuya elevación es, según el gobierno, imposible porque afectaría las cuentas públicas, sostuvo Magalhaes.
Todas las demandas por aumentos salariales dentro y fuera del Estado ganaron fuerza con el fallo de Jobim.
El diputado Paulo Paim, del izquierdista Partido de los Trabajadores, anunció que requerirá a la justicia la extensión del beneficio otorgado a los jueces a todos los trabajadores que carecen de vivienda propia.
Los sindicatos de funcionarios públicos discuten radicalizar sus medidas en reclamo de mejoras salariales. "Los jueces indicaron el camino", pues demostró que solo la huelga puede arrancar del gobierno una corrección de los salarios congelados hace cinco años, sostuvieron sindicalistas.
Cayeron los argumentos que impiden que se eleve el salario mínimo al equivalente a 100 dólares el 1 de mayo, señaló el secretario general de la Central Unica de Trabajadores, Joao Antonio Felicio, anunciando una ofensiva por ese aumento.
Los 1.299 fiscales del Ministerio Público reclaman el mismo beneficio, argumentando que tienen derecho a la misma remuneración de los jueces. Jueces estaduales también se movilizan para obtener mejoras similares.
La Corte Suprema de Justicia se metió "en una trampa", reconocieron algunos de sus integrantes, indicando que podrán revocar la medida en el fallo definitivo, que será decidido en breve por los 11 miembros del tribunal.
Casi todos los jueces de la Corte Suprema, incluyendo Jobim, renunciaron al beneficio, para evitar acusaciones de que actuaron en su propio beneficio.
Una solución definitiva para el problema es la fijación de la remuneración máxima en el sector público, una exigencia constitucional cuyo cumplimiento se dilata hace dos años, a causa de discrepancias entre el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, formalmente independientes.
El Poder Judicial quiere como techo los 7.070 dólares que ya ganan tres miembros de la Suprema Corte que acumulan funciones en el Tribunal Superior Electoral.
Elevar el salario de esos 11 magistrados a tal nivel permitiría un aumento automático de los salarios de los jueces de instancias inferiores, pues sus sueldos son proporcionales a lo que ganan sus superiores jerárquicos.
Un juez federal o laboral gana al comienzo de su carrera el equivalente a 2.100 dólares netos, pero lograrían un aumento automático de 67 por ciento si se aumenta el techo a 7.070 dólares.
Es lo que quieren los jueces federales y laborales, cuya amenaza de huelga desató la confusión actual. Pero eso agravaría el déficit fiscal, amenazando las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, con aumentos en cascada para casi todos los funcionarios públicos.
Además, intensificaría las demandas sociales y por mejor remuneración general en el sector público. El gobierno argumenta que el déficit en el sistema de previsión social impide una elevación del salario mínimo, pagado a dos tercios de los 19 millones de jubilados y pensionistas.
Con la globalización económica, acentuando las enormes desigualdades sociales en Brasil, el Estado se enfrenta con nuevas dificultades.
El movimiento de los jueces señala la dificultad de mantener en el servicio público a buenos funcionarios atraídos por remuneraciones mayores en el sector privado. (FIN/IPS/mo/mj/ip lb/00
