Un atentado de la organización ilegal separatista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA, Patria Vasca y Libertad), que costó hoy la vida a un militar del servicio de Intendencia en Madrid, provocó la ruptura del frente nacionalista vasco, en el que convivían moderados con seguidores de ETA.
El presidente del gobierno autónomo vasco, Juan José Ibarretxe, miembro del moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), anunció horas después del atentado la suspensión del acuerdo de colaboración parlamentaria firmado el 18 de mayo por el PNV con la coalición Euskal Herritarrok, considerada el brazo político de ETA.
Ese acuerdo, añadió, no podrá volver a estar en vigencia mientras Euskal Herritarrok no condene expresamente la violencia etarra.
Pedro Antonio Blanco García, un teniente coronel sin ninguna vinculación con la represión antiterrorista, murió en la mañana de este viernes a causa del estallido de un coche-bomba (automóvil cargado con un explosivo), accionado a distancia.
Minutos después y a escasa distancia estalló un segundo coche- bomba sin causar víctimas.
Ibarretxe expresó su "rotunda condena, sin matices ni paliativos" al atentado, e hizo llegar a la familia del asesinado "la solidaridad y el dolor de toda la sociedad vasca".
Fue el primer atentado de ETA tras 19 meses en los que mantuvo inactivos a sus grupos de acción.
El tres de diciembre ETA declaró finalizada una tregua unilateral y por tiempo indefinido que mantenía desde el 16 de septiembre de 1998. Durante esa tregua, sus dirigentes mantuvieron una infructuosa reunión en Suiza con representantes del gobierno español, con la mediación del obispo católico Juan María Uriarte.
Todas las fuerzas políticas, incluyendo al nacionalismo vasco moderado, pidieron a la organización ilegal que no reanudara sus atentados y que prosiguiera las conversaciones con el gobierno del centroderechista José María Aznar, para llegar a un fin negociado de la violencia.
Luego la policía frustró dos atentados en diciembre, al detectar a un par de "coches-bomba" cuando estaban siendo conducidos hacia Madrid con el propósito de hacerlos estallar. La investigación policial no logró descubrir los objetivos hacia los que iban dirigidos.
El atentado perpetrado este viernes conmovió a un barrio densamente poblado y con abundante tráfico de vehículos, por estar ubicado a la vera de la M-30, una avenida que circunda Madrid, y del Estadio Vicente Calderón, sede del Atlético de Madrid, uno de los clásicos clubes de fútbol de esta capital.
Ese barrio aloja a varios bloques de viviendas para militares, en una de las cuales vivía el oficial asesinado. Los efectos de las bombas se hicieron notar en cien metros a la redonda, y afectaron otra de las viviendas para militares, en la cual habita un oficial herido en un atentado de ETA años atrás.
Cuando Blanco García resultó muerto a causa de la explosión, caminaba hacia el lugar donde todos los días lo recogía un transporte oficial del Ejército, para conducirlo hasta su lugar de trabajo.
La condena del atentado ha sido generalizada y, a diferencia de lo que ocurría antes de la tregua, se registró algún rechazo al hecho dentro de la coalición Euskal Herritarrok, como el manifestado por su portavoz en Navarra, Patxi Zabaleta.
Uriarte, designado este mes obispo de San Sebastián, una ciudad emblemática del nacionalismo vasco, dijo que el atentado "es un terrible mazazo que nos afecta a todos y contradice el proceso de paz".
Juan María Atutxa, miembro del moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV) y presidente del Parlamento Autónomo del País Vasco, advirtió tras enterarse de que había ocurrido el atentado que mucha gente próxima a Euskal Herritarrok se vería afectada, porque esa coalición no es homogénea.
Begoña Herrasti, presidenta de Eusko Alkartasuna, el otro partido nacionalista moderado que gobierna en coalición con el PNV, exigió a Euskal Herritarrok, que apoya al gobierno autónomo en el parlamento, que condenara el atentado.
Euskal Herritarrok nunca ha condenado los atentados etarras.
Antes de que hablara Ibarretxe se produjo la primera ruptura del frente nacionalista, al anunciar Izquierda Unida su retirada del Pacto de Estella, que integraba junto con el PNV, Euskal Herritarrok y Eusko Alkartasuna.
Ese pacto propugna la organización autónoma de los ayuntamientos de las tres provincias que integran el actual País Vasco, de la comunidad autónoma de Navarra y de dos departamentos de Francia, todos ellos considerados integrantes de un sólo país vasco por los nacionalistas.
Las dos centrales sindicales mayoritarias, Comisiones Obreras (pro comunista) y la Unión General de Trabajadores (pro socialista), emitieron un comunicado conjunto de rechazo al atentado, en el cual pidieron a todas las fuerzas democráticas "que recuperen una unidad sin exclusiones frente a la violencia terrorista".
Organizaciones no gubernamentales y humanitarias de todo tipo convocaron de inmediato a manifestaciones en toda España, con especial énfasis en el País Vasco, para expresar repudio a la violencia.
El propio Ibarretxe, en una declaración leída después de presidir una reunión de su Consejo de Ministros, convocó a todos los ciudadanos vascos a manifestarse frente a los ayuntamientos esta noche, para reclamar el fin de la violencia y el diálogo entre todos "los que apuesten inequívocamente por la vía pacífica y democrática". (FIN/IPS/td/mp/ip/00
