Historias de saqueos y ejecuciones en zonas devastadas por la peor catástrofe natural de Venezuela crearon un clima de fricción entre el gobierno y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El fiscal general, Javier Elechiguerra, se trasladó este martes al estado costero de Vargas, destruido por avalanchas de lodo y piedras, para conocer en directo denuncias de los pobladores, como parte de la investigación de hechos producidos después de la catástrofe.
El gobierno, entretanto, garantizó que también investigará las versiones sobre violación de derechos humanos y sancionará a los culpables, aunque puso en duda un informe que citaba denuncias anónimas acerca de la ejecución de saqueadores.
Dos organizaciones no gubernamentales (ONG) con una labor reconocida en defensa de los derechos humanos reaccionaron frente a críticas del gobierno, incluso rechazando lo que consideraron un intento de "deslegitimizar y criminalizar" su trabajo.
El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) aclaró que sus denuncias buscan motivar investigaciones que corresponden al Estado, mientras que el Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic) emitió un comunicado manifestando preocupación por la actitud del gobierno.
El detonante fue un informe de Provea que hablaba de abusos policiales y militares, incluyendo el ajusticiamiento de saqueadores, durante el despliegue de fuerzas para hacer frente a la catástrofe comenzada el 16 de diciembre.
Pero el tema fue colocado en primera fila por el presidente Hugo Chávez, quien el viernes, en un discurso televisado no ocultó su molestia por la filtración a la prensa del informe, el que calificó de "superficial, rayando en la irresponsabilidad".
"Mi gobierno ha sido un defensor a ultranza de los derechos humanos", dijo Chávez al anunciar una investigación de los hechos, mientras cuestionaba la seriedad y las intenciones de Provea.
El ministro de Defensa, Raúl Salazar, señaló el lunes que si no se comprueban los hechos, los dirigentes de la ONG "tendrán que disculparse". El ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, confirmó que habrá una "severa investigación", aunque destacó la importancia de dar denuncias con nombre y apellido.
"A diferencia de lo que ocurría antes, existe voluntad gubernamental de sancionar a los responsables", aseguró Rangel.
Las lluvias caídas en la madrugada del 16 de diciembre provocaron inundaciones y aludes, con el resultado de miles de muertos, unos 150.000 damnificados y una gran destrucción de infraestructura pública y privada.
El estado Vargas, 40 kilómetros al norte de la capital, llevó la peor parte. Las avalanchas de lodo y piedras alteraron su geografía y obligaron a los sobrevivientes a abandonar sus viviendas.
Numerosos testigos denunciaron a través de medios locales el saqueo de tiendas y viviendas en el desolado Vargas. De acuerdo con los testimonios, los saqueadores lanzaban en algunos casos los televisores desde los balcones.
El gobierno desplegó un amplio operativo militar y policial en la zona, para apoyar el difícil operativo de evacuación de supervivientes y realizar labores de vigilancia.
El informe de Provea cita una docena de testimonios según los cuales personas acusadas de saqueos fueron ejecutadas.
"Nuestra intención no es polemizar con el presidente, sino que se abran las investigaciones", dijo el director de Provea, Raúl Cubas, quien el lunes se entrevistó con ministros en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.
Cubas aseguró que el objetivo de la organización de derechos humanos al difundir el informe fue cumplir una "labor preventiva", para que "el Estado haga la investigación".
La fiscalía general y la defensoría del pueblo aseguraron que las investigaciones están en marcha. La defensora del pueblo, Dilia Parra, tomó distancia de las palabras de Chávez al afirmar que Provea es considerada una organización seria.
Cofavic, por su parte, calificó de "precedente negativo" el cuestionamiento del gobierno a Provea.
"Las ONG, cuando presentamos nuestras observaciones y consideraciones, lo que esperamos es que los órganos competentes investiguen y castiguen a los responsables, si el caso lo amerita", dijo.
Cofavic libró una larga batalla para que el Estado admitiera su responsabilidad en el "Caracazo" en febrero de 1989, cuando unas 300 personas murieron a raíz de la represión de un motín popular en la capital contra el alza del precio de la gasolina que había dado lugar a saqueos generalizados.
El gobierno de Chávez, instalado 10 años después de aquellos hechos, aceptó esa responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Las ONG no nos amedrentaremos porque se nos amenace con la posibilidad de investigarnos y sancionarnos por las denuncias que formulamos", aseguró Cofavic. (FIN/IPS/lc/ff/hd/00
