La comunidad internacional aceptó corregir una anomalía de la Convención sobre los Derechos del Niño que permitía la participación de menores de 15 años en acciones de guerra, pero estableció nuevos límites de edad que no terminaron de satisfacer a organizaciones humanitarias.
El texto del proyecto de Protocolo Facultativo de la Convención, adoptado este viernes en Ginebra, propone la prohibición del empleo de los niños combatientes, que se extiende hasta la edad de 18 años.
Los estados parte adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades, reza el primer artículo del documento aprobado por consenso y aclamación.
El veto, destinado a obligar tanto a las fuerzas armadas nacionales como a los grupos armados no gubernamentales, colmó las aspiraciones de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que desempeñaron un papel relevante en la campaña contra el empleo de los "niños de la guerra".
Jo Becker, portavoz de la Coalición para Detener el Uso de los Niños Soldados, estimó que la decisión representa "un gran avance para los niños de todo el mundo". La Coalición estima que en todo el mundo unos 300.000 niños son empleados actualmente en hostilidades.
Con el respaldo de la presión de los políticos y del público, "este tratado ayudará a terminar con el espantoso empleo de los niños como soldados", vaticinó.
Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales se declararon decepcionadas porque el texto aprobado no estableció la misma edad mínima de 18 años para el reclutamiento voluntario en las fuerzas armadas gubernamentales.
La mejor manera de impedir que los niños sean enviados a la guerra es asegurar, en primer lugar, que no sean reclutados, argumentó Becker al cierre de las sesiones del grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que dilató seis años las discusiones del punto.
El proyecto de Protocolo será debatido por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en su próxima sesión anual, en marzo y abril próximos. Luego deberán pronunciarse el Consejo Económico y Social y la Asamblea General, los dos máximos cuerpos del foro mundial.
Fuentes de las organizaciones no gubernamentales expresaron optimismo ante la posibilidad de que la Asamblea General de la ONU adopte el tratado en su período de sesiones, que comenzará en septiembre.
La entrada en vigor se producirá tres meses después de la fecha en que se registre la décima ratificación.
Uno de los artículos adoptados propone que el Protocolo esté abierto a la adhesión de todo estado que haya ratificado la Convención.
Hasta el presente, los únicos países que no han adherido al instrumento de protección de la infancia son Estados Unidos y Somalia, éste último un estado sin gobierno constituido.
Becker observó que, "desafortunadamente, muchos gobiernos fundamentan sus posiciones en estrechos intereses militares en lugar de basarse en las necesidades de los niños".
De parte de Estados Unidos procedieron, precisamente, algunas de las principales objeciones al texto debatido. La Coalición de organizaciones no gubernamentales dijo que Washington dio un vuelco significativo al aceptar por primera vez la prohibición del empleo en combate de menores de 18 años.
Sin embargo, en el reclutamiento voluntario, uno de los temas que más interesaban a Estados Unidos, los progresos alcanzados en el nuevo texto son más reducidos.
El proyecto de Protocolo establece que los estados elevarán la edad mínima, contada en años, para el reclutamiento voluntario de las personas en sus fuerzas armadas por encima del límite que fija la Convención, de 15 años.
La interpretación aceptada es que esa disposición solo aumenta a 16 años la edad mínima para el reclutamiento voluntario.
Sin embargo, algunos delegados gubernamentales dijeron que el mismo texto establece medidas de protección especial para los voluntarios menores de 18 años, mediante la eliminación de todo riesgo de reclutamiento por la fuerza o por coerción.
La Coalición de organizaciones no gubernamentales observó que el texto establece un doble rasero para medir la protección de los niños, pues prohibe todo reclutamiento de menores en los grupos armados no gubernamentales pero permite que las fuerzas gubernamentales recluten voluntarios de 16 años.
Las organizaciones reconocieron los esfuerzos realizados en la campaña contra el uso de los niños soldados por los gobiernos de Suiza, Bélgica, Uruguay, Portugal, Suecia, Guatemala, República Checa y Etiopía. (FIN/IPS/pc/mj/hd/00
