Los partidos políticos de México ingresaron con el nuevo año en la etapa decisiva de la carrera por la Presidencia, y el PRI, que controla el gobierno desde su fundación en 1929, pretende triunfar con la bandera de la lucha contra la corrupción.
Francisco Labastida, candidato del PRI (Partido Revolucionario Institucional), lanzó el lunes una cruzada contra la corrupción para captar el voto en los comicios del 2 de julio.
Labastida pidió a sus compañeros de partido declarar pública y obligatoriamente los bienes que poseen, como una forma de predicar con el ejemplo y actuar con honradez y transparencia, según dijo.
"Soy consciente de que no a todos les gustará la idea, algunos porque honestamente le vean inconvenientes, y a otros, porque no pueden explicar el origen de sus recursos" económicos, señaló.
El candidato del partido gobernante sabe a qué se refiere. México figura en la lista de países en los que mayor corrupción se percibe, divulgada en octubre por la organización Transparencia Internacional, radicada en Berlín.
La corrupción obstaculiza los esfuerzos de México por "combatir el lavado de dinero" ilícito, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que este país forma parte desde 1994.
El "blanqueo" de las ganancias procedentes del tráfico de estupefacientes persiste a través de bancos y casas de cambio y de un mercado negro de moneda extranjera, señaló la OCDE en un estudio sobre México.
Investigaciones independientes estiman que los barones de la droga lavan anualmente en México unos 30.000 millones de dólares, cantidad semejante a las reservas internacionales de divisas del país.
Ovacionado por la dirección nacional del PRI en su primer discurso del año, Labastida enfatizó que la corrupción, vinculada con el lavado de dinero del narcotráfico y de otras organizaciones delictivas, es también una amenaza a la seguridad nacional.
Pero la iniciativa de Labastida fue cuestionada en forma inmediata en medio políticos. El candidato presidencial del opositor Partido Acción Nacional (PAN, conservador), Vicente Fox, afirmó este martes que se trata apenas de una sugerencia.
Lo importante es convertir en realidad la propuesta de Labastida, quien para combatir la corrupción "debe comenzar por depurar su equipo de campaña", sentenció Fox, ex gobernador del central estado de Guanajuato.
El aspirante del PAN se refirió en particular a Dulce María Sauri, presidenta del PRI, y a Emilio Gamboa, responsable del Consejo Político del partido gobernante.
Sauri, ex gobernadora de Yucatán, fue acusada de haber construido en terrenos destinados a la producción agropecuaria de ese estado del sur viviendas que luego habría entregado a sus amistades. En cuanto a Gamboa, un ex asesor de la fiscalía general lo vinculó con el narcotráfico.
Los analistas destacaron que la ley obliga a los funcionarios públicos a presentar declaración de bienes, aunque esa norma ha sido insuficiente para detectar casos de enriquecimiento ilícito.
Para enfrentar la corrupción, definida por el periodista y escritor estadounidense Alan Riding como el aceite que permite el funcionamiento de la sociedad mexicana, en necesario que la declaración patrimonial sea de carácter familiar.
Un total de 24.704 funcionarios públicos fueron sancionados por corrupción entre 1995 y 1997, y la cantidad aumentó a 11.000 en 1998.
El amplio margen de discrecionalidad que admiten las leyes relativas a la administración pública ha sido utilizado para el soborno, el tráfico de influencias, el peculado y el enriquecimiento ilícito, señalan los analistas.
Los casos más sonados de corrupción demuestran la inoperancia de la declaración de bienes de los funcionarios.
Raúl Salinas, hermano mayor del ex presidente Carlos Salinas (1988-1994), utilizaba al menos seis supuestas identidades y el nombre de su esposa, de su amante y de otras personas como titulares de cientos de propiedades y cuentas bancarias en Suiza, Estados Unidos y México.
Mario Villanueva, prófugo ex gobernador del estado de Quintana Roo, sobre el mar Caribe, poseía al menos dos cuentas bancarias por unos 15 millones de dólares a nombre de su hijo Luis Ernesto.
El politólogo Lorenzo Meyer sostuvo que no existe forma de comprobar la verdad de las declaraciones públicas de bienes. La propuesta de Labastida puede sencillamente ser una posición sin sentido, afirmó. (FIN/IPS/pf/ff/ip/00
