Partidarios de Augusto Pinochet pidieron esta semana en Chile la intervención del papa Juan Pablo II ante el gobierno de Bélgica en favor del ex dictador, pocos días antes de una visita oficial del presidente Eduardo Frei al Vaticano.
El Movimiento Vitalicio Augusto Pinochet entregó el viernes una carta en la sede de la Nunciatura Apostólica, en la cual pide la mediación papal para que Bélgica se abstenga de trabar judicialmente el probable regreso del ex dictador (1973-90) desde Londres.
Marcelo Cabrera, presidente del movimiento, demandó que las autoridades belgas y Amnistía Internacional retiren su exigencia de que se hagan públicos los exámenes médicos practicados a comienzos de enero a Pinochet en la capital británica.
Cabrera se reunirá este miércoles con el nuncio apostólico, Luigi Ventura, un día antes de la visita de Frei al Vaticano, en su último viaje al exterior como presidente antes de entregar el cargo el 11 de marzo al mandatario electo, Ricardo Lagos.
El presidente chileno será recibido en una audiencia especial por Juan Pablo II y tendrá también una entrevista con el secretario de Estado del Vaticano, Angelo Sodano. Es probable que con ambos trate el caso Pinochet.
En noviembre de 1998 el Vaticano envió una carta reservada a las autoridades británicas pidiendo consideraciones humanitarias para el ex gobernante de facto. La gestión trascendió a conocimiento público varios meses después.
La suerte del ex dictador de 84 años, arrestado en Londres el 16 de octubre de 1998 a pedido del juez español Baltasar Garzón, depende del fallo que a mediados de la próxima semana debe emitir una sala de tres magistrados del Tribunal Superior de Londres.
Los jueces dirán si cabe la revisión judicial del anuncio hecho el 11 de enero por el ministro del Interior británico, Jack Straw, de su disposición a impedir la extradición de Pinochet a España y liberarlo por motivos de salud.
Straw sostiene que puede aplicar su facultad discrecional de conceder la libertad por motivos de clemencia al ex dictador porque los exámenes médicos demuestran que no sobreviviría a un largo proceso judicial en Europa.
El ministro y la defensa del ex dictador insisten, sin embargo, en mantener en reserva los análisis, mientras el gobierno de Bélgica y seis grupos de derechos humanos encabezados por Amnistía Internacional piden que se hagan públicos.
El gobierno de España se abstuvo de apelar a la decisión de Straw pese a la opinión en contrario del juez Garzón, pero en cambio Bélgica está haciendo valer su derecho a procesar a Pinochet por denuncias contra el ex dictador en sus tribunales.
Si el Tribunal Superior de Londres no emite un categórico respaldo a la facultad política de Straw para liberar a Pinochet por razones humanitarias, el caso podría volver a las vías judiciales y prolongarse por varios meses más en Gran BretaOa.
El canciller belga Louis Michell dijo el jueves que su gobierno llegará "hasta el final" en las gestiones para procesar al ex dictador y no descartó una apelación ante la Cámara de los Lores del fallo del Tribunal londinense.
Informes procedentes de Londres señalan que los abogados británicos de Pinochet estarían dispuestos a aceptar la publicación de los exámenes médicos, siempre que ello garantice que Bélgica y Amnist¡a Internacional darán marcha atrás en sus demandas.
Los partidarios en Chile del ex dictador y actual senador vitalicio insisten, en cambio, en la reserva de los análisis porque consideran que su difusión es una nueva "maniobra del socialismo internacional".
Cabrera y el diputado Iván Moreira, de la derechista Unión Demócrata Independiente, sostienen que se pretende humillar a Pinochet e inhabilitarlo políticamente para impedir que se reincorpore al Senado si regresa a Chile.
En los alegatos preliminares que tuvieron lugar esta semana en el Tribunal Superior de Londres, el abogado de Straw señaló que Pinochet "está impedido de manera permanente" de defenderse en un proceso judicial.
Esa frase sugiere que los médicos que examinaron al anciano general retirado le diagnosticaron demencia senil u otro tipo de incapacidad mental, lo cual daría pie a que en Chile se le declarara no apto para ejercer un cargo legislativo.
Frei y Lagos sostienen que si el ex dictador regresa al país debe responder ante los tribunales por 56 querellas presentadas en su contra por crímenes contra los derechos humanos, que son investigadas por el juez Juan Guzmán.
Las organizaciones de víctimas de la represión son escépticas sobre el procesamiento de Pinochet en Chile, en virtud de la inmunidad que le otorga su condición de senador y del poder de hecho que mantienen las Fuerzas Armadas.
Los seguidores del ex dictador, a su vez, consideran que la inmunidad parlamentaria es el principal escudo para impedir que su líder se vea "humillado" en un juicio en los tribunales del país que gobernó por casi 17 años.
En la hipótesis de un regreso de Pinochet, el juez Guzmán sólo podría someterlo a proceso una vez que instruya cargos en su contra y luego de que la Corte Suprema de Justicia le retire el fuero o inmunidad senatorial. (FIN/IPS/ggr/ag/hd ip/00
