El gobierno de Chile y los partidarios de Augusto Pinochet se mostraron cautelosos con respecto a la fecha de regreso del ex dictador al país, cuya suerte dependerá de las apelaciones al fallo emitido hoy por el juez Maurice Kay, del Tribunal Superior de Londres.
Kay no dio lugar a los recursos de revisión judicial del anunciado propósito del ministro británico del Interior, Jack Straw, de liberar a Pinochet por razones humanitarias, impidiendo que sea sometido a un juicio de extradición a España por su estado de salud y su avanzada edad.
Tanto los directivos de la Fundación Pinochet como el canciller Juan Gabriel Valdés y el embajador chileno en Londres, Pablo Cabrera, llamaron a esperar con prudencia el destino de la apelación presentada por el gobierno de Bélgica, a la cual podría sumarse otra apelación de Amnistía Internacional.
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) lamentó el fallo de Kay y advirtió que el caso está lejos de terminar, en tanto restan las apelaciones ante el propio Tribunal Superior de Londres, con jurisdicción en Inglaterra y Gales, y las posibilidades de juzgar al ex dictador en Chile.
Viviana Díaz, presidenta de la AFDD, emplazó a Straw a que "cumpla su palabra de no tomar ninguna decisión definitiva" sobre Pinochet "mientras existan instancias judiciales pendientes".
La disposición de Straw a no materializar una decisión de carácter político por sobre los pasos judiciales podría prolongar al menos una semana más la permanencia de Pinochet en Londres, que dura ya 472 días, desde su arresto el 16 de octubre de 1998.
La vista de la apelación belga, a cargo de una sala de tres jueces del Tribunal Superior de Londres, entre los cuales no podrá estar Kay, tendrá lugar el lunes 7 de febrero.
Amnistía Internacional y las otras cinco organizaciones de derechos humanos que también presentaron recursos rechazados este lunes por Kay, podrían igualmente apelar, para lo cual tienen plazo hasta este martes.
Las razones de clemencia aducidas por Straw para "inclinarse" a liberar a Pinochet en consideración a sus 84 años y su supuestamente deteriorada salud constituyen una decisión de la autoridad política, que podría aplicarse por sobre cualquier obstáculo judicial.
En Chile predomina la impresión de que el retorno del ex dictador es ya un hecho, cuya fecha de materialización tendrá lugar esta semana o la próxima, dependiendo del ministro británico del Interior.
"Sin duda hay más posibilidades de que el senador vitalicio Augusto Pinochet vuelva a Chile", dijo el canciller Valdés. "Estamos 'ad portas' del fin de una larga historia", añadió.
Desde el sábado se encuentra en la base aérea de Brize-Norton, cercana a Londres, un avión de la Fuerza Aérea de Chile, a la espera de la liberación de Pinochet para traerlo de regreso a este país que gobernó con mano de hierro entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
Los seguidores del ex dictador concentrados desde temprano en la Fundación Pinochet recibieron con gritos de júbilo el fallo de Kay, pero el vicepresidente de la entidad, Hernán Guiloff, pidió a postergar cualquier celebración hasta que el senador vitalicio "pise el suelo de su patria".
"La prudencia es la mejor consejera", sentenció desde Londres el embajador Cabrera en declaraciones a una emisora de Santiago. El diplomático advirtió que el sistema judicial británico es complejo y se abstuvo de hacer algún pronóstico sobre la suerte de la apelación belga.
"Sentimos que esto no ha terminado. Si Pinochet vuelve porque el ministro Straw le concede razones humanitarias, significa que vuelve no absuelto, sino como inculpado y condenado por el mundo por los crímenes contra la humanidad cometidos en nuestra patria", comentó Viviana Díaz.
La presidenta de la AFDD indicó que finalmente predominaron en Straw, así como en el gobierno de España, "las presiones políticas del gobierno chileno", que en noviembre invocó las razoones humanitarias para Pinochet.
"Esperamos que cumplan su palabra aquellos que sostienen que" a Pinochet "es posible juzgarlo en Chile", agregó Díaz.
En los tribunales chilenos hay presentadas 59 querellas criminales contra el ex dictador y tanto el actual mandatario Eduardo Frei como el presidente electo Ricardo Lagos, quien asume el 11 de marzo, aseguran que los tribunales tienen todas las garantías e independencia para procesarlo. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/99
