El Tribunal Supremo británico rechazó hoy el recurso presentado por Bélgica y seis organizaciones de derechos humanos para impedir que el ex dictador chileno Augusto Pinochet sea liberado por razones de salud.
Si las partes involucradas no apelan la decisión, Pinochet podría ser autorizado por el gobierno británico a abandonar el país en las próxim as 24 horas en un avión de la Fuerza Aérea chilena que lo espera en una base cerca de Londres.
La decisión final está en manos del secretario (ministro) del Interior británico, Jack Straw, a quien activistas de derechos humanos pidieron este lunes que no pase a la historia como "el hombre que liberó a Pinochet".
Desde Bruselas se informó extraoficialmente que el gobierno belga presentaría una apelación al dictamen, lo que podría demorar el proceso.
A las puertas del tribunal, un grupo de activistas de derechos humanos reaccionó indignado ante la resolución. La actitud del gobierno laborista británico demuestra que "no hay ética ni principios", dijo una indignada mujer a los periodistas.
Jimmy Bell, del Comité Chileno Contra la Impunidad, dijo estar sorprendido con el respaldo judicial a la decisión de Straw de mantener secreto el informe médico que declaró a Pinochet incapaz de soportar un proceso judicial.
Un grupo de cuatro médicos británicos examinó a Pinochet el 5 de enero y determinó que sus condiciones físicas eran incompatibles con un proceso judicial en España, donde un juez solicitó la extradición por crímen es de tortura, asesinato y genocidio durante la dictadura (1973-90)
El diario español El País reveló este domingo que fue el propio Straw quien ofreció a los abogados defensores de Pinochet mantener en secreto el informe médico.
Tras fracasar en sus intentos de liberar a Pinochet por razones de inmunidad de Estado – en su calidad de ex presidente – los defensores de Pinochet comenzaron a argumentar razones humanitarias, debido a su avanzada edad (84).
Bélgica, país que también solicitó la extradición del ex dictador, y los grupos de derechos humanos consideraron que la reserva acerca del informe médico es ilegal e injusta, porque impide a las partes involucradas tomar acción alguna al respecto.
Los apelantes también presentaron reservas acerca de los criterios del gobierno británico para seleccionar a los médicos que realizaron el examen.
Straw dijo más tarde que, en vista del informe médico, se inclinaba por liberar a Pinochet, aunque no anunció una decisión firme.
El gobierno español – contra la opinión del juez instructor de la causa, Baltasar Garzón – decidió de antemano no apelar a la decisión de Straw, sea cual fuere, lo que dio lugar entre los activistas de derechos humanos a mayores sospechas acerca de un posible acuerdo político.
Debido a esa decisión del gobierno centro-derechista español, que siempre se distanció de las actuaciones de Garzón, la Fiscalía británica no se hizo parte del recurso presentado por Bélgica y las organizaciones humanitarias.
El gobierno chileno, encabezado por una coalición de demócratacristianos y socialistas, ha desplegado, desde el arresto de Pinochet en octubre de 1998, una intensa campaña internacional en favor de la liberación del ex dictador, quien disfruta en Chile de inmunidad parlamentaria vitalicia.
Pese a que se han presentado 59 demandas judiciales en su contra en tribunales chilenos, los grupos de derechos humanos consideran imposible que Pinochet sea alguna vez juzgado en su país debido al apoyo abierto e irrestricto que le brindan las fuerzas armadas. (FIN/IPS/eu/la/hd/ip/ts/ak/99)
