Grupos opositores al gobierno de Malasia convocaron un boicot contra tres medios oficialistas a partir del 1 de febrero, como represalia por una serie de medidas contra periódicos alternativos.
El boicot sería el segundo lanzado por partidos opositores y distintos grupos de presión desde la expulsión del viceprimer ministro Anwar Ibrahim, en septiembre de 1998.
El primer boicot, a fines de 1998, provocó una notable caída de varios periódicos progubernamentales, ayudada por la decreciente credibilidad de esos medios tras la expulsión de Anwar, según analistas.
"Establecimos un período de tres meses para boicotear ciertos medios", anunció Tian Chua, vicepresidente del opositor Partido de la Justicia Nacional (keADILan), encabezado por la esposa de Anwar, Wan Azizah Wan Ismail.
KeADILan, el Partido Islámico (PAS), el Partido de la Acción Democrática y el Partido del Pueblo de Malasia integran el opositor Barisan Alternatif (Frente Alternativo).
Los blancos del boicot son el periódico de lengua inglesa The New Straits Times y el de lengua malaya Utusan Malaysia, además de un canal privado de televisión, TV3.
Así como en el primer boicot, se prevé que los partidos opositores se unirán a sindicatos y grupos defensores de los derechos humanos.
"El objetivo es crear conciencia de que la prensa es una institución importante en una democracia y no debe ser controlada por una sola voz. No permitiremos que los autoridades abusen de los medios", dijo Tian a IPS.
La sed pública de una visión política alternativa hizo crecer la circulación de la publicación semanal de PAS, Harakah, cuyo tiraje aumentó de 65.000 a más de 300.000 ejemplares antes de las elecciones generales del pasado noviembre.
Pero pocas semanas después de los comicios, en los que la coalición encabezada por el primer ministro Mahathir Mohamad (en el poder desde 1981) perdió varios escaños parlamentarios, el gobierno contraatacó.
Primero, comenzó a aplicar estrictamente una norma del permiso de publicación de Harakah que restringía la venta exclusivamente a los miembros del partido. En consecuencia, Harakah ya no pudo seguir vendiéndose en quioscos, sino sólo en locales del PAS.
La medida bloqueó efectivamente la circulación del tabloide entre los no miembros, y las ventas cayeron a 250.000 ejemplares, según editores de Harakah.
Luego, el día 12, el director y el impresor de Harakah, Zulkifli Sulong y Chea Lim Thye, fueron detenidos por publicar un artículo supuestamente "sedicioso" en agosto.
PAS solicitó al Ministerio del Interior que cambie el estatuto de órgano partidario de Harakah por el de periódico de venta al público, pero es improbable que la cuestión se resuelva con rapidez, dados los intereses políticos involucrados.
Mientras, PAS convirtió la versión de Harakah en Internet en una edición interactiva.
Pero los editores críticos no han sido las únicas víctimas de la represión.
El oficialista The Straits Times de Singapur informó que Kadir Jasin, el jefe de redacción del grupo The New Straits Times Press, abandonará su cargo luego de 12 años al timón.
La partida de Kadir sugiere que los círculos oficiales están descontentos porque el diario The New Straits Times y sus publicaciones hermanas no "explicaron" suficientemente algunos temas en la campaña electoral y por tanto contribuyeron a la pérdida de escaños de la coalición gobernante.
En los comicios de noviembre, Barisan Nasional perdió gran parte del apoyo de la comunidad malaya, su base tradicional de votantes. Poco menos de la mitad de ellos votaron por la Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO), el partido dominante en la coalición.
La ola de represión de los medios indica también cierta nerviosidad en vísperas de las elecciones partidarias de UMNO, en mayo.
Mahathir es el jefe indiscutido del partido, y se prevé que la vicepresidencia vacante sea reocupada por el actual vicepresidente Abdullah Badawi, actual viceprimer ministro.
La detención de Zulkifli y Chea recordó a los directores e impresores de periódicos que pueden ser acusados en base a una batería de leyes si sobrepasan los límites establecidos por las autoridades.
Aparte de la Ley de Sedición, está la Ley de Seguridad Interna, que permite el arresto sin juicio, y la Ley de Prensa y Publicaciones, que otorga al ministro del Interior amplias facultades para aprobar o revocar los permisos anuales de publicación. Esta decisión es final y no puede ser impugnada en los tribunales.
Pero si bien el gobierno posee la maquinaria y las leyes para controlar los medios, la oposición espera que al menos su boicot logre reducir las ventas y por tanto las ganancias de los medios progubernamentales. (FIN/IPS/tra-en/an/js/mlm/ip-cr/00
