Una controvertida reforma laboral dividió en Argentina a la central sindical Confederación General del Trabajo (CGT) y entre los disidentes se insinúa una movilización permanente contra el nuevo gobierno.
La división se hizo efectiva este miércoles, cuando numerosos dirigentes forzaron las puertas de la CGT para realizar una reunión que los ahora llamados "dialoguistas" habían suspendido por considerar que ya no era necesaria una asamblea para anular la huelga anunciada para el jueves.
Los disidentes confirmaron el paro y compararon al otro grupo con "mercaderes que se llenan los bolsillos" al acordar una reforma que el gobierno propuso en consonancia con recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional sobre los cambios que necesita Argentina.
La reforma atomiza el poder de negociación sindical, al permitir convenios de trabajo por empresa o por rama de actividad y pone fin a la renovación automática de acuerdos que protegían derechos laborales y fija un período de prueba mínimo de tres meses para los nuevos empleados de empresas, entre otras cosas.
El proyecto legitimará la precariedad laboral, dicen sus críticos, que señalan al respecto un alto desempleo, de 13,8 por ciento de la población económicamente activa, el hecho de que 40 por ciento de los trabajadores no realizan aportes al seguro social y la la vulnerabilidad de quienes están empleados y temen quedar cesantes.
En los últimos 10 años aumentaron en promedio de 18 a 189 los convenios laborales por empresa realizados por año y disminuyeron de 109 a 28 los acuerdos que consiguió el sindicato en representación de todo el sector de actividad. Sin embargo, el desempleo sigue elevado y no se crean nuevas fuentes de trabajo.
"Los trabajadores están aceptando cualquier cosa con tal de no perder el empleo. Cuando una azafata murió al caer de un avión por una puerta que no funcionaba, las trabajadoras no quisieron ir a una huelga porque tenían más miedo a perder el empleo que la vida", ejemplificó Alicia Castro, del sindicato de aeronavegantes.
El gobierno de Fernando de la Rúa, instalado el 10 de diciembre, considera que la reforma laboral permitirá el descenso del desempleo, aunque sea a costa de la anulación de algunas conquistas de quienes trabajan.
De hecho, muchos empleados aceptan hacer horas extra sin cobrarlas o trabajar siete días a la semana, y la norma daría un marco legal a esa realidad.
Pero el sector disidente calificó de "traidores" a los "dialoguistas", ratificó la medida de fuerza prevista para este jueves y advirtió que si fuera necesario hará "el doble" de los 13 paros que desgastaron al gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989).
La huelga y la movilización de este jueves fueron convocadas al comenzar la negociación de los sindicatos con el gobierno. La fecha fue elegida por coincidir con la discusión en la Cámara de Diputados de la reforma laboral, que finalizará probablemente con la aprobación del proyecto.
El sindicalismo organizado en la CGT despertó del letargo en que se mantuvo durante la gestión de Carlos Menem (1989-1999) a pesar del rápido incremento de la desocupación y del retroceso en materia de derechos laborales verificados en esos 10 años.
Su inactividad en los dos periodos de gobierno de Menem destruyó la imagen de los dirigentes de la CGT ante gran parte de la opinión pública. Según las encuestas, siete de cada 10 argentinos desconfían de los líderes sindicales, que tienen residencias costosas y automóviles último modelo, en un contexto de profunda crisis laboral.
Asimismo, la afiliación a los sindicatos diminuyó en los últimos 15 años de 70 a 35 por ciento de la población económicamente activa, reduciendo la capacidad de la central de cambiar las decisiones de los gobiernos.
La CGT, que se organizó hace más de medio siglo como columna vertebral del justicialismo (peronismo), permaneció en la retaguardia mientras ese partido gobernaba, encabezado por Menem, señalaron los analistas.
Pero ahora, al cambiar el color político del gobierno, se abren paso los dirigentes más decididamente opositores.
"Yo no me vendo, a mí no me compran con prebendas o promesas, ni voy a convalidar la traición a los trabajadores", advirtió este miércoles el dirigente camionero Hugo Moyano, que se perfila como líder de una corriente sindical que podría traer fuertes dolores de cabeza a De la Rúa.
De la Rúa pertenece a la Unión Cívica Radical, el partido que había llevado al gobierno a Alfonsín. Pero la actual administración está respaldada por una coalición, la Alianza, de la que también participa el centroizquierdista Frente País Solidario que hasta hace poco apoyaba a sindicatos apartados de la CGT.
El presidente buscaba una reforma laboral que permitiera crear fuentes de trabajo en un país en que el desempleo es la preocupación primordial de la sociedad. Aunque el acuerdo alcanzado por el gobierno con el grupo más desprestigiado del sindicalismo no conformó a nadie.
Los empresarios pequeños y medianos creen que las condiciones que propone la reforma no servirán para crear empleo si persiste la falta de competitividad de las exportaciones, y los grandes tampoco la aprueban por completo, por considerarla sólo un "paso adelante" y "una modernización".
En cuanto a los "dialoguistas", se dieron por satisfechos con algunos cambios que el Poder Ejecutivo introdujo el martes a la iniciativa original. El dirigente bancario Juan José Zanola consideró que el gobierno hizo una serie de modificaciones al proyecto que si bien no atienden todas las necesidades, obligan a suspender el paro.
Los sindicalistas opositores descalificaron los argumentos de quienes hasta ahora eran sus compañeros en la central, y atribuyeron el acuerdo a la garantía que ofreció el gobierno a los "dialoguistas" de que no perderían el porcentaje que los afiliados aportan cada mes al sindicato.
Castro, del sindicato de aeronavegantes, explicó que el propio ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, después de descalificar a los sindicalistas, optó por negociar con ellos, con los que tienen la imagen más devaluada en el ambiente de los trabajadores.
El dirigente de los trabajadores estatales Víctor de Genaro, opuesto a la reforma, explicó de qué manera la cúpula sindical puede ser manejada por las autoridades, a cambio de concesiones para su propio beneficio.
De Genaro dijo que durante la gestión de Menem, el gobierno ofreció a su sindicato 0,4 por ciento de la masa salarial de los empleados del sector a cambio de la aprobación de un convenio que precarizaba las condiciones de trabajo.
Su organización se retiró entonces de la negociación, pero otro sindicato de empleados del Estado aceptó la propuesta. (FIN/IPS/mv/ff/lb/00
