El acuerdo en Paraguay entre el gobierno, campesinos y hacendados para la expropiación de 5.000 hectáreas con destino a 2.400 familias sin tierra evitó más represión, pero dejó disconformes a las partes enfrentadas a causa de la invasión de propiedades rurales.
"No existe problema de tierra en el país, pues el Instituto de Bienestar Rural tiene 160.000 hectáreas sin entregar", dijo el presidente de la Asociación Rural, Carlos Trápani.
"Tenemos información de que se preparan nuevas invasiones" de haciendas en el norteño departamento de San Pedro, donde tres campesinos sin tierra fueron muertos el sábado por la policía cuando pretendían ocupar la misma propiedad que el miércoles se acordó fraccionar.
La represión sacó a luz pública un crítico cuadro social en San Pedro, que no fue mejorado ni con la remisión de 10 toneladas de víveres del gobierno y presenta a cientos de niños enfermos, sin centros de salud, escuelas ni agua potable, en un verano especialmente duro en una zona donde siempre es calcinante.
El brasileño Evaldo de Araújo, cuya hacienda fue invadida dos veces por los campesinos sin tierra, "tomó una decisión personal bajo chantaje", al aceptar la venta al gobierno de 5.000 de las 10.000 hectáreas pedidas por los campesinos, a 370 dólares por hectárea, afirmó Trápani.
Araújo obró presionado por la amenaza de una tercera invasión de su hacienda, "La Esperanza", agregó. La propiedad que el hacendado brasileño comparte con otras diez personas tiene una superficie de 32.000 hectáreas y está ubicada 500 kilómetros al norte de Asunción.
El gobierno dstacó como un triunfo el acuerdo logrado el miércoles con los hacendados y los campesinos sin tierra, que evitó una nueva represión. Las autoridades habían destinado una fuerza de 1.100 efectivos para enfrentar la ocupación de propiedades.
Pero dirigentes agrarios de San Pedro advirtieron que "los problemas sólo comienzan, porque es cierto el chantaje" que atribuyen a "dirigentes campesinos con aire acondicionado que mandan a su gente a la guerra".
Alberto Areco, presidente de la Federación Nacional Campesina, aceptó la propuesta gubernamental de expropiar la mitad de la extensión que reclamaba el movimiento.
Areco rechazó la acusación de que su insistencia por conseguir la hacienda de los hacendados brasileños obedeció al propósito de obtener tierras boscosas para llevar madera de contrabando a Brasil.
El dirigente campesino calificó La Esperanza de "latifundio improductivo" y aseguró que los propietarios comenzaron a deforestarla aceleradamente desde la segunda invasión, reprimida el sábado a balazos por la policía.
Dirigentes sin techo y sin tierra, apoyados por obreros, bloquearon rutas en los días siguientes a la muerte de los tres campesinos, mientras corría el plazo que los campesinos señalaron hasta el miércoles al gobierno para la compra de las propiedades.
También exigieron la renuncia del presidente Luis González Macchi si la justicia no procesaba a los agentes que mataron a los tres campesinos sin tierra.
El presidente de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), Eduardo Ojeda, exigió al gobierno "que aclare lo que pasó y exponga a los criminales". La CNT se unió al corte de caminos para protestar por la represión "a bala" con que se respondió contra quienes "pidieron un pedazo de tierra".
Los campesinos consiguieron el miércoles la liberación de más de ochenta de sus compañeros detenidos en Coronel Oviedo, a 150 kilómetros de Asunción, donde habían sido trasladados cuatro días antes desde la localidad de General Resquin, el distrito donde se halla La Esperanza.
El ministro interino del Interior, Gabriel Chase, prometió "el apoyo técnico" del gobierno a los campesinos, "para llegar a un solucion de fondo" en el caso de los sin tierra.
La solución de los problemas sociales del campo "no pasa por matar campesinos o labriegos", advirtieron la CNT y la Federación Nacional Campesina en comunicado conjunto.
Las dos organizaciones anunciaron nuevas movilizaciones, "hasta que acabe el terrorismo de Estado". (FIN/IPS/cm/ff/lb hd/00
