La presión para que el general chileno Augusto Pinochet, hoy detenido en Londres, sea sometido a juicio por los crímenes cometidos bajo su dictadura (1973-1989) aumenta en varias naciones europeas y en su propio país.
Al vencer este lunes el plazo dado por el ministro del Interior británico Jack Straw para que las partes implicadas en el proceso de extradición de Pinochet presenten sus alegaciones, aumentaron las presiones para que no libere al ex dictador.
Mientras en Chile se informaba que seis abogados pedirán el desafuero de Pinochet de la banca senaturial que ocupa en desde marzo de 1998, en España el juez Baltasar Garzón dio instrucciones a la Fiscalía británica para que apele ante la justicia de ese país si Straw resolviera rechazar su pedido de extradición.
También el gobierno de Bélgica anunció que presentaría un recurso ante el Alto Tribunal de Londres para impedir la liberación de Pinochet. Los tribunales franceses y suizos se pronunciaron con anterioridad en el mismo sentido.
Tras una serie de incidentes entre el gobierno español y el juez Garzón, el magistrado logró este lunes que el ministerio de Asuntos Exteriores transmitiera sus instrucciones a la Fiscalía británica.
El canciller Abel Matutes afirmó la semana pasada que su gobierno no cursaría instrucciones para apelar una eventual liberación de Pinochet por Straw y, entre otras cosas, invocó un acuerdo en tal sentido con el gobierno chileno.
La situación llegó al extremo de que la cancillería retuvo una comunicación de la Fiscalía británica dirigida a Garzón.
Sólo ante la insistencia de éste y una reclamación pública contra la actitud de la cancillería de los abogados que dirigen la acusación contra Pinochet, ese ministerio entregó este lunes el documento a Garzón.
El juez, quien ya disponía —por vías no oficiales— de una copia de ese documento, trabajó en la respuesta todo el fin de semana y este lunes lo entregó al gobierno para su traslado a Londres. También remitió copia por fax a la Fiscalía británica.
En su escrito de este lunes, Garzón subraya que en la eventualidad de una negativa de Straw a la extradición, la Fiscalía deberá recurrir esa resolución ante el Tribunal londinense correspondiente.
Straw anticipó 10 días atrás que, tras recibir un informe médico sobre la salud de Pinochet, "se inclinaba" por negar la extradición, por entender que el procesado no estaría en condiciones de soportar un largo juicio en España.
Ese es el argumento más rechazado por Garzón, los abogados acusadores, las organizaciones de derechos humanos y las de los familiares de las víctimas de la represión pinochetista.
Garzón expone en el documento enviado este lunes a Londres que el desconocimiento del informe médico impide pronunciarse sobre la salud del acusado con seriedad y desde un punto de vista jurídico. Straw mantiene el informe en secreto por pedido de Pinochet.
Para poder decidir, añade, es necesario conocer los informes de que dispone el Ministerio del Interior británico. Además, se requiere elaborar un dictamen "previo reconocimiento por dos médicos forenses expertos en psiquiatría".
Asimismo, subrayó el juez español, Pinochet ni solicitó el examen médico ni pidió ser devuelto a Chile por motivos de salud. Tanto es así, añade, que mantiene su recurso de apelación ante la Suprema Corte de Justicia británica, contra el fallo de la Cámara de los Lores que aprobó el pedido de extradición.
Pinochet gozará de todas las garantías para su defensa en España, destacó Garzón.
Pero "en el momento actual el único derecho de defensa no respetado, con violación de la Constitución, es el derecho de defensa de las víctimas, a quienes se les impide incluso la posibilidad de nombrar un perito médico que examine al procesado", sostuvo.
Por último, el juez reclamó que se tenga presente que "la extradición se basa tanto para Inglaterra como para España en el cumplimiento del Convenio Europeo de Extradición y de la Convención contra la Tortura, obligaciones internacionales irrenunciables para todos los Estados que los han ratificado".
España, Gran Bretaña y Chile ratificaron la Convención contra la Tortura.
Por otro lado, los abogados españoles que asesoran a Pinochet sostienen que un enjuiciamiento del ex dictador en Madrid violaría las leyes de este país, porque el acusado no podría ejercer su derecho de defensa, pues su estado de salud se lo impediría.
Pero tampoco permiten que se dé a conocer el informe médico en el que Straw basaría su decisión.
El gobierno español ha reiterado que respeta y respetará la autonomía del Poder Judicial. También ha comunicado al gobierno de Chile que no apelará la decisión de Straw.
Ahora tiene nuevos elementos expuestos por Straw y Garzón, que cuestionan su decisión de no respaldar una apelación.
Lo más complicado para José María Aznar es que todo esto está transcurriendo en plena campaña electoral, ya que el día 17 anunció la disolución del parlamento y la convocatoria de elecciones generales para el 12 de marzo. (FIN/IPS/td/mj/ip hd/00
