El secretario de Comercio de Estados Unidos, William Daley, tratará desde este miércoles en Argentina un asunto clave de la agenda bilateral: la ley de patentes, casi la única cuestión irritante en la relación entre los dos países, que se arrastra hace décadas.
En los años 90, el entonces presidente Carlos Menem estableció lo que denominó alianza estratégica con Estados Unidos, apoyando casi automáticamente todas sus iniciativas en materia de política exterior, pero las patentes siempre fueron motivo de conflicto.
Menem procuró favorecer siempre los planteos estadounidenses en la materia, pero el parlamento —aun los legisladores de su partido, el Justicialista—, se mantuvo casi siempre firme en defensa de los intereses de los laboratorios argentinos, que copian las fórmulas y las venden con otros nombres.
Daley reclamará al gobierno hoy presidido por Fernando de la Rúa que la controvertida norma aprobada en 1995 entre en vigencia en noviembre, tal como estaba previsto, y que no se se acepte ninguna de las prórrogas o propuestas de cambio que estudia el Congreso legislativo.
En Argentina, la falta de una ley que reconozca el derecho de propiedad intelectual de los laboratorios que desarrollan medicamentos fue un problema que persistió y provocó rispideces en la relación bilateral, como lo admitien tradicionalmente funcionarios y embajadores de ambos países.
A pesar de que se sancionó una ley, el asunto sigue generando inquietud, recelos y temores aun hoy. El nuevo canciller, Adalberto Rodriguez Giavarini, debió asegurarle la semana pasada a su homóloga de Estados Unidos, Madeleine Albraight, que la norma entrará en vigor tal como quedó sancionada.
El temor procede de una iniciativa de los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, para obtener una prórroga de otros cinco años para que los laboratorios locales comiencen a pagar los derechos a las firmas extranjeras que desarrollaron las invenciones.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes prometió este lunes que los plazos no serán prorrogados, pero advirtió que de algún modo se debe proteger a la industria local de una competencia para la que no está preparada.
Una de las fórmulas a estudio es la que exigiría a los laboratorios extranjeros a producir sus medicamentos en el país en lugar de importarlos terminados sin requerir de una fábrica, como les permite la norma actual, a despecho de los legisladores que no lo habían establecido así originalmente.
La industria farmacéutica de Argentina, junto con la de Brasil y México, figura entre las más desarrolladas de la región. Entre los tres facturan alrededor de 8.000 millones de dólares. Tanto Brasil como México —y también Chile— tienen ya en vigor una ley de patentes.
Sólo en Argentina, los laboratorios venden por cerca de 4.000 millones al año. Los fabricantes nacionales tienen una cuota de 55 por ciento del mercado, en tanto los extranjeros estiman su participación en 45 por ciento. Entre ambos, emplean a más de 35.000 trabajadores.
Los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, consideran que el asunto es delicado, porque una vez que se ponga en marcha la norma podrían cerrar muchos laboratorios nacionales y los extranjeros podrían levantar sus fábricas y limitarse a importar los remedios producidos por sus casas matrices.
No obstante, hasta el momento, la permanencia de los locales no fue una garantía de precios bajos. Por el contrario, Argentina es uno de los 12 países que más dinero gasta en medicamentos en el mundo, de acuerdo con un estudio realizado por la organización no gubernamental Isalud.
El presidente de Isalud, el médico y ex ministro de Salud Ginés González García, aseguró que el encarecimiento responde a la presión tanto de laboratorios locales como extranjeros para que el médico recete marcas de fantasía y no genéricos —cuya composición se limita al principio activo—, como establece la ley.
En verdad, la norma aprobada por los legisladores en 1995 establecía un plazo "de transición" de ocho años para la entrada en vigor de la ley, de manera de dar un período de adecuación a los laboratorios locales. Asimismo, exigía a los extranjeros producir sus invenciones en el país.
Pero Menem vetó esos dos artículos, y ordenó que la normativa entre en vigencia de inmediato, tal como reclamaban los laboratorios extranjeros. Los legisladores, en abierto desafío al presidente que solía imponer sus criterios al menos en su bloque, ratificaron lo aprobado.
No obstante, y ante la insistencia del presidente, las advertencias de la cancillería acerca del peligro de sanciones comerciales y de los cabildeos de los propios laboratorios extranjeros, la norma se modificó y el plazo se redujo a cinco años, sin la exigencia de producción local.
Estos cambios no conformaron a nadie. Para los empresarios locales, significaba un retroceso, y para los extranjeros, un período de espera que consideraban arbitrario.
El entonces secretario de Comercio de Estados Unidos, Mickey Kantor, consideró "inaceptable" la ley. Pero una vez transcurrido el período establecido, su sucesor, Daley, clama por la vigencia de aquella norma tan criticada.
El temor ahora radica en que los legisladores puedan extender de nuevo el plazo amparándose en las normas internacionales. La Organización Mundial de Comercio estableció que los países en desarrollo podían tomarse un plazo de transición de hasta 10 años para poner en marcha una ley de patentes.
Por eso, empresarios de laboratorios que viajan con Daley se reunirán con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Pascual, y no se descarta que a la cita se sume el propio funcionario estadounidense.
La discusión se centrará entonces en el reclamo de los legisladores para que se exija la producción en el país, de modo tal que no ocurra lo que pasó en Chile, donde, una vez sancionada la ley de patentes, se cerraron en pocos meses las fábricas de Phfizer, Bayer y Shering.
Los representantes de los laboratorios extranjeros se oponen a esta eventual reforma de la ley.
"La obligción de fabricación local es antijurídica. Es absurdo que se exija al laboratorio descubridor de una fórmula y dueño de la patente elaborar el medicamento en el país", se quejan los fabricantes extranjeros. (FIN/IPS/mv/mj/if he/00
