Organizaciones humanitarias acusaron hoy al gobierno de Honduras de financiar escuadrones de la muerte para asesinar pandilleros, afianzar la impunidad y crear un clima de inseguridad pública en el país.
Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), dijo tener pruebas de que estos grupos operan en el litoral atlántico y la región central del país, y que incluso cuentan con el financiamiento de algunos empresarios, "obsesionados en eliminar presuntos delincuentes".
"Nosotros poseemos pruebas y sabemos que muchas de esas operaciones se gestan a muy alto nivel del gobierno, pero será en su momento que identificaremos a los responsables de acciones que reeditan el clima de terror e inseguridad ciudadana que vivimos en los años 80", afirmó.
Pavón señaló que fuentes cercanas a la Dirección de Investigación Criminal (DGIC) aseguran que peligra la vida del director de ese organismo de la policía civil, Wilfredo Alvarado, "porque cuenta con información detallada sobre la manera en que operan estos escuadrones".
"Tememos por la vida de Alvarado, un hombre honorable que ha demostrado interés en luchar contra la delincuencia y el crimen organizado, pero que al parecer ha descubierto que tras los escuadrones de la muerte hay gente ligada al gobierno y empresarios de peso y poder económico", agregó.
El presidente del Codeh, quien insiste desde hace tres meses que desde la casa presidencial se gestan grupos paramilitares, sostuvo que la delincuencia prácticamente ha tomado el país y "los grupos de poder se han organizado en pequeñas mafias para defenderse y atacarse entre sí".
Afirmó tener en su poder carnés que evidencian que muchas de las personas vinculadas a los escuadrones de la muerte lo obtienen desde uno de los despachos de la propia casa de gobierno, y "en su momento vamos a presentar esas pruebas".
Por su parte, Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), dijo este jueves que las denuncias de Pavón no "son tan descabelladas como parecen, porque nosotros también tenemos evidencias de que el gobierno estaría tras la formación de grupos irregulares".
Recordó que el Cofadeh denunció hace siete meses la existencia de un grupo de espionaje electrónico contra organizaciones populares, periodistas, líderes humanitarios, políticos y empresarios, el cual operaría desde la casa presidencial.
Sin embargo, el presidente Carlos Flores negó la acusación y dijo que las puertas de la presidencia están abiertas a cualquier investigación.
Informes en poder de las organizaciones de derechos humanos indican que la oficina encargada de realizar el presunto espionaje cuenta con la asesoría de militares de un país de América Latina, que aún no se ha querido revelar.
Oliva aseguró a IPS que los escuadrones de la muerte no solo tendrían como misión asesinar a presuntos delincuentes sino también "atemorizar e, incluso, atentar contra personas que no comparten o cuestionan el actual estilo de gobierno".
Informó que el Cofadeh ha enviado al menos tres notas a la ministra de Seguridad, Elizabeth Chiuz, poniéndola al tanto de las presuntas operaciones de estos grupos y denunciando la participación en ellos de agentes de policía y algunos militares.
"Tenemos documentado al menos seis casos de agentes policiales involucrados en el asesinato de pandilleros, hay acusaciones en los tribunales e incluso órdenes de captura, pero el ministerio de Seguridad no hace nada al respecto", señaló Oliva
"En vez de presentar los agentes a los tribunales, los encubre y traslada a otras regiones, pese a existir órdenes de captura en su contra. Estamos volviendo a la peor impunidad que en materia de derechos humanos hemos registrado en la última década", afirmó.
El ministro de la Presidencia, Gustavo Alfaro, negó las acusaciones de las organizaciones humanitarias, a quienes calificó de "irresponsables" y desfasadas del proceso "democrático que estamos viviendo los hondureños".
"El gobierno jamás va a reprimir a alguien sino que, por el contrario, es respetuoso de los derechos humanos, pero vamos a investigar esas denuncias para comprobarles y demostrarles que son rumores infundados", agregó Alfaro.
El gobierno de Flores ha sido cuestionado, desde que asumió hace casi dos años, por líderes humanitarios, políticos y opositores por entender que es intolerante a la crítica y ejerce un fuerte control en un amplio sector de la prensa, vía pago y prebendas. (FIN/IPS/tm/dm/ip hd/00)
