El número de personas asesinadas a manos de bandas de delincuentes por ajuste de cuentas en sólo tres de los 31 estados de México ascendió a 911 en 1999, según cifras oficiales.
Las muertes violentas con el sello característico de las bandas organizadas tienden a ser una práctica cada vez más común en México, a juzgar por las estadísticas en los estados norteños de Sinaloa y Baja California y en el occidental de Jalisco.
El año pasado perdieron la vida en asesinatos atribuidos a ajustes de cuenta 451 personas en Sinaloa, 400 en Baja California y 60 en Jalisco, de acuerdo con un reporte publicado este lunes por el diario Reforma.
Las autoridades identifican los asesinatos por ajuste de cuentas sobre la base de la saña, el descarte del móvil de robo y el hecho de que, en muchos casos, los acompañantes no sufren daños, así como los antecedentes de la víctima.
La impunidad signa la mayoría de los casos de ajustes de cuentas, cuyos autores apelan al secuestro, la tortura previa, el tiro de gracia, el estrangulamiento, la mutilación y el acribillamiento.
Las muertes violentas en México están relacionadas con la acción de las organizaciones de narcotraficantes que nacieron y se desarrollaron en este país y que tienen en Estados Unidos el principal destino de sus mercancías.
México es considerado el puente principal para el contrabando de cocaína y heroína hacia Estados Unidos desde América Latina, de acuerdo con estudios del Instituto de Tecnología de Nueva York.
Unos 30.000 millones de dólares ingresan cada año a las arcas de los narcotraficantes de México, suma equivalente al total de las reservas internacionales del país.
La lucha contra el narcotráfico, los secuestros y los asaltos en carreteras figura hace seis meses entre las prioridades de un nuevo cuerpo de policía creado para combatir la inseguridad pública que abate a todo el país.
México ocupa el segundo lugar mundial en cuanto a número de secuestros, uno cada tres horas, según empresas de seguridad privadas.
La ciudad de México y los estados de Morelos (centro), Jalisco y Sinaloa son los principales centros de operaciones de los secuestradores, de acuerdo con las mismas fuentes.
La procuraduría estatal de Jalisco informó que en 1999 ocurrieron 344 homicidios, 60 de ellos por ajuste de cuentas. Sesenta por ciento ocurrieron en la capital, Guadalajara, la segunda ciudad del país.
En Baja California se registraron 615 homicidios en 1999, 65 por ciento de los cuales fue producto de la violencia entre bandas criminales, en particular del narcotráfico.
En 1999 se cometieron 564 asesinatos de todo orden en Sinaloa, de los cuales 451 se acreditaron al crimen organizado, lo que representó un promedio de 1,2 muertes por ajuste de cuentas en ese estado, señaló Reforma.
El combate a la delincuencia común y a la violencia es el denominador común de los discursos de campaña de los candidatos para las elecciones presidenciales del 2 de julio próximo.
La situación en Sinaloa, estado natal del candidato del gobernante Partido Revolucionario Institutucional (PRI), Francisco Labastida, fue aprovechada por el postulante del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas.
En el marco de una gira por Sinaloa, Cárdenas acusó este domingo a Labastida del aumento de la violencia en el estado, que el candidato del PRI gobernó entre 1986 y 1990.
Labastida, cuyo partido está en el poder en México desde 1929, respondió de inmediato que durante su gestión en Sinaloa se desarrolló "la lucha más fuerte y dura de cualquier estado contra la criminalidad, la violencia y el narcotráfico".
Año y medio después de que el presidente de México, Ernesto Zedillo, presentó la cruzada "más ambiciosa de la historia" contra la delincuencia de todo signo, siguen sin percibirse los resultados de ese millonario programa.
Con cerca de 390 millones de dólares destinados el año pasado y una cantidad triplicada para este año, ese plan fue anunciado ese plan fue anunciado por el propio Labastida, entonces secretario (ministro) de Gobernación (Interior).
Si se justifica que el Estado "extraiga recursos de la ciudadanía y que unos individuos tengan autoridad sobre otros, es para mantener el orden y la protección de la sociedad", pero "es obvio que esto no se cumple" porque en México "hay un Estado ineficiente", afirmó el politólogo Lorenzo Meyer. (FIN/IPS/pf/mj/ip/00
