La Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que sesionó en la capital de Perú, exigió mayor participación de las mujeres en el poder político para asegurar una rápida erradicación de la inequidad de género.
La conferencia fue preparatoria del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas bajo la consigna "La mujer en el año 2000: igualdad de género, desarrollo y paz en el siglo XXI", que se realizará en junio.
Los documentos presentados y la conclusión final incorporan la cuestión de la paz social, la violencia doméstica y la pobreza como factores que agravan la inequidad en detrimento de las mujeres.
Las mujeres reunidas en la conferencia regional, reunida el miércoles y jueves, reiteraron que la solución a esos problemas únicamente se producirá en la medida en que las organizaciones femeninas logren abrirse espacios propios en la estructura de poder político de sus países.
La marcha de las mujeres hacia posiciones de poder político es respaldada en varios países de la región con leyes que establecen cuotas femeninas mínimas en las listas de candidatos parlamentarios y municipales, pero todavía no se ha abordado esta cuestión en otros.
"En una sociedad machista como la mexicana, las mujeres dirigen dos de los mayores partidos políticos, una es jefa de gobierno de la capital y dos son ministras. Pero solo ocupamos 0,9 por ciento de los puestos de gobierno y no alcanzamos los cargos de máxima decisión económica", dijo la activista Maruja González.
La peruana Carmela Eizaguirre observó que las normas de su país establecen una cuota mínima de mujeres candidatas a cargos de elección de 25 por ciento, "pero falta perfeccionar la ley para que no sean ubicadas como relleno y al final de las listas".
"El movimiento feminista es el más fuerte en Ecuador después del indígena. Según la ley, el 20 por ciento de los candidatos deben ser mujeres", expresó Margarita Carranco, coordinadora de la organización no gubernamental Mujeres Ecuatorianas.
"Las mujeres de América Latina y el Caribe estamos avanzando hacia las metas trazadas en la Plataforma de Acción de Beijing", aprobado por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995, comentó la feminista peruana Gina Vargas al término de la conferencia.
"Pero el avance es insuficiente y los gobiernos de la región deben comprometerse mas", sostuvo Vargas.
Un centenar de mujeres con camisas rojas se apostaron frente al hotel donde se celebraba la conferencia con pancartas reclamando "más acción y menos palabras", "igualdad de género ahora" y "no a la violencia social y doméstica".
"Los gobiernos de han comprometido nuevamente, pero las mujeres conocemos la distancia entre las declaraciones políticas oficiales y la acción concreta", dijo Vargas a las manifestantes.
Ana María Portugal, del Servicio Femenino Internacional de Información y Comunicación, con sede en Santiago de Chile, añadió "el avance se da, sobre todo, en el campo de la conciencia de las mujeres, a pesar de la falta de recursos".
Los resultados de la conferencia se resumieron en el "Consenso de Lima", firmado por representantes de 32 países de la región, nueve de Europa, Japón, el Vaticano, agencias internacionales de desarrollo, con el respaldo de casi un centenar de organizaciones no gubernamentales feministas.
Los representantes gubernamentales lograron que las organizaciones feministas admitieran el párrafo que reconoce "los esfuerzos realizados por los gobiernos de la región para institucionalizar la perspectiva de género en las políticas publicas".
A su vez, las ONG lograron que lo gobiernos admitieran que no solo "la estructura fundamental de las relaciones entre los géneros sigue siendo desventajosa para las mujeres", sino que "persisten en la región las profundas inequidades económicas y sociales" que agravan la situación de los sectores marginados.
En la comisión que discutió el documento, las delegaciones gubernamentales de Estados Unidos y de países europeos quisieron evitar o al menos atenuar la referencia al impacto negativo de la globalización económica y la liberalización comercial en el tejido social de los países en desarrollo.
Sin embargo, el Consenso de Lima reconoce, finalmente, que esos factores, así como los programas de ajuste estructural, la deuda externa y la migración "afectan negativamente en la situación de las mujeres de las regiones menos desarrolladas y provocan la desintegración de familias, comunidades y naciones".
El documento recoge el compromiso de los gobiernos asistentes a "promover efectivamente la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing" y a "participar activamente en el proceso de evaluación y seguimiento" del avance al respecto.
Los gobiernos también se comprometieron a reorientar sus políticas públicas "para colocar la equidad social y de género en el centro de las preocupaciones gubernamentales".
Esto significa que deberán crear o fortalecer los mecanismos institucionales para la promoción de la mujer y la igualdad de oportunidades, dotándolos de recursos adecuados, personería jurídica y autonomía presupuestal, así como el respaldo político al más alto nivel.
El documento precisa que los gobiernos firmantes se comprometen a apoyar y fortalecer el trabajo de las organizaciones y redes de mujeres en la sociedad civil.
Esto debe suceder así "para ampliar su capacidad de ejercer influencia en la vida pública en lo que respecta a la búsqueda de solución al problema de la desigualdad de la mujer y su participación en el diseño, evaluación y monitoreo de las políticas publicas", sostiene el Consenso de Lima. (FIN/IPS/al/mj/ip dv/00
