La peor catástrofe natural en la historia de Venezuela también dejó como secuela una polémica sobre presuntas violaciones de los derechos humanos, atizada por las dudas del presidente Hugo Chávez en torno a las denuncias de periodistas y organizaciones no gubernamentales (ONG).
"Esperamos una actitud coherente con la revolución que dice encabezar", planteó este martes la periodista Vanessa Davies, del diario El Nacional, en una carta abierta de respuesta a Chávez, quien le había pedido que revelara sus fuentes.
Davies y su colega Rafael Lastra publicaron declaraciones de testigos cuyos nombres guardaron en reserva sobre ejecuciones extrajudiciales atribuidas a cuerpos de seguridad en el estado costero de Vargas, el más afectado por el desastre natural del 16 de diciembre.
Los artículos aparecieron después de un informe de Provea, una ONG que a comienzos de este mes había alertado sobre unos 20 casos de ajusticiamiento de saqueadores y violadores en medio de las ruinas de Vargas.
Chávez, quien ha colocado la defensa de los derechos humanos como una de las principales misiones de su gobierno, puso el tema sobre la mesa de debates durante un discurso televisado el día 7, en el cual se refirió al informe de Provea.
En esa ocasión se mostró disgustado porque el informe no contenía pruebas concretas y calificó su contenido como "superficial, rayando en la irresponsabilidad".
El mandatario dijo entonces que de inmediato se iniciarían las investigaciones. El domingo aseguró que no ha conseguido ningún testimonio corroborando las denuncias, por lo cual pidió a los periodistas que revelaran los nombres de sus testigos, y aseguró: "Respondo con mi vida por su seguridad".
"Pido públicamente esos nombres", añadió Chávez en su habitual programa de radio dominical, que tiene una amplia difusión en todo el país.
Davies manifestó que está dispuesta a reunirse con el presidente, pero adelantó que no le revelará sus fuentes, amparada en disposiciones de la nueva Constitución aprobada el 15 de diciembre y por la ley de Ejercicio del Periodismo.
La periodista, que escribió una serie de crónicas sobre la magnitud de la devastación, consideró este lunes durante un debate en televisión que la intervención presidencial es intimidante, y aseguró que se siente presionada tras haber sido señalada por el mandatario.
A su vez, el presidente justificó sus dudas en torno a las denuncias porque no hay testigos identificables, ni evidencias físicas, ni denuncias de desaparición o asesinato de parte de los eventuales familiares de saqueadores.
Chávez ratificó el compromiso de su gobierno con la defensa de los derechos humanos, que según dijo fue uno de los motivos por los cuales se propuso promover un cambio político al cual califica como "revolución pacífica y democrática".
Pero su descalificación de Provea generó una gran cantidad de reacciones en defensa de la organización, con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
El Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic), otra ONG defensora de los derechos humanos, consideró que la actitud del presidente constituía un "precedente negativo".
"El único mensaje que debería dar el gobierno en relación con las presuntas violaciones de derechos humanos es que éstas serán investigadas con seriedad", comentó la directora de Cofavic, Liliana Ortega, en declaraciones difundidas este martes.
Tanto la Fiscalía General como la Asamblea Constituyente que redactó la nueva carta fundamental han anunciado investigaciones para tratar de determinar si en realidad hubo ajusticiamientos.
"Si en algo somos celosos es en el respeto a los derechos humanos", aseguró el presidente de la Asamblea, Luis Miquilena, quien garantizó que si aparecen testigos "el Estado los va a proteger".
Las investigaciones se centran en la actuación de efectivos militares y policiales desplegados en Vargas después que avalanchas de lodo y piedras dejaron la zona sumida en la muerte y la destrucción.
En medio de la tragedia, grupos de personas se dedicaron a saquear viviendas abandondas y también hubo denuncias de violaciones. Chávez recomendó mano dura contra los delincuentes, aunque prefirió no declarar estado de emergencia, según dijo justamente para evitar excesos.
Los testigos anónimos citados tanto por Provea como por artículos periodísticos hablan de fusilamientos durante las actividades de represión.
El ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, no descartó que hubieran ocurrido violaciones de los derechos humanos, pero estimó necesario aportar pruebas, y coincidió con Chávez en que los periodistas deben entregarlas.
"Es importante que un profesional de los medios de comunicación no solamente informe, sino que también de alguna manera colabore con la investigación", comentó este lunes Rangel, quien antes de llegar al gobierno ejerció el periodismo e hizo numerosas denuncias.
Rangel consideró muy importante el planteamiento de Provea, pero también se preguntó: "¿Cómo se puede establecer la certeza de una información si no se dan nombres de víctimas, no se dan nombres de victimarios, no se dan nombres de testigos?". (FIN/IPS/lc/ag/hd-ip/00
