El mecanismo de las audiencias públicas instaurado en 1999 en Colombia por la Procuraduría General de la Nación convirtió a la sociedad civil en un nuevo refuerzo de la lucha contra la corrupción administrativa.
Las múltiples quejas recibidas desde fines de 1997 por el organismo motivaron al procurador general, Jaime Bernal, a promover la conformación de un grupo de trabajo encabezado por abogados expertos en vigilancia de la contratación estatal.
El grupo está integrado también por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un organismo de inteligencia policial, y la Contraloría General de la Nación.
En 1999, Bernal encabezó la comitiva que recibió 1.289 quejas de los habitantes de 16 poblaciones del país, que denunciaron irregularidades que afectan su desarrollo comunitario.
La importancia de las audiencias está representada en el valor civil demostrado por los colombianos a la hora de pasar «de la retórica a la práctica", dijo a IPS Bernal.
Para corresponder a las expectativas de los ciudadanos denunciantes, la Procuraduría diseñó un sistema que permite obtener resultados inmediatos, como los autos de cargos, la apertura de investigaciones, la suspensión provisional y la destitución de funcionarios oficiales, añadió.
El balance presentado por la campaña anticorrupción registró 503 aperturas de investigaciones, 261 autos de cargos, 18 suspensiones provisionales y 8 destituciones de empleados oficiales que violaron la Ley de Contratación Estatal.
Dentro del grupo de sindicados la campaña investiga a 54 gobernadores, 44 alcaldes y 35 concejales. Además, vigila gestiones contractuales y presupuestales con inversiones cercanas a los 58 millones de dólares.
"La corrupción administrativa es uno de los delitos más graves que enfrenta la justicia en Colombia junto al narcotráfico, el lavado de activos y la piratería informática", opinó el director del DAS, el coronel Germán Jaramillo.
El Instituto de Seguros Sociales y la Caja Nacional de Previsión Social fueron, según Jaramillo, las más afectadas por la corrupción, con un fraude que asciende en conjunto a 4,5 millones de dólares en 1999.
La presentación de documentos falsos para acceder al beneficio de una pensión de jubilación sería el mecanismo más utilizado.
El DAS destinó cerca de 43.000 dólares para protección de los denunciantes, en un programa que ampara actualmente a 350 personas ligadas a la actividad política y la defensa de los derechos humanos.
El ánimo de los trabajadores oficiales es positivo frente a la depuración que hace la campaña con las audiencias públicas.
"El mecanismo de las audiencias es un punto a favor para tratar de restaurar la economía del país", dijo a IPS Marta Galarza, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La funcionaria consideró que el aporte de pruebas bien sustentadas por la sociedad civil y la consistencia en el trabajo de los investigadores reportará una mejoría de alrededor de 90 por ciento en el estado de cuentas de la nación.
El procurador general señaló que el éxito obtenido en 1999 redundará en la realización de nuevas audiencias en este año a fin de acabar con la corrupción, fenómeno que permite "el enriquecimiento ilícito de unos cuantos funcionarios públicos y el empobrecimiento de muchos colombianos". (FIN/IPS/mjll/ag/ip/00
