La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) cumplirá en diciembre de este año medio siglo de actividades, pero ya ha hecho saber que no encuentra razón alguna para celebrarlo.
Entre los motivos de ese desencanto figuran la persistencia del problema de los refugiados, que en la actualidad suman casi 22 millones en el mundo, y por encima de todo, la situación de otros tantos millones que constituyen el ejército de pobladores más vulnerables, el de los desplazados internos.
Cuando empezó a trabajar, en diciembre de 1950, la Oficina disponía de 23 funcionarios y empleados, con un presupuesto de cinco millones de dólares anuales, para atender a más de un millón de refugiados procedentes de los países de Europa del este.
El plantel de personal se eleva ahora a más de 5.000 y el presupuesto es de unos 1.000 millones de dólares para cubrir los gastos de la sede central, en Ginebra, y de representaciones en más de 120 países.
Pero mientras crecían los recursos del Acnur, se mantenía el mismo mandato original que prácticamente la constriñe a ocuparse de los refugiados, caracterizados como las personas que han cruzado una frontera internacional en busca de seguridad.
Los derechos de los refugiados están contemplados claramente en la Convención de Ginebra de 1951, pero el texto no abarca a las personas desplazadas por la violencia dentro de los países.
En ese marco jurídico, las organizaciones humanitarias como el Acnur afrontan dificultades frecuentes para asistir a los desplazados, mientras la comunidad internacional no atina a encontrar una fórmula para superarlas.
En la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) "nada impide el reconocimiento de que existen derechos más allá de las fronteras", advirtió el año pasado el secretario general de ese foro, Kofi Annan.
Annan estimuló el debate cuando apremió a los estados miembros de la ONU a dejar de lado sus poderes celosamente defendidos, como la soberanía y la santidad de las fronteras nacionales, en aras del elevado objetivo de proteger y asistir a los civiles atrapados bajo el fuego cruzado de las guerras fratricidas.
El funcionario internacional sugirió que en los casos de conflictos internos el Consejo de Seguridad de la ONU debería autorizar la creación de "corredores de seguridad" en las zonas de guerra, para que las agencias humanitarias accedan a las poblaciones civiles sitiadas.
Ray Wilkinson, del Acnur, estimó que ese discurso, uno de los más polémicos pronunciados por un secretario general de la ONU, había dividido a los estados miembros.
El primer ministro de Francia, Lionel Jospin, compartió el criterio de Annan al sostener que la misión de la ONU "no se limita a la solución de conflictos entre estados", sino que se extiende a la defensa de la dignidad humana dentro de cada estado y "si fuera necesario, contra los estados".
En oposición, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Tang Jaxuan, recordó que el respeto de la soberanía nacional y de la no interferencia en los asuntos internos "constituyen los principios básicos que gobiernan las relaciones internacionales".
Cualquier enfoque diferente "conducirá a la imposición en las relaciones internacionales de la ya superada diplomacia de las cañoneras", advirtió el representante chino.
El presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, recordó que la sensibilidad de algunos países ante el socavamiento de su soberanía obedece "no solo a que ésta es la última defensa contra las reglas de un mundo desigual" sino también a que "no tenemos participación en la toma de decisiones del Consejo de Seguridad".
Mientras la comunidad internacional discute las fórmulas para colmar esa laguna jurídica, el representante especial del secretario general de la ONU para las Personas Desplazadas Internas, el sudanés Francis Deng, estableció unos "Principios Rectores" para tratar de zanjar los diferendos que se plantean con los gobiernos de los países bajo guerras civiles.
Los Principios sirven de base para el diálogo con los gobiernos y otros actores en litigio y cubren varias fases, que comienzan con una etapa preventiva, continúan con la protección y asistencia a los desplazados y se extienden hasta las soluciones de largo plazo a través del retorno o el reasentamiento.
Deng, cuando asumió sus funciones en 1992, opinaba que una agencia internacional debía liderar el tratamiento de los desplazados internos y que ese papel correspondía al Acnur.
Sin embargo, el funcionario reconoce que ahora se ha resignado a aceptar que "el criterio convencional estima mejor una solución del problema a través de un esfuerzo de colaboración de las organizaciones existentes".
Ante esas divergencias, el Acnur, que por más de 25 años ha participado en operaciones de apoyo a desplazados internos, sigue una política cautelosa ante la posibilidad de un involucramiento más comprometido que diluya o perjudique su tarea principal con los refugiados.
Mientras el debate prosigue, el mapa internacional de los desplazados muestra a más de cuatro millones en Sudán, entre un millón y un millón y medio en Angola, 1,4 millones en Colombia y un millón en Irak.
La población de desplazados oscila entre 540.000 y un millón en Afganistán, entre medio y un millón en Birmania y entre 400.000 y un millón en Turquía.
Luego siguen Bosnia Herzegovina con 840.000, Azerbaiján con 576.000, Sri Lanka con 560.000, Rusia con 550.000, India con 520.000, y Burundi y Ruanda con 500.000 cada uno.
Con cifras inferiores figuran también Líbano con 450.000, Uganda con 400.000, Perú con 340.000, República Democrática del Congo con 300.000, Sierra Leona con 300.000 y Georgia con 280.000 personas. (FIN/IPS/pc/dm/hd/00
