El abogado de las víctimas, Joan Garcés, acusó hoy al gobierno de España de obstruir la acción de la justicia en el caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet y anunció medidas judiciales por ello.
Pinochet se encuentra detenido en Londres desde el 16 de octubre de 1998 y sujeto a un juicio de extradición a España, que se está sustanciando en la capital británica.
Garcés informó este sábado en rueda de prensa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español retiene comunicaciones judiciales desde y hacia Londres, que son vitales para cumplir con los trámites del juicio de extradición.
De acuerdo con la legislación española que reconoce la división de poderes, el Poder Ejecutivo, a través de la cancillería, es un simple conducto para transmitir los autos judiciales, a efectos de certificar su autenticidad y garantizar que lleguen a destino.
Pero Garcés dijo que el Ministerio de Asuntos Exteriores retiene desde el jueves una comunicación de la Fiscalía británica – que representa al Reino de España en el caso Pinochet- dirigida al juez Baltasar Garzón.
En ella, la Fiscalía informa que una eventual decisión del ministro del Interior británico, Jack Straw, de liberar a Pinochet podrá ser recurrida con grandes probabilidades de éxito ante la justicia británica y pide instrucciones acerca de cómo proceder.
La cancillería española tampoco transmitió a la Fiscalía británica, como debería hacerlo, una nota ampliatoria que remitió Garzón el miércoles, dirigida a la Fiscalía británica.
Además, señaló Garcés, el viernes Garzón dirigió un escrito a la cancillería española preguntando si ésta había recibido algún comunicado, nota u otra notificación que debiera conocer.
La cancillería no contestó, pese a que la retenida nota de la Fiscalía británica pide instrucciones para antes del fin de semana, dado que el plazo para presentar alegaciones ante Straw vencerá en la tarde del próximo lunes.
Garcés subrayó que el gobierno español de José María Aznar obstruye a la justicia invocando pactos políticos con el gobierno chileno, "pactos secretos, acuerdos que oculta a la opinión pública".
Esa actitud, prosiguió, contrasta con la de otros gobiernos europeos, como los de Francia, Bélgica y Suiza, que exigen una y otra vez la extradición y juicio de Pinochet.
La actitud de la cancillería española, destacó Garcés, "niega el derecho básico de las víctimas, que es el de apelar judicialmente una resolución que vaya contra sus derechos".
Además, conculca los principios básicos del Estado de Derecho, de las obligaciones del Estado español en el Convenio contra la Tortura y del derecho a la tutela judicial efectiva de los damnificados por Pinochet, añadió.
Garcés, acompañado por Manuel Murillo, con quien comparte la dirección del equipo acusador, informó de que este fin de semana estudiarán las medidas jurídicas previas, cautelares, contra la actitud del gobierno español.
Si después de que venza el plazo dado por Straw se mantuviera la obstrucción gubernamental a la acción de la justicia, el equipo planteará acciones legales contra el gobierno y los responsables de esa obstrucción.
Pero, "espero que en el gobierno se imponga la sensatez, se respeten la Constitución y las leyes y se actúe de acuerdo con ellas. Todavía hay tiempo, aunque no mucho", señaló Garcés.
Según el documento de la Fiscalía británica que retiene la cancillería española y al que tuvo acceso IPS, el secreto que Straw dispuso sobre le informe médico acerca de la salud de Pinochet es una de las piezas clave por las que su apelación tiene grandes probabilidades de prosperar.
Straw negó que la Fiscalía británica, el juez Garzón y los abogados de la acusación puedan conocer el informe sobre la salud de Pinochet, alegando el derecho de éste a la confidencialidad.
Pero juristas y médicos británicos, así como españoles, rechazan esa interpretación y señalan que, en una causa judicial, y cuando son esgrimidos como pruebas, los informes médicos no pueden ser secretos ni realizados sin que todas las partes puedan designar un médico. (FIN/IPS/td/ag/ip hd/00
