El aumento de la violencia en Brasil, reflejado en 45.000 muertos a tiros en 1999 y 2.495 asesinados por escuadrones de la muerte en los tres últimos años, llevaron el gobierno a preparar un plan para contenerla.
El presidente Fernando Henrique Cardoso encargó al Ministerio de Justicia la adopción de un conjunto de medidas este mes, para mejorar la seguridad pública en el país.
La situación es particularmente dramática en las grandes áreas metropolitanas, como Río de Janeiro, Sao Paulo y especialmente Vitoria, capital del centrooriental estado de Espíritu Santo, donde se registra el mayor índice de homicidios.
La estimación del Ministerio de Justicia, de 45.000 asesinados a tiros, corresponde a un índice de 28 homicidios por cada grupo de 100.000 habitantes, cerca de 10 veces el de países menos violentos de Europa.
Las víctimas atribuidas a escuadrones de la muerte alcanzan 2.495 en un informe parcial, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en base a datos de la policía, la prensa y organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Corresponden a sólo 12 de los 27 estados brasileños desde 1997, pero incompletos en varios casos, por no incluir todos los asesinatos del año pasado. En Sao Paulo, por ejemplo, se registraron 681 muertos hasta octubre de 1999.
Entre los estados considerados no se incluye Espíritu Santo, conocido por la impunidad con que actúan los llamados "grupos de exterminio", en los que participan muchos policías.
Además de Sao Paulo, el informe apunta a Río de Janeiro, con un total de 580 asesinatos, y Bahía, con 478, como los estados con mayor cantidad de víctimas de los escuadrones de la muerte.
El asunto repercutió nuevamente en el país después que una Comisión Parlamentaria de Investigación, encargada del narcotráfico, identificó al diputado Hildebrando Pascoal, un ex policía militar, como jefe de las matanzas en el estado de Acre, en el oeste amazánico de Brasil.
Pascoal, quien fue detenido y expulsado del Congreso, es acusado de homicidios crueles, incluso con amputaciones de miembros y cabeza.
Parlamentarios y ex policías de varios otros estados, como Espíritu Santo, Marañón y Piauí, también fueron acusados de matanzas. En algunos casos fueron inhabilitados, presos y enjuiciados.
El lunes fue asesinado Joao Elizio Pessoa, quien en diciembre de 1998 denunció a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados las acciones de grupos de exterminadores, compuestos por policías militares, en el estado de Goias, en los alrededores de Brasilia.
Gois es uno de los estados donde la situación es más preocupante por la impunidad de estos crímenes, según el presidente de la Comisión, Nilmario Miranda.
Sus 101 casos incluidos en el informe sólo se conocieron después que un trabajador murió bajo tortura en un cuartel de la Policía Militar.
Pero también en Bahia, un estado turístico del noreste, las muertes se multiplican y poco se conoce de los grupos responsables, señaló Miranda.
El agravamiento que registran las estadísticas sobre las muertes se debe también a la acción abierta de las policías. En Sao Paulo volvió a aumentar la cantidad de personas muertas por las policías militar y civil, alcanzando 650 el año pasado, contra 525 en 1998.
El gobierno local había logrado reducir esas muertes de 1.428 en 1992, la cifra récord, a un promedio de 479 anuales en los cinco años siguientes, con una política de contención de la violencia policial, a través de castigos, expulsiones y mecanismos de control.
En contrapartida, también aumentó el número de policías muertos, de 116 en 1998 a 175 el año pasado, según Benedito Mariano, contralor de la Policía de Sao Paulo, un cargo creado para hacer menos violentas a las fuerzas de seguridad. (FIN/IPS/mo/ag/ip hd/00
