El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) hizo un llamado a los países limítrofes de Colombia para que den protección a las personas desplazadas por la guerra civil que así lo requieran.
El titular adjunto de Acnur, Soren Jessen-Petersen, pidió en especial a Ecuador, Panamá y Venezuela que atiendan a los "colombianos que se vean forzados a salir de su país por razones del conflicto", aunque "sea de manera temporal".
Jessen-Petersen concluyó el jueves una visita de cuatro días a Colombia, donde se entrevistó con el presidente Andrés Pastrana, funcionarios y delegados de organizaciones no gubernamentales para intercambiar impresiones e intentar que la respuesta humanitaria "sea aún más efectiva".
El funcionario visitó también las Comunidades de Paz de Urabá (nordeste del país), una experiencia de personas que han retornado a sus lugares de origen con el apoyo del gobierno y organizaciones locales e internacionales, y a otro grupo de desplazados de la región de Turbo, en el noroeste.
Jessen-Petersen informó que antes de llegar a Colombia estuvo en Venezuela para conversar sobre la situación de colombianos solicitantes de asilo político y "la importancia de darles una atención adecuada y acorde a los principios del Derecho internacional Humanitario".
Durante su visita a Colombia, insistió ante el gobierno de Pastrana en que hay necesidad de establecer garantías mínimas que permitan el retorno voluntario de las personas que han tenido que salir del país a causa de la guerra.
Jorge Rojas, director de la Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos (Codhes), dijo a IPS que entre 1995 y 1999 cerca de 40.000 colombianos abandonaron el país hacia Ecuador, Panamá y Venezuela, debido a las "masacres, asesinatos y ataques aéreos indiscriminados.
Rojas señaló que la situación "tiende a agravarse por la negativa cada vez más creciente de los países vecinos" a reconocer como refugiadas a los colombianos que buscan protección en sus territorios, lo cual genera una crisis humanitaria.
El problema se agrava "porque en Colombia no se han implementado programas reales de protección y atención, además de que cada vez son menores los espacios de seguridad que tienen los propios ciudadanos para defender sus vidas", afirmó.
El caso más grave por sus implicaciones en cuanto al respeto del Derecho Internacional Humanitario es el que se ha dado con Venezuela, donde se les negó atención a la mayoría de los cerca de 5.300 colombianos que reclamaron condición de refugiados el año pasado, dijo.
Rojas agregó que una situación similar ocurre con Panamá que, desconociendo la convención sobre refugiados de 1951 de la que es firmante al igual que Colombia, repatrió en 1996 a 325 colombianos que se habían asentado en la provincia fronteriza de Darién.
En la actualidad hay otro grupo en ese lugar en riesgo de ser también repatriado.
El director de Codhes opinó que los países limítrofes de Colombia "tienen mucho temor en reconocerle categoría de refugiados a estas personas con el argumento de que si lo otorgan a los que llegan van a tener un masivo ingreso de colombianos".
Otros expertos dicen que esos países tienen plena autonomía para desarrollar sus programas de seguridad nacional, pero no deben desconocer los convenios internacionales.
Tampoco dejar de lado un derecho consuetudinario que establece que las personas que salen de un país en busca de protección en otro "son refugiados" y, como tales, tienen derecho a la protección y no deben ser devueltos a su nación de origen si no lo desean.
La Codhes señaló que la visita de Jessen-Petersen fue importante, ya que refleja la preocupación de la comunidad internacional sobre el problema de las personas desplazadas en Colombia, que ya suman 1,7 millones, lo cual representa 4,5 por ciento de la población.
"Una visita en el terreno y un diálogo con las autoridades permite una cercanía a la realidad y sobre todo permitirá rediseñar los criterios con que se viene trabajando", agregó la organización humanitaria.
También dijo que el gobierno colombiano, si bien ha manifestado su interés por el tema y ha elaborado políticas al respecto, sus formulaciones no tienen correspondencia con la realidad y el problema no solo continúa sino que se agudiza.
En Colombia crecieron los desplazamientos forzados de personas en 1999, constituyéndose en el tercer país del mundo con mayor cantidad de personas afectadas por este problema, detrás de Sudán y Angola, sostuvo La organización internacional Human Rights Watch en su último informe anual. (FIN/IPS/yf/dm/hd/00
