MADAGASCAR: Emigrantes sometidos a esclavitud moderna

La vida se convirtió en una pesadilla para muchos jóvenes desempleados de Madagascar que viajaron a Francia y Líbano con la ambición de recibir educación universitaria o conseguir un empleo y en su lugar fueron sometidos a prácticas de esclavitud.

Josephine R. vivió cinco años en Francia trabajando para tres familias indias de Madagascar, pero no recibió pago alguno por su labor.

A la joven oriunda de Madagascar recién se le pagó después de que el Comité Contra la Esclavitud Moderna-Francia (CCEM) intervino en el caso y logró que la justicia le concediera 100.000 francos en daños y perjuicios.

Una vez que los jóvenes llegan a Francia o Líbano, trabajan como empleados o empleadas domésticas hasta 20 horas por día. Se les impide todo contacto con el mundo exterior, incluso con sus familias.

Otras son víctimas de propuestas de matrimonio de turistas franceses de paso por este país. Viajan a Francia sólo para descubrir que sus prometidos tienen otra cosa en mente. Una vez allí, son obligadas a prostituirse.

Para muchas mujeres africanas, Francia sigue siendo una meta dorada y se niegan a pensar en los peligros que les puede deparar su estadía en el extranjero.

Lo único que se cumple es el empleo como empleada doméstica que se les había prometido. Pero no reciben salario y son obligadas a vivir en condiciones de esclavitud.

En 1997, casi 500 jóvenes y algunas parejas firmaron contratos por tres años con una agencia de trabajo de Madagascar para trabajar en Francia y Líbano.

Pero apenas llegaron a esos países, pronto se percataron de la trampa en que habían caído.

Los afortunados lograron huir y retornar a Madagascar. Pero otros fueron obligados a quedarse y no pudieron comunicarse con sus familias, que prácticamente no sabían nada sobre su situación.

De vuelta en Madagascar, los jóvenes cuentan la difícil experiencia que pasaron. "Cuando llegamos, nos confiscaron los documentos de identidad", relató una de ellas.

Huguette Andriantsivoh, al frente de la rama de CCEM en este país, explicó que la confiscación de los documentos corresponde a una de las formas modernas de esclavitud porque priva al titular de sus derechos.

En ocasiones, los jóvenes no tenían qué comer ni se les permitía dormir. Algunos eran obligados a levantarse a las tres de la mañana para trabajar 16 horas seguidas.

En Líbano, varias decenas de jóvenes lograron huir de sus empleadores el año pasado y llamaron a la agencia de Madagascar que les consiguió el empleo en el exterior.

Celine Manceau, de CCEM-Francia, dijo que el empleador de Josephine R. quería evitar a toda costa que se conociera el caso ya que pertenece a una familia muy destacada de este país.

Uno de los objetivos de CCEM es ayudar a las víctimas de la esclavitud moderna y a sus familias, explicó Andriantsivoh. La organización se fundó en 1994 por Dominique Torres, un periodista del canal de televisión francés France 2 quien luego hiciera una serie de programas sobre este problema.

La organización ya consiguió varias conquistas. Gracias al grupo, un ciudadano de Togo fue indemnizado por Yasmina y Vincent Bardet, quienes le dieron trabajo en Francia, sin pagarle. La pareja también recibió una multa.

En los últimos años, CCEM actuó contra 130 empleadores en un total de 165 casos. La rama de la organización en Madagascar buscará impedir que los jóvenes emigren para trabajar como empleados domésticos.

CCEM también ayuda a las víctimas a insertarse en la sociedad al volver al país. El grupo utiliza a los medios de comunicación para informar y educar al público sobre la esclavitud.

La organización alertó a los ministerios de Administración Pública y Relaciones Exteriores de la existencia de numerosos trabajadores que no pueden salir de Líbano.

En consecuencia, el Ministerio de Administración Pública prohibió que ciudadanos de este país trabajen en Líbano.

No obstante, la medida tiene sus detractores. "Es un acto inconstitucional ya que priva a a los ciudadanos de la libertad de viajar. En su lugar, (las autoridades) deberían concentrarse en impedir que los trabajadores firmen este tipo de contratos", declaró un abogado que pidió reserva sobre su identidad. (FIN/IPS/tra-en/jr/lm/mn/aq/hd/00

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