El juez español Baltasar Garzón esgrimió acciones de los abogados defensores del ex dictador chileno Augusto Pinochet como argumento para que continúe en Londres el juicio de extradición a Madrid e impedir su liberación.
Pinochet está detenido en la capital de Gran Bretaña desde el 16 de octubre de 1998 por pedido de Garzón, quien solicitó su extradición.
El gobierno español ha dicho que no apelará la posible decisión del ministro del Interior británico, Jack Straw, de liberar a Pinochet por razones humanitarias, porque no sería un acto judicial sino político.
El canciller español, Abel Matutes, ratificó el jueves la posición de su gobierno, fundamentada en la necesidad de mantener buenas relaciones con Chile y de fomentar y apoyar en toda América Latina el "progreso hacia la democracia".
Pero Garzón, en un oficio que dirigió también el jueves a Matutes, le señala que el juicio de extradición seguirá abierto en Gran Bretaña, sea cual fuere la decisión de Straw.
Para fundamentar esa afirmación, afirmó que se mantiene el curso judicial de la demanda, cuyo siguiente acto se celebrará el 20 de marzo, ante la Cámara de los Lores, para tratar el recurso de apelación presentado por los abogados defensores de Pinochet.
Ese recurso fue presentado antes de que se practicase el examen médico sobre el que se basó Straw para manifestar su inclinación a liberar al acusado, y no ha sido retirado por los abogados.
Al no ser retirado el recurso de apelación, Garzón aseveró que la instancia judicial sigue abierta en Gran Bretaña y que, por lo tanto, la cancillería española debe dar curso a las instrucciones que el juez envía a sus representantes, los abogados de la Fiscalía de la Corona.
Matutes instruyó a la Fiscalía de la Corona para que no actúe en la apelación promovida en Londres por el gobierno de Bélgica y seis organizaciones no gubernamentales. Además, dejó sin cursar instrucciones de Garzón, en las que indicaba a esa Fiscalía que apelase.
El abogado de la acusación particular y popular contra Pinochet, Joan Garcés, fundamentó este jueves otra ampliación de su demanda penal contra Matutes en que "el procesado Pinochet no ha desistido de su recurso contra la sentencia" londinense del 10 de octubre de 1999, que aprobó su extradición a España.
Garcés señaló que las declaraciones de Matutes afirmando que no apelará la decisión de Straw, se producen "contra toda evidencia de los hechos que acaecen en Londres y de las actuaciones procesales".
El abogado afirmó que el Tratado Europeo de Extradición, del que son parte España y Gran Bretaña, considera a los gobiernos meros canales de transmisión de los pedidos del juez.
El acuerdo establece que los documentos podrán enviarse por telecopia y que cada Estado designará a la autoridad central encargada de transmitir y recibir las peticiones de extradición y documentos anexos, que, en el caso de España, es el Ministerio de Justicia.
El Tratado Europeo de Extradición dispone que las resoluciones del juez que solicita la extradición "se cursarán" por conducto diplomático.
Según Garcés, los órganos del Poder Ejecutivo, como los ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores, "son mero correo transmisor de las resoluciones del juzgado que dirige el instituto de auxilio judicial internacional que es la extradición".
Además, el tratado "no incluye el estado de salud entre los motivos que permiten denegar la extradición". La inclusión del estado de salud como motivo de rechazo a la extradición, solicitada por Francia, fue rechazada en las instancias de discusión del convenio, recordó Garcés.
Por esas razones, y tras demostrarse que el procedimiento de extradición de Pinochet se encuentra en su fase judicial tanto en España como en Gran Bretaña, los hechos protagonizados por Matutes son una manifestación adicional de su infracción al Código Penal, agregó el abogado. (FIN/IPS/td/mj/ip hd/00
