Sólo un aumento en el número de inmigrantes a la Unión Europea (UE) podrá compensar en los próximos años la constante disminución de la oferta de mano de obra en el bloque, cuya persistencia provocaría serios problemas económicos y sociales.
Durante 1999 el aumento de la población de la UE fue poco menos de un millón de personas, pero el número de nacimientos sólo superó al de defunciones en 266.000. El resto del incremento se debió al ingreso de 717.000 inmigrantes, según un informe divulgado este viernes por la oficina estadística de la UE, Eurostat.
Por otro lado, expertos de la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostuvieron que tras el primer cuarto de este siglo la UE tendrá 35 millones de habitantes menos que en la actualidad.
Ello entrará en contradicción con la necesidad de incorporar 159 millones de nuevos trabajadores para mantener la actual estructura laboral.
El aumento promedial de la duración de la vida de las personas determina que sea necesario más dinero para pagar las jubilaciones, pero a la vez disminuye el número de trabajadores en actividad que aportan fondos al sistema.
Josep Chamie, director de la División de Población de la ONU, dijo al diario madrileño El País, en declaraciones publicadas este viernes, que es inevitable abrir las puertas a la inmigración para que la UE conserve lo fundamental de su Estado de bienestar y pueda dinamizar su sociedad.
Chamie aseguró que la evolución de la población en la región es muy predecible, porque la mortalidad apenas variará y es muy poco probable que se produzcan cambios en la natalidad.
Dentro de 50 años habría en Europa dos jubilados por cada trabajador en actividad, si se mantiene la natalidad actual, como los expertos pronostican que ocurrirá. En la actualidad la relación es cuatro a cinco.
De todos modos, la UE no está dispuesta a abrir las puertas a la inmigración. Por el contrario, su propósito es mantenerlas cerradas y abrirlas sólo a cupos reducidos de trabajadores temporales.
Un ejemplo se registró al aprobarse la nueva Ley de Extranjería en España, el 22 de diciembre.
Hasta unos días antes de esa fecha, el Parlamento estaba tratando un proyecto de ley elaborado por consenso de todos los partidos políticos, pero a último momento el gobernante Partido Popular (PP), invocando acuerdos de la UE, intentó cambiar el texto para hacerlo más restrictivo.
La movilización de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y asociaciones humanitarias logró evitar esos cambios y la ley fue aprobada con sólo los votos del PP en contra.
España ha sido un país de emigración durante siglos, y los inmigrantes registrados en forma oficial representan apenas 0,7 por ciento de su población. En Gran Bretaña son dos por ciento, en Suecia cuatro y en Alemania 6,6 por ciento.
Es tradicional que España proclame su vocación de ser un vínculo entre Europa y América Latina, pero en este país se ha registrado la residencia de sólo 127.000 latinoamericanos, 142.000 personas provenientes de Africa y 290.000 provenientes del resto de Europa.
El gobierno del centroderechista José María Aznar insiste en que se debe mantener cerrada la puerta a los inmigrantes, y para lograrlo recurrirá a una reglamentación de la nueva ley que dificulte su aplicación.
Esa intención se ha anunciado en reiteradas ocasiones, pese a la evidente necesidad de mano de obra en los sectores productivos.
Juan José Alvarez, dirigente de la Asociación de Jóvenes Agricultores de España, señaló que en 1999 se notó más que nunca la falta de mano de obra en el campo.
Según Alvarez, el déficit de mano de obra equivale a un millón de peonadas al año. La peonada es el contrato temporal de un trabajador para la época de las cosechas.
También hay escasez de mano de obra en la construcción, e incluso en zonas fabriles. En la región nororiental de Cataluña, la industria metalúrgica de Terrasa tuvo que importar mano de obra calificada de Eslovenia, y algunas empresas estudian la posibilidad de trasladar sus fábricas fuera de España.
Frente a esta situación, autorizar o rechazar el ingreso de más inmigrantes ya no se plantea sólo como una cuestión humanitaria y de derechos humanos, sino que se vincula también con problemas económicas y con la supervivencia de la actual estructura social.
Joseph Grinblat, quien trabaja con Chamie, señaló que urge adoptar decisiones políticas, no ignorar el problema y llevar el debate a la opinión pública europea. "Es un tema explosivo que no se puede postergar por mucho tiempo", declaró a El País. (FIN/IPS/af/mp/pr ip/99)
