El presidente de Perú, Alberto Fujimori, encabeza un gobierno autoritario que está impidiendo investigar su corrupción, afirmó Gustavo Cesti, un ex capitán del ejército peruano en cuyo favor falló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Fujimori nos mantiene con temor y quiere poner de rodillas al pueblo de Perú", declaró Cesti en entrevista con IPS.
El ex militar, quien compareció ante la CIDH el martes, viajó a San José a pedido del tribunal internacional para declarar en un caso en el que el ya se sentenció culpable al Estado peruano por mantenerlo preso durante tres años en un cuartel de Lima.
Cesti, de 48 años, fue hasta 1997 propietario de Top Security, una de las cuatro mayores empresas privadas de seguros de Perú, que fue embargada por el gobierno por supuestos de desvíos fondos públicos por cuatro millones de dólares.
Pero Cesti alega que esas acusaciones son una cortina de humo y que fue él quien denuncia desde 1996 los malos manejos que hicieron de esos fondos miembros del gobierno y del ejército.
"Por eso me encerraron, me maltrataron y durante mi cautiverio me amenazaron de muerte", detalló el ex militar, quien estuvo detenido del 28 de febrero de 1997 al 11 de noviembre de 1999 en el cuartel militar Simón Bolívar de Lima.
La CIDH declaró el 29 de setiembre que el Estado peruano estaba violando los derechos fundamentales de libertad personal, garantías judiciales y protección judicial de Cesti, y ordenó que fuera puesto en libertad y recibiera una indemnización.
Según la sentencia, se le detuvo, se le condenó y se le privó de la libertad a raíz de un proceso seguido en el fuero militar, a pesar de existir un pronunciamiento definitivo de la Corte de Justicia de Perú que ordenaba que no fuera detenido.
"Para mí fue muy difícil permanecer aislado y lejos de mi familia durante casi tres años, pero esto es un ejemplo de la violación de derechos humanos del gobierno de Fujimori", dijo Cesti, quien en el momento de su detención ya estaba retirado del ejército y se dedicaba exclusivamente a su empresa.
Asegura que que descubrió el desvío de fondos públicos que algunas autoridades estaban realizando con el manejo de programas de seguros.
Ante el fallo que emitió en su contra la CIDH, el gobierno de Perú solicitó una interpretación de la sentencia, y dando un giro a su posición de enfrentamiento con el tribunal internacional envió a dos representantes a comparecer el martes.
Perú mantiene discrepancias con este tribunal desde el 9 de julio, cuando declaró que por razones de seguridad nacional se retiraba de su competencia contenciosa y no volvería a presentarse a sus audiencias públicas.
En ese momento, la CIDH declaró que cuatro ciudadanos chilenos que habían sido condenados por un tribunal militar peruano por actos de terrorismo debían ser juzgados nuevamente, pero por el fuero civil.
Para retirarse de la jurisdicción de la CIDH un Estado debe realizar denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos y esperar a que el preaviso de un año se cumpla, una gestión que hasta el momento Perú no ha realizado.
En el caso Cesti, la CIDH alega que todavía no se le ha notificado la razón por la que fue puesto en libertad y, según declaró su presidente, el juez brasileño Antonio Cançado, investigará si esto obedece a que efectivamente se está cumpliendo la sentencia emitida.
Cesti alega, por su parte, que como no ha recibido una notificación oficial que explique su libertad, teme que en cualquier momento vuelva a ser detenido.
"En estos momentos no hay limitación de la libertad de tránsito a Cesti y su presencia en San José así lo demuestra", declaró ante la CIDH el representante del Estado peruano, Rolando Eizaguirre.
Cuando un miembro del tribunal, el juez colombiano Carlos de Roux Rengifo, preguntó durante la audiencia del nartes a los dos representantes del gobierno peruano el motivo por el cual Cesti estaba en libertad, éstos se abstuvieron de responder.
Ahora los miembros de la CIDH deliberarán y emitirán un pronunciamiento de interpretación de la sentencia, que se espera sea dado a conocer la primera semana de febrero o en junio, durante el segundo período de sesiones ordinarias del año.
En el próximo período de sesiones también deberá definirse la indemnización que el Estado peruano tendrá que pagar a Cesti. (FIN/IPS/nms/ag/hd/00
