Ecuador está semiparalizado por protestas y cortes de carreteras, mientras 12.000 indígenas permanecen en Quito para impedir que se apruebe la dolarización propuesta por el presidente Jamil Mahuad, y exigir el cese de los poderes del Estado.
Las Fuerzas Armadas movilizaron 25.000 efectivos para controlar las carreteras y no dejar pasar ningún vehículo particular o comercial que lleve nativos, lo que fue denunciado por organismos de derechos humanos como una actitud racista del gobierno.
Los indígenas burlaron el control militar movilizándose en pequeños grupos, en camiones tapados con lonas por caminos secundarios y caminando a través del campo y las montañas.
En Quito instalaron el campamento en el Parque del Arbolito, a tres cuadras del Congreso Nacional (parlamento), vigilados de cerca por el ejército.
Sectores de pobladores y comerciantes minoristas se solidarizaron con los indígenas llevando alimentos.
Según pudo constatar IPS en las carreteras de acceso a la ciudad, la marcha rumbo a la capital no se detiene. Siguen llegando de manera constante cientos de hombres, mujeres, ancianos y niños indígenas que cargan bolsas con papas y verduras para mantenerse en la capital.
Los nativos son recibidos por el Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador, que se conformó hace una semana con 330 representantes de movimientos sociales, indígenas, religiosos, organizaciones humanitarias y no gubernamentales, pequeños empresarios, profesionales y comerciantes minoristas.
Hasta la llegada de más indígenas, los que están en Quito realizan marchas por la ciudad midiendo fuerzas con los militares.
Para la dirigente indígena Blanca Chancoso, la idea es reunir en Quito a más de 50.000 nativos para presionar al gobierno "directamente en su casa, sin descuidar la movilización en todo el país".
"Este levantamiento es como un parto. Acaba de comenzar, pero cuando el guagua (niño, en quechua) termine de nacer van a ver la fuerza que tiene, como ya lo está demostrando al paralizar gran parte del país", señaló Chancoso a IPS.
La sede del Congreso legislativo y la Casa de Gobierno están resguardadas por efectivos de la policía y el ejército, y las calles aledañas protegidas con alambre de púa y vehículos antimotines. Hay uniformados apostados en azoteas con rifles de mira telescópica.
Dos helicópteros sobrevuelan la ciudad vigilando y lanzando volantes que llaman a la población a no sumarse a la protesta.
"Nuestros hermanos vienen marchando pacíficamente desde distintos rincones del país, a pie o en camiones, y aunque las Fuerzas Armadas intentan retrasar la llegada, sabemos que en los próximos días estarán acá. Es cuestión de tiempo", aseguró el dirigente indígena Miguel Lluco.
Varias carreteras de la sierra, la costa y la Amazonia han sido cerradas con rocas y árboles, y los manifestantes abrieron zanjas paralizando el tráfico de vehículos.
Las provincias sureñas de Azuay, Cañar y Loja están aisladas por tierra del resto del país.
En las provincias amazónicas de Napo, Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe las carreteras han sido bloqueadas y se han registrado numerosas movilizaciones. Mientras que en Sucumbíos, fronteriza con Colombia, los pobladores cercaron el aeropuerto impidiendo el tráfico aéreo.
Las ciudades andinas de Cuenca, Azoguez, Ibarra, Latacunga, Riobamba y Ambato están parcialmente aisladas por las protestas y el cierre de rutas.
Cientos de campesinos de las provincias costeñas de Esmeraldas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Guayas encendieron neumáticos en las carreteras y se enfrentaron con policías y militares que intentaron despejarlas.
Los trabajadores de la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador (Petroecuador) dejaron de bombear crudo desde la Amazonia hasta las refinerías de Esmeraldas, en la costa norte, no embarcan crudo para exportación y no distribuyen combustible, por los que se prevé desabastecimiento.
En la capital y en distintas ciudades se han desarrollado varias marchas de protesta.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Antonio Vargas, afirmó que las protestas serán progresivas y lentas.
"Es una lucha de resistencia, que no se sabe cuánto durará, pero estamos dispuesto a soportar el tiempo que sea", señaló Vargas a IPS.
El ex presidente ecuatoriano Rodrigo Borja (1988-1992), entrevistado por Radio La Luna de Quito, condenó el hecho de que los militares impidan el traslado de indígenas a Quito.
"Es una medida de carácter racista totalmente repudiable", arguyó Borja.
Alexis Ponce, portavoz de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, aseguró que en los próximos días viajarán a Ecuador representantes de organizaciones de derechos humanos y parlamentarios europeos para verificar el maltrato a los indígenas y la prisiones que se registran.
Ponce afirmó también que el estado de emergencia que rige en el país hace dos semanas, con suspención de las garantías individuales, viola los principales derechos contemplados en la Constitución ecuatoriana.
El activista recordó el allanamiento a los domicilios de tres sindicalistas y su detención, realizada por efectivos policiales encapuchados el sábado.
Se produjeron más de 100 arrestos de dirigentes desde el inicio de las protestas.
El portavoz presidencial Carlos Larreátegui aseguró que el gobierno está dispuesto a dialogar con los indígenas si dejan de lado la aspiración de que cesen los tres poderes del Estado.
"Nosotros no dialogaremos con la Conaie mientras no renuncie a su pretensión", dijo Larreátegui, modificando la posición inicial del gobierno en cuanto a que la movilización no tendría ninguna repercusión.
El Ministro de Desarrollo, Juan Falconí, se reunió con representantes de las cámaras empresariales en procura de detener el alza de los precios, que no paran de subir desde que Mahuad dispuso la dolarización de la economía el día 5.
Los empresarios aseguraron que el alza "ha sido justa y se debe al incremento de los costos", por lo que no harán caso a ningún pedido del gobierno.
Falconí afirmó que el gobierno liberará las importaciones para contrarrestar el alza de los precios, lo que fue rechazado por los dirigentes empresariales.
"No tenemos miedo a las amenazas, cuando quiera hacer algo que lo haga", afirmó Gustavo Pinto, presidente de la Cámara de Industrias.
Jaqueado por las movilizaciones y el aumento de los productos de primera necesidad entre 50 y 300 por ciento en los últimos siete días, Mahuad espera enviar este viernes al Congreso legislativo los proyectos de ley necesarios para imponer la dolarización de la economía. (FIN/IPS/kl/mj/ip/99
