La austeridad que muestra hasta en los pequeños detalles el gobierno de Argentina podría agotarse como gesto político, si los funcionarios no muestran reflejos para contrarrestar la fuga de empresas atraídas por los bajos costos en Brasil y su impacto en el empleo.
El presidente Fernando de la Rúa, que sucedió el 10 de diciembre a Carlos Menem, hizo su primera gira internacional con una comitiva de menos de 10 personas volando en un avión de línea. Los fotógrafos registraron el momento en que pagó de su billetera el costo del exceso de equipaje.
El vicepresidente Carlos Alvarez va a trabajar cada día en taxi o en el popular tren subterráneo. En su despacho, su equipo de colaboradores, 10 veces menos de los que tenía su antecesor, se ocupa de que funcionarios y legisladores devuelvan teléfonos celulares que seguían usando a costa del Estado.
En diálogo con IPS, el economista Eduardo Curia remarcó que "esos gestos están muy bien", pero advirtió que "ni de lejos" pueden llegar a resolver el problema de fondo que radica en la falta de competitividad de la economía argentina frente a la de su socio Brasil.
La situación recrudeció en 1999, cuando el real, la divisa brasileña, se depreció 40 por ciento a partir de la devaluación de enero.
Desde entonces, se estima que un centenar de empresas, en especial fábricas de piezas de vehículos, trasladaron sus fábricas o líneas de producción Brasil, donde a los costos más bajos por la depreciación se suma la política de incentivos a la radicación de empresas que tienen los diversos estados.
La Unión Industrial Argentina aseguró que este proceso afectó a unos 10.000 operarios, un deterioro que podría continuar en los próximos meses si no se toman medidas urgentes para estimular la competitividad respecto de mercados vecinos.
"Este movimiento es muy pronunciado. Muchas se van, otras amenazan y otras se preguntan por lo bajo cuánto tiempo más podrán aguantar", comentó Curia, quien además consideró muy negativa la ley aprobada por el parlamento a iniciativa del gobierno que aumentó impuestos a los consumidores.
La austeridad del estilo de De la Rúa podría parecer obvia a un lector distraído, pero resulta un cambio brusco respecto del derroche que caracterizó al gobierno de Menem y que no sólo fue eje de la campaña proselitista sino una de las principales causas del triunfo del nuevo presidente.
Menem tenía un avión valuado en 100 millones de dólares, que De la Rúa se comprometió a vender, y volaba con comitivas de hasta 100 personas en las que nunca faltaba su peinador, su hija, las amigas de su hija y la modista de su hija. También viajaban sus amigos, empresarios y periodistas.
Sin embargo, los problemas económicos que enfrenta el nuevo mandatario representan un desafío mucho mayor, y en este sentido, sus demostraciones de ahorro y la de sus funcionarios son insuficientes para seguir construyendo la confianza de inversores y de los ciudadanos en general.
De la Rúa asumió en un año crítico. En 1999, la economía retrocedió casi cuatro por ciento, y si bien todas las estimaciones coinciden en que este año crecerá, lo hará en el mismo porcentaje que cayó en los últimos 12 meses.
El desempleo, que se ubicó en 14,2 por ciento, se mantendrá "estable", prevén los observadores.
El presidente, que todavía no cumplió dos meses de gestión, confesó haber recibido una pesada carga. El déficit fiscal, estimado en 10.000 millones de dólares, fue el más alto de la década de gobierno de Menem, un hecho que obligó a inaugurar la administración con un ajuste, aún en plena recesión.
El ajuste, para reducir el desequilibrio a 4.500 millones de dólares, fue la llave para un acuerdo con el Fondo Monterio Internacional por 7.000 millones. A su vez, el acuerdo con el organismo financiero multilateral permitirá a los inversores recuperar la confianza en esta economía emergente.
Pero paralelamente a estos aparentes logros, el gobierno deberá iniciar un severo ajuste en las provincias, que ya están muy golpeadas por la crisis socioeconómica.
Además, deberá reducir más el gasto público e incentivar a personal estatal a abandonar los puestos para enfrentarse a un incierto mercado laboral.
El canciller Adalberto Rodriguez Giavarini anunció que negociará una "tregua" con Brasil para evitar que escalen los conflictos comerciales pendientes, pero Curia sostuvo que esta posición de mantener el "status quo" solo contribuirá a agravar las cosas.
Las empresas reclaman políticas activas, y este es el renglón en el que el gobierno está más atrasado. Créditos accesibles, incentivos, rebajas impositivas y aliento a las exportaciones siguen siendo por ahora temas de debate entre funcionarios y representantes de la industria, el campo y los servicios.
Mientras, la población, celebra la llegada de una austeridad que en otro momento histórico podía ser obvia, pero cada día confía menos en que el gobierno sea capaz de reducir en el corto plazo la desocupación, que se constituye en principal preocupación de una mayoría de encuestados. (FIN/IPS/mv/mj/if/00
