La presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, enfrenta un difícil panorama en su quinto mes de gobierno, provocado por el alto endeudamiento externo y conatos de huelga para rechazar aumentos en las tarifas de energía eléctrica, teléfonos y transporte.
El primer reto fue lanzado por la Coordinadora Nacional de Unión Sindical (Conusi), que amenazó con tomar las calles si el gobierno descarta un aumento del salario mínimo de 500 dólares mensuales.
El secretario general de Conusi, Gabriel Castillo, afirmó que los trabajadores se oponen, además, al alza en las tarifas de los servicios públicos.
Representantes de dos empresas que suministran el servicio eléctrico en Panamá anunciaron que las tarifas sufrirán un incremento de entre 10 y 15 por ciento, debido a la suba de los precios internacionales del combustible que utilizan sus usinas, mientras que grupos privados abogaron por alzas en el transporte.
Sin embargo, miles de habitantes en la occidental provincia de Chiriquí paralizaron el viernes pasado el tránsito en la carretera interamericana, en protesta por el alza en los pasajes en una ruta interna, y advirtieron al gobierno los efectos que tendría un aumento generalizado en los servicios públicos.
Un decreto del Poder Ejecutivo detuvo en forma provisional este mes el incremento en las tarifas de energía eléctrica, pero el problema persiste, señalan representantes del sector industrial que también rechazan los aumentos por sus efectos negativos en la economía y en la productividad.
El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Carlos Sucre, opinó que al gobierno de Moscoso le hace falta "definir el rumbo de la economía", ya que el sector privado desconoce hacia donde va el país.
Por su parte, la Cámara de Comercio pidió al gobierno establecer un límite a la capacidad de endeudamiento del Estado si se aprueba invertir los dineros de un Fondo Fiduciario de 1.300 millones de dólares en la compra de bonos Brady, para enfrentar la grave deuda social.
El presidente de la Cámara, José Paredes, manifestó que la propuesta está dirigida a evitar que al cabo de 10 años se gaste ese fondo, constituido por recursos provenientes de las privatizaciones, y Panamá mantenga su actual deuda pública, de 7.500 millones de dólares.
La agencia calificadora internacional de riesgo financiero Standard and Poor's cambió a principios de diciembre la evaluación de Panamá de "estable" a "negativa", luego que el gobierno anunció que utilizaría el Fondo Fiduciario para promover obras sociales en áreas deprimidas.
Unido a ello, la Cámara señaló que la economía se ha desacelerado y sólo alcanzará este año crecimiento de 3,2 por ciento, menor al de 1999, a raíz de la disminución de operaciones comerciales en la caribeña Zona Libre de Colón y pérdidas en la agricultura a causa de efectos climatológicos adversos.
En medio del debate generado por las dificultades económicas, la Conferencia Episcopal Panameña, máximo órgano de decisión de la Iglesia Católica, afirmó el jueves pasado a través de un comunicado que la pobreza en Panamá es "escandalosa" y debe ser resuelta con determinación.
Estadísticas oficiales indican que la pobreza afecta a 37,3 por ciento de la población, estimada en más de 2,8 millones de habitantes.
"Si en Panamá hay fe y justicia, no tiene que haber pobres", advirtió el arzobispo José Cedeño, en lo que se interpreta como un llamado de atención al gobierno y a los sectores de más altos ingresos que acumulan riquezas.
El pronunciamiento de la Iglesia coincidió con numerosas críticas a la decisión de Moscoso de regalar joyas y finos relojes de la marca "Cartier", valorados en 146.000 dólares, a 71 miembros de la Asamblea Nacional Legislativa (parlamento), quienes en su mayor parte se mostraron complacidos por el gesto.
Moscoso dijo que se trató de regalos personales hechos con dinero de su bolsillo y no con fondos provenientes de las arcas del Estado, pero a los pocos días mujeres desempleadas iniciaron una vigilia frente a la casa de gobierno, en procura de trabajo y becas para sus hijos.
El economista Marco Fernández precisó que lo verdaderamente grave es que "estamos endeudados hasta el cuello", mientras que en Panamá hay gente que gana 150 dólares al mes y gasta unos 1.000 dólares al año, sin poder hacer frente a la canasta básica familiar.
Fernández apoyó sus afirmaciones en un informe de la firma consultora Indesa, la cual reveló que una familia de altos ingresos gasta unos 18.000 dólares al año, o sea más de 1.000 dólares al mes, en artículos de consumo.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia y Paz, Stanley Muschett, reconoció que la pobreza, el hacinamiento en las cárceles, el desempleo y el problema de la administración de justicia, son los mayores problemas que afectan a Panamá.
Entre las demandas de los sindicatos y de las cámaras empresariales figuran la suspensión de los despidos en el sector público y el rechazo a la venta de 49 por ciento de las acciones que el Estado posee en la empresa telefónica Cable and Wirless, de capital británico.
El secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Leandro Avila, denunció que unos 6.000 funcionarios fueron cesados hasta ahora en sus cargos como parte de una "masacre de despidos", que ha motivado protestas en las calles.
Pese a ello, el viceministro de Economía, Ricardo Quijano, consideró que el gobierno de Moscoso saldrá airoso de los problemas financieros que lo acosan, al destinar unos 1.123 millones de dólares (20 por ciento del presupuesto nacional) al pago de la deuda externa y mantener con ello su buen crédito.
El funcionario prometió para antes de fines de este mes la presentación de un plan económico, que podrá ser mostrado al mundo. (FIN/IPS/dc/dm/ip if/00)
