Un banco estatal de Venezuela decidió aclarar las zonas oscuras de una sonada operación antidrogas conocida por el nombre clave de "Casablanca", y para lograrlo llevará a juicio al gobierno de Estados Unidos.
La demanda contra el servicio de aduanas de Estados Unidos comenzará a tramitarse el 16 de mayo en ese país, informó el Banco Industrial de Venezuela, que busca la reparación de daños materiales y morales causados por esa operación.
En 1998, la operación Casablanca contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico quedó al descubierto con el arresto de más de un centenar de personas y el decomiso de casi 70 millones de dólares a bancos mexicanos y venezolanos.
El Banco Industrial de Venezuela, que fue exonerado de responsabilidad, quiere recuperar más de cuatro millones de dólares que nunca le fueron devueltos por las autoridades de Estados Unidos.
Pero, además, busca una reparación por la forma en que se realizó la operación en Venezuela, con el ingreso de agentes estadounidenses portando identidades falsas y sin informar a las autoridades locales, tras la misión de incitar al delito a banqueros y funcionarios del Estado.
"Hemos decidido actuar como nación, como Estado", con pleno respaldo de la cancillería venezolana, comentó esta semana el presidente del Banco Industrial, Fernando Alvarez Paz.
"Estamos actuando como cualquier agente económico estadounidense o extranjero dentro de Estados Unidos, cuando siente que le han violentado sus derechos más elementales", precisó el presidente del banco estatal.
Después del impacto inicial provocado por los resultados de la operación Casablanca, se conocieron algunos detalles que arrojaron sombras sobre mecanismos utilizados para desarticular la red de lavado de dinero.
Una de ellas fue la contratación millonaria de una persona vinculada al narcotráfico, Fred Mendoza, para que participara en el operativo, un dato que fue difundido en pleno juicio a algunos de los detenidos en Estados Unidos, a mediados del año pasado.
Según trascendió, Mendoza viajo a Venezuela con Mickey Guariño y Marcos Cisneros en julio de 1997. Después se supo que eran las identidades falsas de dos agentes de aduanas de Estados Unidos, quienes actuaron de manera encubierta incluso ante representantes del Estado venezolano.
Las autoridades de este país no fueron informadas de esa operación, dijo Alvarez Paz, pese a que estaría previsto en los acuerdos antidrogas. Según autoridades venezolanas participaron en una conspiración criminal al incitar a banqueros a delinquir.
Alvarez Paz comentó que tal vez desconocían que el Banco Industrial es propiedad del Estado cuando lo incluyeron en su lista. "Incitaron con procedimientos totalmente ilegales en el país a oficiales de una agencia del gobierno venezolano a involucrarse en actividades delictivas".
Los métodos utilizados para la operación generaron en su momento protestas oficiales por parte de Venezuela.
Un informe parlamentario planteó que la conducta de los agentes estadounidenses "evidencia una violación a la soberanía venezolana", y destacó que no se pudo demostrar la participación directa de ningún banco en este país en actividades de lavado de dinero.
Finalmente, los tribunales estadounidenses siguieron proceso a media docena de venezolanos, pero el juicio aún no ha concluido.
Una de las procesadas, Esperanza Matos, era directiva de la agencia del Banco Industrial en Miami. Pero la fiscalía de ese país admitió al comienzo del juicio que no había bases para suponer la existencia de responsabilidades corporativas.
Alvarez Paz dijo que, considerando esa exoneración, el decomiso de más de cuatro millones de dólares a la institución fue un acto "arbitrario" y advirtió que esos fondos son "propiedad del pueblo venezolano" y no provienen del lavado de dinero. (FIN/IPS/lc/dm/if ip/00
