Grupos ambientalistas apuntan contra la propuesta de un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), tras haber mostrado su fuerza en protestas contra la Organización Mundial de Comercio (OMC).
La iniciativa del ALCA, presentada por primera vez en la Cumbre de las Américas realizada en Miami en 1994, busca la integración económica de las 34 naciones del hemisferio.
Faltan años de negociaciones sobre el ALCA para llegar a un acuerdo, pero organizaciones ambientalistas ya han calificado esa iniciativa como "una pequeña OMC" y un "TLCAN más grande y mezquino", refiriéndose al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Canadá, Estados Unidos y México.
Los activistas, confiados tras las masivas protestas de 1999 durante la III Conferencia Ministerial de la OMC, que fracasó en la ciudad noroccidental estadounidense de Seattle, dijeron que observan de cerca las negociaciones del ALCA, para asegurar que no se realicen de modo antidemocrático, a puertas cerradas.
Temen que el ALCA se parezca a la OMC, cuyos procedimientos y normas denunciaron por estar rodeados de secreto.
Las organizaciones señalaron que los tribunales y audiencias de la OMC están cerrados a los miembros de la prensa, el público, grupos de activistas e incluso fiscales generales de Estados cuyas leyes son contradecidas por las normas de la OMC, las cuales tienen enormes consecuencias para el ambiente.
"Las actuales negociaciones sobre el ALCA mostrarán por primera vez si los gobiernos aprendieron las lecciones de Seattle", expresaron organizaciones estadounidenses en una respuesta formal enviada esta semana al Registro Federal, que solicitó comentarios sobre el ALCA.
El Registro Federal es un boletín diario del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, que informa sobre la agenda de audiencias y las decisiones del Congreso y las agencias federales de ese país.
La decena de organizaciones firmantes incluyó a Amigos de la Tierra, el Centro por una Ley Internacional del Ambiente, el Club Sierra y Defensores de la Naturaleza.
Las organizaciones anunciaron que se opondrán a la aprobación del ALCA por el Congreso, si el presidente estadounidense Bill Clinton y quien lo suceda no logran aprovechar la negociación de la iniciativa para corregir la política comercial estadounidense, dotándola de apertura y transparencia.
"Esperamos que el gobierno estadounidense lleve adelante cambios significativos, tanto en el proceso de negociación como en la sustancia de las importantes reglas comerciales que son discutidas", manifestaron.
Una mayor participación en los procesos domésticos para formular políticas comerciales ayudará a reconstruir la confianza del público y mejorar la calidad de esas políticas en áreas que incluyen el ambiente, afirmaron.
El mes pasado algunas de las organizaciones firmantes criticaron al gobierno de Clinton por apelar la decisión de un tribunal federal que requirió la inclusión de por lo menos dos representantes de grupos ambientalistas en cada uno de dos grupos asesores sobre comercio internacional.
Los consejos de esos dos grupos asesores al Representante Comercial de Estados Unidos, por ejemplo sobre productos de papel y madera, fueron muy tenidos en cuenta para impulsar en Seattle la eliminación de barreras al comercio en esos rubros.
Activistas defensores de los bosques advirtieron que esa eliminación de barreras podía aumentar en forma considerable la actividad de la industria maderera en regiones ecológicamente vulnerables de Chile, Indonesia y Malasia.
Los críticos señalaron que la constitución de los grupos asesores, dominados por la industria, muestra de qué manera se procesan los acuerdos comerciales, incluyendo los de la OMC y el ALCA.
"El gobierno estadounidense debería derribar los muros del secreto y los privilegios de acceso de las corporaciones, que llevan a nuestra agenda oficial de comercio en una dirección antigubernamental", declararon los activistas.
Clinton firmó en noviembre un decreto que exige la aplicación de criterios de seguridad ambiental en todos los nuevos acuerdos comerciales, antes de que sean transformados en leyes por el Congreso.
Los grupos ambientalistas exigen que el gobierno cumpla ese decreto y lleve adelante un estudio del ALCA desde el punto de vista ambiental, con participación de organizaciones no gubernamentales.
"Nuestras organizaciones están deseosas de trabajar con el gobierno para estudiar el ALCA desde el punto de vista ambiental, un ejercicio útil que servirá como precedente para la implementación exitosa del decreto presidencial", aseguraron.
Los activistas expresaron que Estados Unidos debe garantizar que la comisión encargada de representar los intereses de la sociedad civil en el proceso del ALCA mantenga reuniones públicas y registre actas de sus encuentros con grupos cívicos y negociadores.
Advirtieron que de lo contrario ese organismo se parecerá a la Comisión de Comercio y Ambiente de la OMC, que los ambientalistas consideran "un agradable foro de discusión sin participacion significativa en el proceso de decisión de la política comercial".
En la declaración del grupo de organizaciones no gubernamentales se pidió que el ALCA procure la reducción de subsidios perjudiciales para el ambiente.
Esos subsidios incentivan las actividades madereras destructivas y estimulanla deforestación del planeta, arguyeron. También pidieron el cese de los subsidios a las flotas pesqueras comerciales, alegando que llevan a un exceso de capturas y agudizan el saqueo de reservas ya devastadas.
Los grupos piden al Representante Comercial de Estados Unidos que el ALCA no se desarrolle con el modelo del TLCAN, que incluye normas de inversión.
Las normas del TLCAN permiten a las corporaciones demandar indemnizaciones judiciales si consideran que las leyes ambientales de un país reducen el valor de sus propiedades.
Los ambientalistas señalaron que las compañías estadounidenses ya han aprovechado esas normas para demandar a varios países, y advirtieron que esa práctica podría extenderse en el marco de la la OMC y el ALCA.
Una ley aprobada por Canadá trató de proteger la salud de sus ciudadanos de un aditivo para combustibles estadounidense potencialmente dañino, y la firma Ethyl Corporation, que produce ese aditivo, entabló juicio al gobierno canadiense, afirmando que obstruía el libre comercio.
La firma logró que esa ley canadiense fuera derogada en 1999.
Metalclad, otra empresa estadounidense, se quejó al TLC de que se le había impedido abrir una planta procesadora de residuos en México, debido a normas para proteger el ambiente del estado mexicano de San Luis de Potosí.
El ALCA también podría establecer normas que permitan a los inersores obtener compensaciones económicas, cuando arguyan que leyes ambientales de un país afectan sus intereses. (FIN/IPS/tra- en/dk/ks/ego/en if/00)
