Los objetivos económicos defendidos para Brasil por el Banco Mundial pueden desvirtuar la reforma del Poder Judicial hoy a consideración del parlamento, advirtió una organización representativa de los jueces.
Las recomendaciones del Banco Mundial, contenidas en su Documento Técnico 319, de 1996, apuntan a una reforma dirigida a la eficiencia económica y al "desarrollo del sector privado" como puntos principales, lo cual constituye una "desviación", advirtió la Asociación de Magistrados de Brasil (AMB).
La enmienda constitucional actualmente en trámite parlamentario es parte de la nueva generación de ajustes pregonada por los organismos financieros internacionales, y relacionada con las instituciones políticas, jurídicas y sociales.
Pero responde también a un viejo anhelo nacional de una justicia menos lenta y más eficaz. Los mismos jueces y abogados reclaman hace mucho modificaciones estructurales en el sistema judicial del país, incapaz de responder a la demanda creciente.
Los objetivos son distintos y pueden llevar a conflictos que por ahora se reflejan en los debates y votaciones en la Cámara de Diputados.
Constituye una "desviación" adoptar el desarrollo económico como "eje fundamental" de la reforma, según Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, quién presidió la AMB hasta el año pasado y acompaña los debates en nombre de los 12.000 jueces que integran la asociación.
El documento del Banco Mundial define la creación de "un ambiente propicio" para "el comercio, financiamientos e inversiones" como objetivo de los cambios tendientes a mejorar la calidad y la eficiencia de la justicia en los países de América Latina y el Caribe.
La AMB discrepa de esa visión y defiende "la garantía de los derechos fundamentales y los valores establecidos en la Constitución" como finalidad central de la reforma, afirmó Carvalho, desembargador (juez de apelación) en Río de Janeiro.
El compromiso de la Justicia en "hacer efectivos los derechos" genera tensiones con intereses económicos, admitió el juez.
Meses atrás, por ejemplo, el ministro de Previsión Social, Waldeck Ornellas, acusó el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Velloso, de desalentar la inversión extranjera.
Velloso había señalado la posibilidad de que el STF declare inconstitucional una enmienda constitucional con que el gobierno pretende legalizar el cobro de contribuciones previsionales a funcionarios públicos jubilados.
Eso afectaría el ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional, considerado indispensable para restablecer la confianza internacional en la economía brasileña.
La reforma judicial puesta en marcha por el gobierno sigue las orientaciones "neoliberales" del Banco Mundial, que también se están imponiendo en Argentina, Chile, Venezuela y otros países latinoamericanos, según Caio Teixeira, coordinador de la Federación Nacional de Trabajadores de la Justicia Federal.
Reducir la estructura y las facultades de la justicia laboral y crear mecanismos privados de solución de disputas son formas de favorecer al capital que tienden a ser aprobados, se lamentó el sindicalista.
La necesidad de una justicia menos morosa, sin embargo, es materia de consenso. Los nuevos procesos judiciales abiertos cada año pasaron de 350.000 en 1988 a 8,5 millones el año pasado, según Ribeiro de Carvalho. Esa multiplicación por 25 no fué acompañada por la cantidad de jueces, que se duplicó.
Al STF llegaron 40.000 procesos en el primer semestre de 1999, pero cerca de 80 por ciento son "recursos repetidos", de casos idénticos a los que ya recibieron un fallo de esa instancia máxima, destacó el presidente de la Corte Suprema.
La obligatoriedad de los tribunales de instancia inferior a seguir los fallos del STF en procesos similares evitaría esa acumulación de recursos que entorpecen la justicia, argumentó.
Ribeiro de Carvalho lamentó que la Cámara de Diputados en su votación inicial haya aprobado ese mecanismo, en lugar de otro sugerido por la AMB y el Colegio de Abogados, que inhibe los recursos pero permite a los tribunales emitir fallos discrepantes, sujetos a revisión en instancias superiores.
La vinculación y otras medidas que tienden a ser aprobadas en el Congreso legislativo, concentrando las decisiones en la cumbre del Poder Judicial, "enyesa" el Derecho, impidiendo su "evolución positiva", estimulada por innovaciones desde la base, argumentó.
Además, la concentración atiende más a intereses del capital, al contrario de la descentralización que amplía posibilidades de reclamos y afirmación de derechos de la población, concluyó. (FIN/IPS/mo/mj/ip hd/00
