La principal organización indígena de Ecuador, cuyos dirigentes permanecen ocultos desde el fin de la insurrección del viernes, rechazaron las primeras decisiones del nuevo gobierno, que confirmó el proyecto de dolarización y anunció un duro paquete económico.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Antonio Vargas, aseguró a IPS que el levantamiento indígena no ha sido un fracaso porque se ha confirmado la fuerza organizativa y el poder de movilización.
"Hemos demostrado que somos una fuerza. Recogimos varias enseñanzas de esta insurrección, por lo que no volveremos a cometer los mismos errores de creer en traidores como los mandos militares", aseguró.
Vargas dijo que el movimiento indígena y los movimientos sociales están en total desacuerdo con el desenlace que tuvo la insurrección que protagonizaron el viernes junto con más de un centenar de oficiales del ejército.
"No aceptamos que se haya puesto en la presidencia al señor Noboa, que fue vicepresidente de Mahuad y asumió sin que éste renunciara. Estaremos atentos a las medidas que tome", señaló.
Para Vargas, el solo hecho de ratificar la dolarización de la economía propuesta por el ex presidente Mahuad, anunciar un duro ajuste y apoyar al superintendente de Bancos, quien promovió el alza del dólar permitiendo la especulación de los bancos manejados por el Estado, es un signo negativo.
Vargas recurrió a una denuncia del diputado del partido Izquierda Democrática Carlos González, según la cual los bancos asumidos por el Estado especularon con cientos de millones de dólares en la última semana de diciembre y la primera de enero, ante la impasividad de Guzmán.
"Esa especulación hizo subir el dólar desproporcionadamente, y el alza fue la excusa para dolarizar el país, una propuesta con la que no estamos de acuerdo porque solo traerá más hambre a los sectores pobres", afirmó.
El dirigente también dijo que la unidad y la paciencia del movimiento indígena demostraron que es posible un levantamiento totalmente pacífico para lograr cambios, aunque aseguró que no volverán a confiar en mandos militares.
"No se puede confiar en quienes apoyaron la corrupción vigente en lugar de sumarse al cambio", dijo.
Vargas también pidió por la vida del coronel Lucio Gutiérrez, detenido e incomunicado desde el sábado, y por los otros oficiales rebeldes.
"Pedimos a los organismos defensores de los derechos humanos a nivel nacional e internacional que vigilen lo que ocurre en el país. Nosotros estaremos expectantes y seguiremos luchando así nos persigan y nos quieran llevar presos", arguyó.
El nuevo presidente Gustavo Noboa, miembro de la organización católica conservadora Opus Dei, aseguró tras tomar posesión del cargo que entendía los reclamos indígenas pero que "equivocaron la táctica para lograr sus objetivos debido a la desesperación en que viven".
Noboa también aseguró que los coroneles insurrectos debían ser juzgados para que sirva de ejemplo. "Hay que poner disciplina en el país, no mano dura sino firmeza", dijo.
El nuevo Ministro de Gobierno, Francisco Huerta, que días atrás manifestó su apoyo al movimiento indígena y al Parlamento de los Pueblos del Ecuador y rechazó la dolarización de la economía ecuatoriana, cambió abruptamente su posición y se mostró partidario de la medida.
También dijo que era necesario iniciar un diálogo con el movimiento indígena, pero fue despectivo al señalar que "no vamos a curar la república con brujerías ni con manifestaciones hostiles".
"La potencialidad de los indígenas no puede estar ni en el chamanismo ni en el alcohol", advirtió. "Esa etnia es tan importante como la mía", argumentó.
En una comunidad indígena de Cotopaxi, a dos horas de Quito, los comuneros que se reunieron para hablar del levantamiento hablaron con IPS sobre su desazón por el desenlace de la insurrección.
Mauricio Chiliquinga dijo estar triste porque tras haber logrado un gobierno popular integrado por el coronel rebelde Lucio Gutiérrez, el dirigente indígena Antonio Vargas y el ex presidente de la Corte de Justicia Carlos Solórzano, "se dio una salida que beneficia a los políticos y poderosos de siempre".
Mariano Guzñai señaló que el gobierno de Gustavo Noboa era "más de lo mismo" y no le inspira confianza.
"Noboa o Mahuad, es la misma cosa. Todos tienen que irse porque nadie le importa nuestra suerte y la suerte de los pobres de este país. Si les interesara ya hubieran olvidado el dólar (la dolarización) propuesto por los ricos", se lamentó.
"Nuestra victoria fue un fracaso, pero ya nada nos asusta y si antes peleamos contra los hacendados que nos explotaban para que nos devolvieran nuestra tierra, ahora seguiremos luchando contra los políticos y banqueros que nos roban", argumentó.
El analista político Paco Velasco, director de radio La Luna de Quito, se mostró preocupado por el hecho de que se pretenda juzgar a los coroneles sublevados, lo que profundizaría aun más la herida abierta los últimos días.
"Los rebeldes indígenas y militares realizaron la insurrección porque se vieron desesperados ante tanta corrupción y pobreza. Pueden haber equivocado el camino pero fue una lucha justa e idealista que, según las encuestas, gran parte de la población respaldó", dijo.
Para Velasco es necesaria una amnistía general que cierre las heridas y permita ir hacia delante permitiendo el retorno de los oficiales rebeldes al ejército.
"Ahora muchos diputados, dirigentes políticos y empresarios se llenan la boca con la defensa de la democracia cuando poco o nada han hecho para defenderla y llaman golpistas a quienes mostraron total desprendimiento en defensa de Ecuador", argumento.
Según el periodista, si hubiera que juzgar a todos los que propiciaron golpes de estado en Ecuador habría que juzgar a Mahuad, que fue denunciado de haber estado preparando un "fujimorazo".
"También se deberían juzgar a muchos políticos como el ex presidente León Febres Cordero (1984-1988), que dijeron conocer la gestación de un golpe, pero nunca hicieron nada por evitarlo porque tal vez esperaban un desenlace como el que finalmente se dio", arguyó.
"Si todos tienen que ir presos, también le tocaría a los diputados que tras derrocar al ex presidente Abdalá Bucaram en febrero de 1997, en lugar de proceder a la sucesión presidencial, nombraron como presidente interino a uno de ellos, Fabián Alarcón, pisoteando la Constitución", argumentó.
Velasco se interrogó por qué la constitución sirve cuando les favorece, y cuando no, la interpretan a su antojo.
También manifestó dudas sobre la legalidad del actual gobierno, nombrado por el alto mando militar y ratificado por la mayoría del Congreso legislativo al considerar vacante el cargo presidencial por abandono del presidente Jamil Mahuad.
Sin embargo, el ex mandatario nunca renunció y dijo que fue derrocado.
Jorge Loor, dirigente de la Coordinadora Nacional Campesina y uno de los que participó activamente en las protestas de los últimos días, dijo a IPS que para el movimiento indígena y campesino de Ecuador existen dos gobiernos.
"Uno con legitimidad y representatividad que es la expresión del Ecuador profundo y de las grandes mayorías, que se puso de manifiesto en la Junta de Salvación Nacional integrada por Lucio Gutiérrez, Antonio Vargas y Carlos Solórzano", dijo.
Para Loor también existe un gobierno "que dice ser legal que está presidido por el Gustavo Noboa apoyado por los partidos de derecha (Social Cristiano, Democracia Popular y Roldosista Ecuatoriano), banqueros y algunos empresarios". (FIN/IPS/kl/mj/ip/00
