El transporte urbano informal invadió al igual que el comercio ambulante las grandes ciudades de Brasil y se convirtió en factor de conflictos explosivos en Sao Paulo.
La guerra desatada el mes pasado por la alcaldía contra las "peruas", como se llaman en Brasil a las camionetas van, propias para transportar una 10 personas y conocidas como "liebres" en otros países de América Latina, ya cuenta muertos y heridos.
El conductor de uno de esos vehículos chocó el viernes con otro rodado y un árbol, provocando la muerte de tres pasajeros y heridas a otros ocho, al tratar de escapar de inspectores municipales.
Thomaz Martins, de 22 años, manejaba la perua sin la habilitación necesaria, ya que es sordo del oído izquierdo, deficiencia que veda la conducción profesional, además de emplear como cobrador a un niño de 13 años, otra ilegalidad.
Detenido por el accidente, ahora puede ser condenado a hasta a 20 años de cárcel.
Una semana antes, un colega suyo fue muerto a tiros por la policía al intentar evadir una inspección.
La represión policial permitió sacar de circulación a casi 1.300 vehículos este año y se aplicaron pesadas multas a los que insisten en explotar ese transporte ilegal.
En respuesta, los llamados "perueiros" ya incendiaron o dañaron más de 30 autobuses y paralizaron el tránsito en partes de Sao Paulo con sus frecuentes manifestaciones callejeras de protesta.
El alcalde Celso Pitta, ante la violencia creciente, pidió la ayuda del ejército para reprimir el transporte ilegal, acusando el gobernador del estado de Sao Paulo, Mario Covas, de negarle el apoyo de la policía militar, fuerza de seguridad estadual.
Tanto el gobernador como el ejército respondieron que no corresponde a sus fuerzas policiales y militares la tarea requerida.
La decisión de reprimir y controlar los microbuses fue demasiado tardía, señalaron algunas evaluaciones, como la realizada por el experto en transportes Mauricio Cadaval.
Por su parte, el diputado Emerson Kapaz, candidato a la alcaldía de Sao Paulo, afirmó que esta "es una guerra civil" producto de la inoperancia de gestiones anteriores.
La cantidad de microbuses clandestinos en esta ciudad creció de manera acelerada en los últimos años. Autoridades y líderes involucrados en el asunto estiman que la cantidad de estos vehículos se triplicó desde 1995, pasando de unos 5.000 a 14.000 o 18.000 en la actualidad.
La actividad emplea a 42.000 personas, entre dueños de camionetas, conductores y cobradores, sostuvo el presidente de un sindicato de los perueiros, Celio dos Santos, quien reconoce excesiva la cantidad.
Dos Santos opinó que los microbuses deben limitarse a 8.000 en Sao Paulo, pero la alcaldía pretende autorizar la actividad de solo 4.042, que serán elegidos en una licitación.
Será muy difícil controlar el transporte ilegal y reducir su presencia, después que ocuparon parte del mercado, evaluó Cadaval, atribuyendo su avance a la mala calidad del servicio de autobuses y al gran desempleo, lo cual estimula el trabajo informal.
La represión es estimulada por la asociación de las empresas de autobuses, Transurb, que se queja de la pérdida de pasajeros y del congestionamiento del tránsito en la ciudad.
Los 10.300 autobuses legales que operan en Sao Paulo no logran actualmente transitar a más de 12,5 kilómetros por hora promedio frente a los 19 kilómetros en que se movían en 1995, según la Transurb.
El fenómeno es similar en las otras grandes ciudades brasileñas, que tratan de controlar su proliferación y reglamentar la actividad.
Pero, en Sao Paulo asumió un carácter económico y social dramático, por agregar nueva fuente de trastornos a la ciudad que ya enfrenta batallas frecuentes de la policía contra vendedores callejeros y los llamados "sin techo" que suelen ocupar los edificios deshabitados.
Las empresas legales de autobuses en Sao Paulo perdieron 35 por ciento de sus pasajeros desde 1994, bajando de seis millones a 3,8 millones por día, indicó la Confederación Nacional de Transportes, que representa las empresas del sector. (FIN/IPS/mo/dm/ip pr/00
