Los empresarios forestales de Chile prevén un espectacular crecimiento de sus exportaciones hasta 2010, aunque observan con preocupación los conflictos ambientales e indígenas en torno de sus actividades.
Eduardo Hartwig, ejecutivo de tres grandes empresas forestales, dijo al diario El Mercurio que las ventas externas del sector, de 2.000 millones de dólares al año en la actualidad, pueden llegar a 4.500 millones en 2010.
Si se alcanza este objetivo, Chile se transformará en el segundo exportador de maderas, celulosa, astillas (chips) y otros productos silvícolas del hemisferio. Hoy ocupa el cuarto lugar, detrás de Nueva Zelanda, Sudáfrica y Brasil.
Hartwig agregó en la entrevista publicada el lunes que este incremento requerirá de inversiones también del orden de los 4.500 millones de dólares, cuya llegada dependerá de que se despeje la "incertidumbre ambiental" y se solucionen los conflictos indígenas.
La actividad forestal se constituyó en uno de los rubros de punta del comercio exterior chileno desde la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), quien fomentó la inversión privada en plantaciones de bosques.
El instrumento de las exenciones tributarias, acompañado de créditos blandos para planes de reforestación, estimuló plantaciones en gran escala de especies exógenas de rápido crecimiento, como el pino radiata y el eucalipto.
La red ecologista Defensores del Bosque Chileno sostiene que esta política determinó explotaciones en gran escala, con invasión de tierras agrícolas y arrasamiento de áreas boscosas de especies autóctonas.
Los grupos ambientalistas recurrieron en los últimos años a presentaciones ante los tribunales para impedir la materialización de grandes proyectos forestales, consiguiendo en algunos casos su suspensión o paralización.
El proyecto de celulosa Itata quedó detenido la semana pasada tras un fallo judicial, mientras continúa en suspenso el proyecto Cascada para la elaboración en gran escala de astillas en una fábrica con inversiones estadounidenses.
Trillium, otro emprendimiento para producir astillas a partir de bosque nativo, en este caso en la austral zona de Tierra del Fuego, se puso en cambio en marcha hace una semana, tras una lucha judicial de cinco años con organizaciones ambientalistas.
La legislación ambiental entra a menudo en contradicción con las políticas de estímulo a la inversión externa en el ámbito forestal, creando conflictos que se complican por la inexistencia de un marco regulatorio específico para el sector.
Desde 1992 está en debate en el parlamento la Ley del Bosque Nativo, cuya aprobación está demorada por los contrapuestos intereses en torno de ella del Estado, los grupos ecologistas y los grupos empresariales.
Hartwig abogó por una ley que establezca claramente las distintas categorías de bosques nativos y sus regulaciones de explotación, y que igualmente determine incentivos y subsidios para los inversionistas.
La empresarial Corporación de la Madera (Corma) demanda de las autoridades que repongan los sistemas de bonificaciones a la reforestación creados por Pinochet y que fueron suspendidos por las reformas al Decreto 701 sobre inversión externa.
"El proyecto actual (de Ley de Bosque Nativo) no nos satisface y mientras más demore la incertidumbre, tiene efecto en el desarrollo y crecimiento, sobre todo en este sector que maneja inversiones de largo plazo", dijo Hartwig al diario El Mercurio.
El despacho de esa ley será una de las tareas complejas que heredará el presidente electo Ricardo Lagos, quien sustituirá desde el 11 de marzo en la jefatura del gobierno al actual mandatario Eduardo Frei.
Lagos también tendrá que afrontar los conflictos étnicos en el sur del país, que en 1999 se tradujeron sobre todo en enfrentamientos de comunidades mapuches con empresas madereras que ocupan tierras reivindicadas por los indígenas.
Los empresarios forestales sostienen que desde 1997 sufren pérdidas en las regiones del Bío-bio, la Araucanía y de Los Lagos, entre 500 y 1.000 kilómetros al sur de Santiago, como consecuencia de acciones violentas de los indígenas.
Las comunidades mapuches han ocupado fundos (haciendas) forestales para impedir la explotación de bosques y demandar al Estado chileno la devolución de tierras que les fueron adjudicadas por la Corona española.
Los conflictos se han visto acompañados de hechos de violencia, con enfrentamientos, desalojos policiales e incluso incendios de bosques que, según los indígenas, son provocados por las propias empresas madereras. (FIN/IPS/ggr/mj/en if/00
