El Poder Judicial de Perú debe investigar las cuentas bancarias en el exterior del jefe de inteligencia del gobierno, Vladimiro Montesinos, advirtió hoy Jorte del Castillo, secretario general del opositor Partido Aprista.
Del Castillo, quien también ocupa una banca parlamentaria, anunció que solicitará apoyo internacional si los jueces peruanos no actúan.
Documentos obtenidos en un banco local y difundidos por el legislador aprista revelan que Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), cuenta con ingresos promedio de 220.000 dólares mensuales a pesar de que su sueldo no sobrepasa los 3.000 dólares.
"Tengo la presunción de que Montesinos mueve mucho más dinero a través de cuentas en bancos extranjeros", sostuvo Del Castillo.
El jefe del SIN es investigado actualmente por la Fiscalía de la Nación, pero la oposición desconfía de la imparcialidad del sistema judicial peruano.
Montesinos ha controlado las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial mediante el manejo de la mecánica de ascensos en ambas instituciones.
La percepción de diferencias entre los ingresos legales de Montesinos y sus gastos y movimientos financieros no es novedosa, pero el asunto ha vuelto a ser considerado en público en un marco preelectoral, según analistas.
"Los ataques contra Montesinos tienen el propósito de debilitar la viga maestra del respaldo militar al presidente Alberto Fujimori, respaldo estratégico en sus planes de reelección en los comicios de abril", comentó el periodista Lino Montes.
"No estoy opinando si la acusación es correcta o falsa, me refiero a la oportunidad del rebrote del tema", aclaró Montes, quien recordó que Montesinos fue antes responsabilizado de diversas violaciones de derechos humanos cometidos por funcionarios del SIN.
El 15 de diciembre, la oposición demandó en el parlamento al fiscal de la Nación, Miguel Aljovin, que investigara el presunto enriquecimiento ilícito de Montesinos. Aljovin cesará en su cargo el día 24, cuando llegue a la edad máxima.
El magistrado dio entonces plazo a Montesinos hasta el día 10 para que justificara sus ingresos. Dos días después de vencido el plazo, Aljovin informó que el funcionario le había proporcionado información sobre sus cuentas bancarias en Perú y justificado sus ingresos, pero no reveló las cifras.
Según el fiscal, Montesinos explicó que sus ingresos extraordinarios respondían al pago por sus servicios como abogado de importantes empresas privadas.
Aljovin agregó que, según la información que obraba en su poder, no se podía acusar a Montesinos de evasión de impuestos , pues los ingresos habían sido declarados a la Superintendencia Nacional Tributaria.
El magistrado también sostuvo que las tres importantes empresas privadas mencionadas por Montesinos confirmaron haberle pagado importantes sumas por sus servicios como asesor legal.
En 1997, otra acusación de enriquecimiento ilícito y posible defraudación tributaria contra Montesinos, promovida por los parlamentarios opositores Lourdes Flores y Fernando Olivera, fue desestimada con la información oficial de que Montesinos había pagado sus impuestos correspondientes.
Al parecer, la nueva acusación contra el jefe del SIN estaba destinada a correr la misma suerte, pero Del Castillo remitió el 27 de diciembre a Aljovin y a la prensa documentos bancarios según los cuales los ingresos de Montesinos ascienden a 200.000 dólares mensuales.
Dos días despues, Roxana Haas, funcionaria del banco local Wiesse Sudameris, admitió por escrito haber hurtado los documentos bancarios sobre Montesinos y salió del país con destino a Estados Unidos, donde permanece hasta la fecha.
El banco despidió a Haas y el fiscal Aljovin responsabilizó penalmente a Del Castillo de "robo de documentos y violación del secreto bancario".
La acción del fiscal es "sospechosa de parcialidad a favor de Montesinos, porque amenaza al denunciante", advirtió el legislador aprista.
"No tiene trascendencia si la información ha sido obtenida legal o ilegalmente. Lo importante es investigar si la información es cierta o no lo es", afirmó Del Castillo.
"Montesinos tiene que explicar la fuente de sus millonarios ingresos. ¿Qué clase de consejos puede proporcionar el jefe del Servicio Nacional de Inteligencia a una empresa privada? Si se trata de información privilegiada, ha cometido un delito", sostuvo Del Castillo.
El SIN es acusado por los adversarios de Fujimori de violar los derechos humanos y las libertades democráticas para silenciar a los opositores, y algunos analistas consideran que está, incluso, fuera del control del presidente.
"No puedo ser acusado de violar el secreto bancario porque dicha acusación solo es aplicable a los funcionarios de los bancos… Además, la ley dice que la reserva del secreto bancario no rige cuando se trata de movimientos sospechosos de lavado de dinero, como podría ser en este caso", añadió.
Fujimori y Montesinos son los únicos sobrevivientes del "triunvirato virtual", que emergió del golpe de Estado de 1992, tras el marginamiento del general Nicolas Hermosa en agosto de 1998.
El presidente dispuso en noviembre que el SIN, un órgano que funcionaba sin controles, sería sometido a la fiscalización del Congreso legislativo y la Contraloría de la República.
Montesinos, quien condujo la exitosa lucha antisubversiva, controla a través del SIN los servicios de inteligencia del ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la policía, y ha aprovechado ese poder para influir en los ascensos, colocado en puestos claves a militares leales.
El funcionario tendría también influencia decisiva en el Poder Judicial y los órganos de control tributario, y opositores como el legislador independiente Fernando Olivera aseguran que maneja un grupo parlamentario propio, "más vladimirista que fujimorista".
El sociólogo Flavio Solórzano, de la organización no gubernamental Población y Desarrollo, mencionó acusaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por el SIN relacionadas con asuntos que interesaban más al propio servicio, o a Montesinos en persona, que al gobierno.
Entre estos casos mencionó el de Baruch Ivcher, "despojado de su nacionalidad y de la propiedad del Canal 2 de Televisión por revelar los ingresos de Montesinos y denunciar las torturas de una agente del SIN cometida por sus superiores".
Ivcher, de origen israelí, fue acusado de irregularidades en su trámite para adoptar la nacionalidad peruana y se le aplicó una vieja norma que prohibía a los extranjeros ser dueños de medios de comunicación masiva. (FIN/IPS/al/mj/ip/00
